Cuando nacía el siglo veinte y los sectores hegemónicos creían que "la Argentina era una jauja", porque hacían grandes negocios vendiendo trigo o vaquitas a los países centrales y la mano de obra era más barata, apareció el conflicto con Chile por el atávico tema de los límites, desatándose una ola chauvinista similar a la que se produjo ocho décadas después durante la dictadura militar de Videla y sus secuaces.
Sábado 2 de julio de 2016
Cuando nacía el siglo veinte y los sectores hegemónicos creían que "la Argentina era una jauja", porque hacían grandes negocios vendiendo trigo o vaquitas a los países centrales y la mano de obra era más barata, apareció el conflicto con Chile por el atávico tema de los límites, desatándose una ola chauvinista similar a la que se produjo ocho décadas después durante la dictadura militar de Videla y sus secuaces.
Fue en esos días que el presidente de la República, general Julio Argentino Roca –y su influyente ministro de Guerra, coronel Pablo Riccheri–, pergeñaron la "transformación de las fuerzas armadas al estilo disciplinado y ordenado de Alemania", incluida la implantación del servicio militar obligatorio.
Este trabajo describe algunos hitos sobresalientes de la época y el enfrentamiento que, en condiciones sumamente difíciles, produjeron los sectores populares para oponerse a la controvertida medida.
La ley 4031
"Los anarquistas que repudiamos al ejército como instrumento de la explotación impuesto por el oscurantismo patronal, que repudiamos al régimen que nos succiona, también consideramos que el militarismo es contrario a los intereses de la humanidad. Por eso hacemos votos para que se haga la mayor propaganda posible contra el bárbaro sistema del servicio militar obligatorio que acaba de imponerse, a fin de que el mayor número de jóvenes reclutados vaya a cruzar la frontera antes de vestir la odiosa librea del asesino asalariado y legal".
El anarquismo, que hacía por lo menos dos décadas que actuaba en el país impulsado por los inmigrantes europeos más combativos, resumió así sus sentimientos de protesta y resistencia cuando la Cámara de Diputados, por iniciativa del gobierno del general Roca y luego de un prolongado debate, votó el 7 de diciembre de 1901 la ley 4031 que, durante nueve décadas, impuso a los jóvenes la obligatoriedad de la conscripción.
El anarquismo, que fue estimulado por el escritor italiano Enrico Malatesta cuando residió en Buenos Aires entre 1885 y 1889 donde publicó La questione sociale, no solo llamó a no presentarse al enrolamiento y desertar abandonando el país para evitar la captura, sino que también impulsó a las distintas organizaciones obreras a incluir este tema (la abolición del servicio militar obligatorio) en las exigencias y movimientos reivindicativos, junto a los puntos ya tradicionales de las ocho horas, el aumento de los salarios y la liberación de los presos políticos.
Cinco meses antes, el 5 de julio de 1901, el presidente Roca había impuesto el estado de sitio en todo el país para reprimir la creciente efervescencia que, desde el campo obrero (a través de anarquistas y socialistas), y desde la clase media nacional (a través de lo que era entonces el ascendente radicalismo fundado por Leandro N. Alem), estaban enfrentando el fraude, las corruptelas y la generalización de la injusticia.
Sin embargo, pese a las rigurosas medidas gubernamentales para frenar las huelgas, paros y revueltas, las nuevas fuerzas populares (especialmente aquellas que se nucleaban en los sindicatos más organizados y luchadores) decidieron combatir esa ley. Y no hubo palos ni leyes que lograran meterles miedo.
Al uso germano
Los historiadores burgueses y nacionalistas (incluso algunos que no pertenecen a ninguna de las dos corrientes) suelen hacer la apología de esa etapa de arranque del siglo veinte –especialmente los años de la segunda presidencia de Roca: 1898-1904–, porque consideran que allí se dieron pasos decisivos para "consolidar el Estado" y "concretar la unidad nacional".
Y agregan que el roquismo fue un movimiento progresista "pese a sus contradicciones y pese a que en el bienio 1878-79 dirigió la feroz masacre conocida como Campaña del desierto".
