Así lo muestra el último Informe de Derechos Humanos 2020, realizado por la Universidad Diego Portales, en la cual se constata el sostenimiento de una práctica represiva avalada por el gobierno y distintas instituciones, como sello de la impunidad.
Domingo 18 de octubre de 2020
FOTO: Andres Martinez Casares / Reuters
A un año del comienzo del estallido social en Chile, sin duda una de las instituciones que más repudio ha generado durante este lapsus de tiempo es Carabineros de Chile, quienes estando implicados en múltiples violaciones a los derechos humanos como mutilaciones oculares, uso indiscriminado de la fuerza e incluso asesinatos, se ha caracterizado por tener un sello de impunidad propiciado por el mismo gobierno de Sebastián Piñera.
Así se evidencia en el último Informe de Derechos Humanos 2020, realizado por la Universidad Diego Portales (UDP). En el tercer capítulo “Tortura, tratos crueles, e inhumanos desde el estallido social”, se cuestiona y se problematiza sobre la manera en que han actuado instituciones a cargo del “orden público” y la “seguridad”, sumándose Policía de Investigaciones (PDI) y Fuerzas Armadas (FF.AA).
Como señala el medio EL Mostrador, para el estudio se realizó un análisis de distintos informes relacionados a la defensa y protección de los derechos humanos (DD.HH), tanto con instituciones públicas nacionales, y organismo internacionales, sumado a medios de prensa e información de acceso público entre otras fuentes.
"En primer lugar, existe evidencia contundente acerca del uso de armamento no letal -principalmente por Carabineros- sobre grupos de manifestantes, sin diferencias de aquellos que se encontraban ejecutando conductas violentes respecto de aquellos que estaba manifestándose pacíficamente, y sin tomar las medidas de resguardo para no generar riesgos indebidos de lesiones graves. Estas acciones provocaron, entre otras, secuelas en el rostro y traumas oculares severos, significado en algunos casos la pérdida total de visión o globos oculares dañados. En ese contexto, existe un incumplimiento evidente de los Principios Básicos de utilización de la fuerza sobre los ciudadanos y, a su vez, una vulneración grave del Estado de Chile a los derechos humanos de los ciudadanos, especialmente, el derecho a la integridad física y psíquica" se señala en el estudio.
Así también se da cuenta de la responsabilidad del gobierno y otras instituciones manifestando "Esta vulneración no sólo se explica por las acciones ejecutadas por agentes del Estado sobre los ciudadanos, sino que también por la omisión de las autoridades policiales y de gobierno frente a las evidentes conductas que estaban siendo desplegadas en el control del orden público".
A la vez se advierte la poca celeridad y dificultades por parte del Ministerio Público frente hechos de tortura y otros tratos vejatorios donde si bien se "ha dado cuenta que se encuentran investigando los hechos constitutivos de tortura y otros tratos", se muestran "dificultades para obtener la información respecto de las instituciones policiales, las cuales son fundamentales para esclarecer los hechos y perseguir penalmente las sanciones que corresponden".
Y por último se concluye “los superiores jerárquicos, funcionarios públicos incluidos, no pueden […] sustraerse a la responsabilidad penal por los actos de tortura cometidos o los malos tratos infligidos por sus subordinados si sabían o debían haber sabido que esas conductas inaceptables estaban ocurriendo o era probable que ocurrieran".
Impunidad y blindaje del gobierno hacia sus instituciones represivas
Luego del criminal ataque del carabinero Sebastián Zamora en contra del menor A.A de 16 años empujándolo del Puente Pio Nono, se ha vuelto a reactivar un clima de repudio a la policía, que se he avisto acrecentado por el destape de casos de infiltraciones la usurpación de identidad en Lo Hormida, y donde un agente de Carabineros se dedicaba a organizar ataques y desmanes, incluso contra comisarías de Carabineros.
Por su parte el gobierno no ha dudado en blindar y respaldar a Carabineros como institución encargada de resguardar el “orden público”, e incluso respaldando situaciones como Lo Hermida en la Región de Antofagasta, que significó la suplantación de un menor de 16 años, con el objetivo de provocar acciones con la sola intención de criminalizar la protesta social y a sectores que se organizan.
Mientras tanto los datos entregados por el Ministerio Público desde Octubre de 2019 reportan 8.575 víctimas de violaciones a los derechos humanos, habiendo 919 imputados conocidos y cerca de 7.000 desconocidos. Y en el caso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), señalan que 460 personas resultaron con traumas oculares en el contexto del “estallido social”, de las cuales 35 perdieron la visión total de uno de sus ojos.
Es el sello de este gobierno criminal y sanguinario que ha buscado descargar la crisis sobre la espalda de las familias trabajadoras, mientras asegura las ganancias de los grandes empresarios, reprimiendo cualquier atisbo de protesta social, a punta de múltiples violaciones a los derechos humanos que permanecen en la impunidad.
