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Red Internacional
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10 meses de prisión de Pablo González: sin derecho a un juicio justo y en condiciones de cautiverio de guerra

La familia del periodista detenido en Polonia denuncia la ausencia de prueba alguna y un régimen penitenciario de excepción. Señalan también la actitud cómplice del gobierno español.

Jueves 29 de diciembre de 2022

Estas navidades se cumplen 10 meses desde que el periodista Pablo González fuera detenido por las autoridades polacas. Un escandaloso caso de persecución de la libertad de prensa en medio del clima belicista instalado en la UE tras la reaccionaria invasión rusa de Ucrania.

Las acusaciones del gobierno polaco siguen sin estar respaldadas por ninguna prueba. El gobierno de PSOE y Unidas Podemos se ha puesto de perfil en este asunto. Incluso algunos ministros, como el de Exteriores, José Manuel Albares, o la de Defensa, Margarita Robles, han abonado el relato polaco insinuando que hay información que no pueden dar sobre el caso porque el propio detenido quiere que no se haga.

La familia niega semejante cuestión y afirman lo contrario. Los mensajes que llegan desde la celda de aislamiento donde permanece Pablo desmienten las tesis del gobierno español y niegan las falsas acusaciones de Polonia.

El periodista fue detenido al inicio de la guerra acusado de ser un espía ruso. González es nieto de exiliados de la guerra civil a la antigua URSS. Tanto sus padres como él mismo nacieron en Rusia. Se trasladó a vivir al Estado español con la separación se sus padres, donde estudió periodismo y se especializó en los países del Este.

El dominio del ruso y la doble nacionalidad rusa y española, son las dos únicas pruebas presentadas hasta el momento. Los servicios secretos ucranianos le requirieron a comienzos de febrero para que se abstuviera de informar con una línea que consideraban demasiado prorrusa. También el CNI español visitó a su familias días más tarde para advertirles de que debía dejar su labor de periodista en la región.

Las supuestas simpatías con Rusia y la invasión no se sostienen ni con el contenido de sus últimos reportajes ni su último tweet antes de la detención condenando la invasión desatada el 23F. Pero todo esto, en tiempos de escalada belicista y por lo tanto liberticida, poco importa.

En estos 10 meses de prisión provisional Pablo González no ha tenido derecho a elegir su propio abogado. Tampoco se han presentado pruebas algunas. Polonia y la UE aplican el Derechos del Enemigo, sin la menor garantía procesal ni democrática.

El gobierno español, en palabras de Pedro Sánchez, acató esta violación de derecho con una frase salomónica: “nosotros respetamos la legalidad polca, igual que nos gustaría que respeten la legalidad española”. Viniendo de un Estado que ha protagonizado en los últimos años una escalada de persecución brutal contra el independentismo, con procesos y causas que han sido rechazados por la Justicia belga, alemana, suiza y británica… es de esperar esta especie de “hoy por ti y mañana por mí”.

Además de esta vulneración de derechos procesales, la familia de González denuncia en estas fechas las condiciones deplorables en que se encuentra el periodista.

Su mujer, Oihana Goiriena, solo ha podido visitarlo en una ocasión, y fue el pasado 21 de noviembre, 9 meses después de su detención. Hasta esa fecha no se le había permitido ni siquiera hablar con él por teléfono. Incluso las comunicaciones por carta están intervenidas y las últimas misivas, recibidas en estos días, llegan con retrasos de meses. Sus hijos de 7, 10 y 15 años tampoco han podido tener ningún tipo de contacto con su padre en estos meses.

Se encuentra en un régimen penitenciario de máxima seguridad, una cárcel dentro de la cárcel. Ha perdido más de 20kg y según su compañera solo dispone de una hora de patio diaria en un espacio de siete por cuatro metros.

Ante la desidia cómplice del gobierno español con las autoridades polacas en lo que al proceso judicial se refiere, la familia exige que al menos pida el cumplimiento de sus derechos básicos como preso. Pero ni eso.
El relato del “jardín” democrático que representa la UE que vendió Josep Borrell, tiene en el caso de Pablo González una muestra de la verdadera cara del imperialismo europeo. La escalada belicista, de rearme y de encaminarse a una política de bloques y pelea por áreas de influencia y mercados, viene necesariamente acompañada de una degradación aún mayor de las democracias para ricos del continente. Censura previa, cierre de medios de comunicación y detención de periodistas, son parte de esta hoja de ruta.