¿Y cuáles fueron esas contradicciones que puntualizan los historiadores? Insertó al país en el sistema capitalista mundial, promovió las inversiones británicas para extender la red ferroviaria, enfrentó al Vaticano al implantar la enseñanza laica en las escuelas y, sobre todo, consolidó al ejército como "factor de estabilidad institucional".
Vaya "contradicciones", dirá algún observador contemporáneo no sin sorpresas, ya que, excepto en el curioso enfrentamiento coyuntural con el clero, en lo demás fue muy coherente y representativo de las aspiraciones oligárquicas de su época,
Justamente, dentro del contexto de crecimiento de las fuerzas armadas que auspició como factor decisivo (tan decisivo que esos mismos historiadores hablan del "ejército roquista"), fundó la Escuela Superior de Guerra y la Escuela de Suboficiales; creó la figura del Estado Mayor; organizó la Primera División de Ejército para agrupar a todas las unidades de la guarnición Buenos Aires; promulgó la creación de las Inspecciones de Armas (de infantería, caballería y artillería); estableció la Escuela de Ingenieros Militares y la Escuela Normal de Tiro; decidió la instalación de la base naval de Puerto Belgrano, y adquirió 2.000 hectáreas para destinos militares en el sitio que después sería Campo de Mayo.
Sin embargo, la medida más revulsiva fue la citada ley 4.031 de conscripción obligatoria, que Roca impulsó con el entusiasta apoyo de su ministro de Guerra, coronel Pablo Riccheri, quien, años antes, se había desempeñado como agregado militar en Alemania, donde quedó muy impresionado por la "disciplina y organización de las fuerzas armadas".
Durante la acalorada discusión en Diputados de la ley de servicio militar (que solamente fue aprobada por escasa mayoría, al punto que varios legisladores oficialistas, desde una simple posición de honradez, se opusieron con argumentos muy sólidos), el coronel Riccheri, en nombre del gobierno de Roca y en el suyo propio, llegó a señalar que "no le temo al militarismo como tampoco le temen en Alemania", porque lo que "tenemos que hacer es crear un ejército fuerte capaz de intervenir en cada afrenta contra nuestra patria que venga del exterior y en cada ocasión que las fuerzas disolventes internas pongan en peligro la estabilidad de las instituciones".
Riccheri (que había asumido su cargo de ministro de Guerra el 13 de julio de 1900 en reemplazo del general Luis María Campos) habló en el Congreso con el lenguaje de la soberbia que caracterizaría a buena parte de la clase militar en las décadas posteriores.
En esos días en que el vocablo dictadura comenzó a sonar en los ambientes de las élites no con timbres negativos, Riccheri introdujo en el ejército la llamada "disciplina alemana" (incluyendo uniformes semejantes a los que usaban entonces las fuerzas armadas germanas y la metodología del "orden cerrado"), reemplazando las reglamentaciones castrenses (que regían con el nombre de "Ordenanzas militares españolas" desde la época de Carlos III en 1768) por otras de clara inspiración prusiana.
El teniente José Félix Uriburu (quien treinta años después, ya general, daría el primer golpe de Estado iniciando la moderna era de los regímenes de facto en la Argentina) y el capitán Ramón L. Falcón (quien, con el grado de coronel y en calidad de jefe de la policía, el Primero de Mayo de 1909 dirigiría personalmente la matanza de obreros anarquistas en Plaza Lorea) eran, en esos días de 1901, dos de los oficiales jóvenes que, entusiasmados, adhirieron a las nuevas pautas militares filogermanas impuestas por el dúo Roca-Riccheri.
Antecedentes
El ingreso a las fuerzas armadas siempre fue resistido por la civilidad en la Argentina, aun en el Siglo XIX, en la etapa de la lucha por independizarse de los realistas.
Por ejemplo, tal como lo describe R. Rodríguez Molas en sus documentados libros Historia social del gaucho y Debate nacional, el servicio militar obligatorio, ya el 29 de mayo de 1810, de acuerdo a una proclama dispuesta por la flamante Junta de Gobierno que cuatro días antes había empezado a presidir Cornelio Saavedra, se estableció, para "aumentar el número de milicias", una rigurosa "leva", en la que "serán comprendidos todos los vagos sin ocupación conocida, desde la edad de 18 hasta los cuarenta".
