Unas 150.000 personas se movilizaron en Bucarest el día miércoles pidiendo la dimisión del Gobierno socialdemócrata, después de aprobar un decreto de emergencia que despenaliza algunos casos de corrupción.
Miércoles 1ro de febrero de 2017
Consignas como "Retiro del decreto y renuncia" y "Ladrones", fueron coreados por miles de personas ante la sede del Ejecutivo, mientras que otros manifestantes llevaban carteles en los que calificaron al gabinete de "traidor". Las protestas también se desarrollaron en ciudades del país balcánico como Timisoara, Cluj o Sibiu.
Las movilizaciones se llevaron a cabo después de que el Gobierno aprobara en la noche del martes un decreto ley por vía de urgencia con el que se despenalizan los casos de corrupción si causan pérdidas al Estado menores a 44.000 euros. En los casos por debajo de esa cifra se iniciarán procedimientos administrativos y civiles para recuperar el dinero y castigar a los responsables.
El decreto ley del Gobierno del primer ministro, Sorin Grindeanu, quien asumió el cargo a principios de mes, ha generado fuertes críticas dentro y fuera del país y ha provocado las mayores protestas callejeras en Rumanía desde 1989.
El líder del gubernamental Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, que no pudo postularse como primer ministro por una condena en suspenso de dos años de cárcel por fraude electoral, será uno de los beneficiados de la normativa, ya que no será juzgado por un caso de corrupción. De esta manera, Dragnea no tendrá que responder ante un tribunal en un proceso iniciado el martes por un caso de corrupción cuando era gobernador de una provincia rumana, puesto que las pérdidas al Estado están valoradas en 24.000 euros.
La medida también beneficiará a otros cargos políticos pertenecientes al PSD que están a la espera de juicio. El ministro rumano de Justicia, Florin Iordache, dijo que está siendo criticado "por algo esencial en una democracia: las leyes las hacen los legisladores".
La ley ha indignado a parte de una ciudadanía, en un país en el que el sueldo medio es de 460 euros.
150k people protesting against #CorruptPoliticians on the streets of #bucharest in #romania #romanianprotests #CORRUPTION pic.twitter.com/TsOvsnLqxa
— Ionut Florescu (@icflorescu) February 2, 2017
"La lucha contra la corrupción necesita avanzar, no deshacerse", dijo el jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y su adjunto, Frans Timmermans, en una declaración conjunta. "Estamos siguiendo los últimos acontecimientos en Rumania con gran preocupación".
Los funcionarios del gobierno han sugerido que las leyes estaban destinadas a aliviar las condiciones de hacinamiento en las cárceles, sin embargo, muchos creen que el verdadero propósito es ayudar a los políticos condenados, o aquellos que están bajo investigación a escapar de la justicia.
La oposición de centroderecha, principal partido de la oposición rumana, el Partido Nacional Liberal (PNL) anunció el miércoles una moción de censura, y el principal órgano judicial prepara un recurso contra la medida y el presidente del país, Klaus Iohannis. Por su parte, el presidente rumano, señaló hoy que el Consejo Superior de Magistratura deberá defender la independencia de la Justicia y pidió además que la Corte Constitucional se pronuncie al respecto. La presidenta de la Alta Corte de Casación y Justicia, Critica Tarcea, también rechazó la ley.
A pesar de ganar las elecciones de diciembre, el líder socialdemócrata Dragnea no puede ser primer ministro del país por haber sido condenado por un delito de manipulación electoral en un referéndum. La enmienda aprobada anoche amnistiará además a unos 2.700 condenados por delitos menores, incluidos algunos por corrupción, y reducirá a la mitad las penas a los presos con más de 60 años de edad, independientemente de su crimen.
