Jornadas semanales de hasta 70 horas, sueldos de entre 60 y 300 euros al mes, sin posibilidad de sindicación ni inspección de trabajo. Con el funcionamiento de una ETT ultraprecaria, grandes empresas obtienen beneficios millonarios de los talleres en prisiones de todo el estado.
Martes 17 de noviembre de 2015
La explotación laboral en el ámbito penitenciario, así como la tortura y otras formas de represión, se encuentran enterrados bajo un profundo silencio mediático. Sin embargo, se trata de una realidad que afecta a más de 12.000 reclusos empleados en instituciones penitenciarias de más de 55.000 internos en 2015. Esta cifra constituye el mayor porcentaje de población reclusa y la tercera mayor media de condenas más largas de Europa Occidental, con uno de los menores índices de delitos.
Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos han realizado investigaciones sobre las condiciones de trabajo de los talleres penitenciarios -que emplean al triple de reclusos que hace 10 años y en los que la posibilidad de trabajar está determinada de forma arbitraria por la dirección de la prisión- y han realizado denuncias sobre las mismas, un espacio al margen de las inspecciones de trabajo y la acción de cualquier sindicato.
Las condiciones de trabajo en los talleres carcelarios son extremas. Los sueldos oscilan entre 60 y 300 euros al mes y las jornadas alcanzan las 70 horas. Se paga por pieza fabricada sin tener acceso los reclusos a conocer el número real de piezas fabricadas, muchas veces falseadas. No hay vacaciones ni pagas extraordinarias.
El subsidio de desempleo roza los 100 euros al mes y anula el subsidio de excarcelación. Así muchos internos se niegan a trabajar aunque sea lo más parecido para muchos a un espacio de socialización en medio de la tortura psicológica de la cárcel.
Existen 191 talleres en 53 cárceles, en los que se trabaja junto a los servicios penitenciarios propios de la prisión, a cargo del OATPP (Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo), que regula los convenios y subcontratas de empresas públicas y privadas con las prisiones en todo el estado excepto en Cataluña, donde están a cargo del CIRE (Centro para la Iniciativa de la Reinserción) de la Generalitat catalana.
En el funcionamiento del CIRE, publicitado como una obra social, se destaparon numerosas irregularidades al descubrirse los escándalos de corrupción en torno a la familia Pujol-Ferrusola. La empresa Servivending, que suministraba productos y máquinas expendedoras al CIRE fue puesta en marcha por uno de los hijos de Jordi Pujol y Marta Ferrusola, esposa del ex presidente, estuvo en la directiva del CIRE a finales de la década de los noventa.
El ex recluso Amadeu Casellas, conocido activista por los derechos de la población penitenciaria, denunció esta situación sin éxito, afirmando que no acudía a su puesto de trabajo. Casellas escribió también un libro llamado Un reflejo de la sociedad. Crónica de una experiencia en las cárceles de la democracia, que proporciona valiosa información sobre la represión y el negocio en las cárceles.
¿Quiénes están tras la superexplotación en prisión?
Estos convenios suponen beneficios millonarios para estas empresas, que se ahorran el pago de luz, agua, teléfono e incluso parte de las cuotas de la Seguridad Social, que corren a cuenta de la Administración, además de obtener mano de obra casi gratuita que no puede sindicarse. Los beneficios anuales en ventas son de 162 millones de euros, incluyendo los generados en el circuito cerrado de producción y compra de los productos en la propia cárcel.
Las constructoras se beneficiaron del Plan de Creación y Amortización de Centros Penitenciarios para el periodo 2006-2012, que contaba con una inversión de 1.647,20 millones de euros, además de otros 1.504 millones ya aprobados por anteriores Consejos de Ministros destinados a la construcción de 46 módulos carcelarios.
Además de empresas privadas y bancos, también cámaras de comercio, ayuntamientos y universidades de todo el estado obtienen beneficios del trabajo carcelario mediante convenios. En la lista aparecen el Ayuntamiento de Valencia o la Universidad de Zaragoza, por ejemplo. Sin embargo son algunas de las empresas más representativas de la “Marca España” las que obtienen los mayores beneficios, pasamos a poner algunos ejemplos:
-El Corte Inglés: El convenio firmado por la multinacional supone la obtención de mano de obra presa para sus tiendas y la producción de algunos de sus productos, que son suministrados a las propias cárceles, como sábanas, mesas, camas, bandejas de comida, sillas, ropa para penados y funcionarios, mantas, colchas y lotes higiénicos. Sus sueldos son inferiores a 200 euros al mes. Los internos si quieren comprar algo deben hacerlo entre productos del Corte Inglés.
-ACS: Empresa de Florentino Pérez presidente del Real Madrid. Obtiene beneficios de la construcción y alquiler de cárceles, como Brians 2, Manresa, Figueras,Tarragona y otras. Se le calculan unos beneficios totales en torno al millón de euros al mes gracias a este negocio.
-Telefónica: Mantiene el control de las llamadas en la cárcel. Sólo se puede llamar al exterior desde tarjetas de Telefónica. Cuestan un mínimo de 5 euros y pueden hacer dos llamadas a móvil si llaman dentro del territorio español. Si es al extranjero, el coste se dispara.
-Banco Santander: Los presos solo pueden tener sus ahorros en este banco, teniendo uno de los convenios más importantes. Incluso las transferencias tienen que ser a través de este banco. Los presos cobran y comprar a través de una tarjeta de la entidad de la familia Botín.
Otros ejemplos de convenios a través de la OATPP son el de Correos, que usa presidiarios como mano de obra, cobrando 1,5€ la hora de trabajo. Seat, Volvo y Renault fabrican salpicaderos en las cárceles y Jurid, pastillas de freno. Otro de los convenios más importantes que tiene este organismo son los de Eroski, Citroën, Asimelec, Valeo, COMSA, Ferrovial, FCC.
La CIRE por su parte en Cataluña mantiene convenios con el Grupo Codorniu para la explotación de bodegas en Lleida, donde también fabrican las cajas de fruta para Raimat. La empresa Manuart fabrica sus álbumes de fotos en la cárcel de Girona. El material de los juzgados y audiencias de Cataluña también se fabrica en estas cárceles.
Como explicaba Pere Ametller en su anterior artículo- sobre el sistema penitenciario, la cárcel es un mecanismo más de represión a los oprimidos.
Entre el 70 y el 80% de los delitos que acaban en encarcelamiento están relacionados con el tráfico de drogas, en muchos casos como forma de salir de la pobreza. Esa pobreza, generada por los capitalistas, es también la base que lleva a muchos trabajadores a aceptar trabajos precarios. En el trabajo en la cárcel, ambas miserias se dan la mano.
La “justicia” de esta democracia para ricos se basa en la “ley del dinero”, situación que se profundiza con el aumento de las tasas judiciales que incluyen las reformas legales de Gallardón.
En un sistema penitenciario, judicial y policial configurado como una maquinaria de represión estatal, la tolerancia de la justicia hacia casos de corrupción empresarial o política contrasta con la mano dura hacia los sectores más empobrecidos y quienes salen a luchar por sus derechos, como vemos con la implantación de la Ley Mordaza y las numerosas causas abiertas contra manifestantes, sindicalistas e integrantes de movimientos sociales.
La información estadística que aparece en este artículo está extraída del Informe General de 2014 de Instituciones Penitenciarias https://www.acaip.es/images/docs/161115_informe_general_iipp_2014.pdf
Jorge Remacha
Nació en Zaragoza en 1996. Historiador y docente de Educación Secundaria. Milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.