"Leva", agregamos nosotros, de acuerdo a la definición del Diccionario Enciclopédico Planeta, es la "forma de reclutamiento a la que se acudía antiguamente para allegar tropas masivamente". Y, por supuesto, "vagos" eran calificados los pobladores con escasos recursos económicos. O, para decirlo sin sucedáneos, los pobres.
De acuerdo con las órdenes impartidas se ponían de inmediato en acción pequeños grupos de soldados al mando de oficiales que recorrían la campaña y reclutaban con violencia a los peones que encontraban en el camino. Es más, actuaban con rigor extremo, a tal punto que las autoridades, ante la ola de resistencia de la gente y el temor al fracaso en la formación de un ejército importante, enviaron nuevas instrucciones para que "atemperen" (sic) los métodos represivos tradicionales.
"En todo el curso de la Revolución hemos vivido bajo una verdadera aristocracia militar, la más terrible de las aristocracias", opinaría tiempo después Julián Segundo de Agüero (1776-1851, político argentino de activa participación en las luchas intestinas de la década de 1820) en un escrito-denuncia titulado "De los fueros privilegiados".
"Negocios poco aseados"
Volviendo a 1901, y en medio de la atmósfera belicista antichilena que habían desencadenado los sectores hegemónicos ligados a los terratenientes y el gobierno de Roca, se generalizaron los manifiestos que reclamaban derrotar las ambiciones de los "caudillos trasandinos", porque "en su haber intelectual no hay ideas y en su haber moral no hay virtudes positivas". Y, de acuerdo a una nota publicada en "La Nación", un diario embarcado en la ofensiva guerrerista, "Chile le dice a sus rotos que la guerra con Argentina será un paseo nacional. Piensa vencer sin combatir, del mismo modo que ha sabido enriquecerse sin trabajar".
Ese era el tono promedio de los representantes del régimen.
La votación de la ley del servicio militar obligatorio se concretó, como ya dijimos, el 7 de diciembre de 1901. Que era sábado. Pero esa semana, desde sus mismos inicios, fue pródiga en acontecimientos destinados a acrecentar el "sentido patriótico de los argentinos". O, como dijera el propio Riccheri, "debemos imponer la importancia del ejército como agente moralizador y catalítico nacional".
Por lo pronto, cinco días antes, el lunes 2, todos los gremios gráficos alarmaban a la opinión pública porque Chile había comprado dos destroyers a la casa Laird Brothers de Londres "en el precio de 70.000 libras esterlinas cada uno, cuando habitualmente se paga en el mercado entre 30.000 y 40.000".
Al día siguiente, martes 3, ante la algarabía de los mercaderes internacionales de armamentos que estaban encantados con una guerra en el confín sureño del continente americano, "El Diario" informaba que "Ramón A. de Toledo y otros caballeros argentinos actualmente en París, han celebrado una reunión en las oficinas de nuestra sucursal, 19 Boulevard Montmartre, para constituir un centro de propaganda a favor de la República Argentina en su conflicto de límites con Chile".
Pocas horas después se informaba que el gobierno de Roca, que no quería ser menos, también había comprado un destroyer, "pero su precio constituía un secreto de Estado que, por razones de seguridad, no iba a ser revelado".
El miércoles 4, el Partido Demócrata (nombre que, durante muchos años, tipificó a los fraudulentos conservadores) llamó a un "meeting" (los diarios también lo escribían en forma castellanizada, "mitin", para significar lo que hoy conocemos como "acto") en el salón Príncipe George, ubicado en Sarmiento entre Libertad y Talcahuano de la Ciudad de Buenos Aires, "para hacer saber a los poderes públicos que apoyamos decididamente una política firme y enérgica en el actual conflicto con Chile".
Veinticuatro horas después, el jueves 5, en la "parroquia de La Piedad",se colocaron los cimientos de la tristemente célebre Liga Patriótica Argentina, una organización paraestatal con fuerte respaldo explícito de la jerarquía eclesiástica, que 18 años después, en enero de 1919, en su mayor etapa de auge como "apoyatura civil" de la policía, llegaría a jugar un papel clave (y nefasto) en las masacres de trabajadores durante la Semana Trágica.
Este organismo represor, que en 1901, en su primera etapa, estaba presidido por un político conservador de la época llamado Martin Carrere, tenía también una "comisión honoraria" encabezada por el propio presidente de la Nación, Julio A. Roca, e integrada, entre otros, por Bartolomé Mitre, Carlos Pellegrini, José Evaristo Uriburu, Luis Sáenz Peña, Bernardo de Irigoyen, Vicente Fidel López, Carlos Guido Spano y Norberto Quirno Costa.
La primera resolución de la Liga Patriótica Argentina fue reclamarle al ministro de Guerra que instale polígonos de tiro en todo el país, "para que la juventud pueda adiestrarse".
Ese mismo jueves, un "grupo de caballeros" (la expresión pertenecía a "El Diario") creó una filial de la Liga Patriótica en La Plata, en tanto que el general Rudecindo Roca, comandante de la división Los Andes, que estaba acusado de corrupción, fue rápidamente sobreseído por un tribunal militar. "Tenemos que tener un ejército sin fisuras", destacó "La Nación".
El viernes 6, por el centro de Buenos Aires, circuló una suerte de volante (en aquellos tiempos se usaba más la palabra libelo) que denunciaba los "negocios poco aseados" que los "inmorales de la administración pública" realizaron durante "las compras de armamento superiores a nuestra capacidad nacional".
El escrito no estaba firmado, pero igualmente generó algunos escozores en los ambientes políticos cercanos al poder.
El sábado 7, día de la votación, El Diario, ya desbocado en su lenguaje, habló de la "perfidia chilena" y de sus ambiciones de hacer un "malón" (sic) "para apoderarse de la provincia de Santa Cruz".
En las horas siguientes, Bartolomé Mitre (el genocida del pueblo paraguayo en la llamada Guerra de la Triple Alianza que la coalición argentino-brasileña-uruguaya desencadenara entre 1864 y 1870), junto con otros "respetables caballeros", encabezó una concentración cerca de su casa (en la intersección de las calles San Martín y.... Bartolomé Mitre, ya que la antigua calle La Piedad fue rebautizada con el nombre del fundador de La Nación que aún vivía) y, desde allí, se dirigieron por la Avenida de Mayo en manifestación (hasta el cruce con la calle Buen Orden, hoy Bernardo de Irigoyen) para dar mueras a los "rotos chilenos que pretenden mancillar nuestra soberanía".
En los días subsiguientes, cuando ya había salido esta ley que fue aclamada por las clases altas y repudiada por el conjunto de las organizaciones obreras, los diarios del régimen registraban "llamados patrióticos" lanzados por quienes, hoy, llamaríamos "fuerzas vivas" o la "flor y nata de la oligarquía agroexportadora", como la Sociedad Rural, cuyo presidente (José Martínez de Hoz, antecesor del ministro de Economía del dictador Videla) llegó a publicar anuncios en los periódicos para que el pueblo acudiera a "adiestrarse en el manejo del Máuser y hacer blancos certeros".
El lunes 16, según informó al día siguiente El Diario, se representó un "espectáculo patriótico" en el Teatro Apolo (que estuvo ubicado hasta promediar la década del cincuenta en Corrientes casi esquina Uruguay, donde hoy se encuentra el Teatro Lorange). Durante el "espectáculo" estuvo presente el edecán de Roca, coronel Antonio Gramajo, y el público, estimulado desde el escenario, dio vivas al ejército y exigió la entrada en guerra de nuestro país "para terminar con las provocaciones chilenas".
Oposición y resistencia
En medio de este delirio patriotero, los estibadores del puerto y otros sectores de la clase obrera declararon la huelga. Los diarios burgueses acusaron a los trabajadores de "traidores vendidos a Chile", pero La Vanguardia, órgano del Partido Socialista que se editaba en esos días en medio de condiciones muy difíciles, contraatacó. Y el 22 de diciembre de 1901, página 1, señaló que la manifestación encabezada por Mitre había sido un "torneo de vanidades exhibicionistas que sobrepasa los límites de lo creíble". También calificó a quienes habían participado en esa marcha como "esclavos del fetichismo más repugnante".
Pese al clima belicista y patriotero que embargaba al país bajo la manipulación de la clase dirigente y los diarios, el campo obrero no se dejó intimidar. Y, permanentemente –inclusive dentro de enfoques encontrados entre uno y otro sector–, llamó a luchar contra esa "ley oprobiosa".
La Vanguardia, por ejemplo, en su edición del 21 de octubre de 1901 (47 días antes de la votación), se refirió a las "humillaciones, injusticias y dolores sin cuento de esa vida improductiva y abyecta del cuartel", agregando en la misma nota:
"Indigna el posible uso que pueda hacerse de esa fuerza integrada por hijos de obreros en la represión de las luchas populares (...). Nuestros obreros deben valerse de todos los medios para eludir el cumplimiento de la ley inicua que los obliga a armarse para defender los intereses de los ricos".
Guerra a la guerra
La Vanguardia y La Protesta, ante el escándalo de la Sociedad Rural y los señoritos de la aristocracia que apostaban a un pueblo adocenado y rendido a sus fijaciones "patrióticas", enfrentaron con decisión los dos hechos más repudiables del momento: la posibilidad de la guerra con Chile y la imposición del servicio militar obligatorio.
Con respecto al primero de los temas, y con el título de "A favor de la paz", el órgano socialista (que entonces se editaba todavía semanalmente; después se convertiría en diario hasta su clausura en 1947) publicó una nota, el 14 de diciembre de 1901, página 1, que decía exactamente lo siguiente:
"La guerra, además de ser un verdadero anacronismo, no consulta los intereses de las clases obreras chilena y argentina. El pueblo trabajador, que no ha tenido ninguna intervención en todos los conflictos, pero que va servir de carne de cañón, exponiendo sus vidas, dejando en la orfandad y en la viudez a los seres más queridos, está en el deber de reclamar la paz a toda costa. Hablar de la guerra es un crimen burgués".
Ese mismo día, el 14 de diciembre por la tarde, en Plaza Lorea (lugar histórico de las concentraciones proletarias hasta la llegada del peronismo en la década del cuarenta), socialistas y anarquistas realizaron un acto conjunto para repudiar la guerra y el servicio militar obligatorio.
Los oradores (el obrero y escritor Adrián Patroni y otros) denunciaron que los intereses de ambas burguesías, la argentina y la chilena, pretendían mandar al matadero a los obreros de sus respectivos países, "cosa a la cual deberá resistirse eludiendo por todos los medios que les sea posible esa contribución de sangre".
También subrayaron que la "prensa mercenaria" (así solían referirse "La Vanguardia" y "La Protesta" a los medios de comunicación del régimen) "habla mucho de libertad, pero le niega a los trabajadores el mínimo derecho a ser libres".
En ese sentido, los oradores repudiaron la actitud de los diarios de la época. Diarios que solían calificar como "traidores a la patria" a los estibadores y peones de las barracas de lana de Barracas al Sud, hoy Avellaneda, "por haber decidido ir a la huelga para sabotear los esfuerzos de los verdaderos patriotas".
En el acto de Plaza Lorea (mejor dicho, en el "mitin") se votó en medio de clamorosos aplausos la siguiente resolución:
"Los trabajadores argentinos no odian a la clase obrera chilena ni quieren la guerra".
Los numerosos manifestantes intentaron marchar hacia la Casa de Gobierno, pero la policía montada ("los cosacos", como eran denominados peyorativamente por el pueblo a principios del siglo veinte) lo impidió.
Simultáneamente, un diputado conservador (al que seguramente después le deben haber tirado de las orejas como reprimenda) presentó un proyecto para declarar "artículo de guerra" (y, por lo tanto, sujeto a expropiación) el caballo y la mula "para impedir que Chile siga proveyéndose a costa nuestra". La Liga Patriótica (muy cuidadosa en resguardar los intereses nacionales, siempre, obviamente, que no afectasen la santidad de la propiedad privada) rechazó este insólito proyecto expropiador "porque puede herir intereses particulares que son dignos de consideración".
Vejaciones y brutalidades
El 9 de marzo de 1901, cuando aún faltaban nueve meses para que saliera la ley 4031 (aunque la conscripción, en la práctica, ya había entrado en vigencia desde hacía tiempo), apareció en "La Vanguardia (página 1, columna 4) un incisivo comentario titulado "Contra el militarismo" que contenía una serie de graves denuncias. Entre otras cosas decía:
"De fuente fidedigna sabemos que con los conscriptos no solo se cometen toda clase de vejámenes e injusticias, sino que también en las provincias se ha perpetrado un sinnúmero de abusos que sería vergonzoso que calláramos.
"La prensa mercenaria y burguesa dice que no ha sabido cómo ha podido suceder que todos los sorteados fueran únicamente trabajadores, a quienes la ’suerte’ obligó a marchar en campaña, dejando libres a todos los hijos de ’familias ilustres’.
"Ellos dicen que ’no saben’, pero nosotros vamos a decirles lo que ocultan. He aquí varios informes fidedignos:
"A bordo del transporte ’Pampa’ falleció un conscripto que había sido remitido en grave estado a Buenos Aires.
"A bordo del acorazado ’Garibaldi’ se halla un conscripto que no comprende nada de lo que se le dice y ni de lo que él mismo hace, pues es un idiota; y, sin embargo, en vez de dársele de baja, se lo castiga de tal modo que ya tuvieron que remitirlo varias veces al hospital por las heridas recibidas.
"A los conscriptos de las provincias se los castiga en forma particular, con gran ferocidad. Son tantos los actos brutales que cometen los ’superiores’ que sería largo enumerarlos.
"Estas son algunas de las lindezas que nuestros titulados ’padres de la patria’ piensan hacer con todos los ciudadanos jóvenes. También es un ejemplo del concepto de ’patriotismo’ de nuestra burguesía.
"Ante estos actos crueles e injustos es necesario que todos los trabajadores conscientes tomen cartas en el asunto y busquen, por medio de la propaganda, levantar el espíritu del pueblo, para así luchar en contra del servicio militar obligatorio y dar por tierra no solo con esa institución bárbara, criminal y digna de subsistir únicamente en la Edad Media, sino también terminar con la esclavitud que el militarismo impone a los ciudadanos libres, y poner término de una vez con todos esos abusos incalificables que cometen desde el juez de paz y militar de campaña, hasta el presidente de la República y sus ministros, verdadera pandilla de salteadores que, tras vivir a expensas del pueblo, quieren hacer de él un tierno y humilde esclavo".
La "colimba"
La ley 4031 del servicio militar obligatorio estuvo activa durante más de noventa años hasta que fue abolida el 31 de agosto de 1994 por el decreto 1537.
Esta pesada carga, que causó tantas muertes, fue bautizada por el pueblo como "colimba", que era un acrónimo en alusión a las tres actividades fuertes (correr, limpiar, barrer) que, por obligación, debían realizar los conscriptos cotidianamente.
Los "colimbas", además de su cotidianidad como sirvientes gratuitos de los oficiales, fueron empleados como fuerza de acción en los seis principales golpes de Estado que sufrió el país en el siglo pasado: 1930 (derrocamiento de Hipólito Yrigoyen por parte del general José Félix Uriburu); 1943 (irrupción del GOU, Grupo de Oficiales Unidos); 1955 (cuando la autodenominada Revolución Libertadora derrocó a Juan Domingo Perón); 1962 (caída de Arturo Frondizi a manos del ejército encabezado por el general Poggi que impuso al presidente títere José María Guido); 1966 (desplazamiento de Arturo Umberto Illia para ser reemplazado por los militares que lideraba el general Juan Carlos Onganía); y 1976 (con la furiosa imposición de la reciente dictadura y el genocidio).
En 1982, y con fines diversionistas, el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, manipuló sentimientos de reivindicación nacional muy arraigados en el pueblo y se lanzó a la aventura de recuperar las Islas Malvinas que se encontraban bajo la égida del colonialismo británico desde hacía más de 150 años. En casi dos meses que duró la guerra, 649 argentinos perdieron la vida. En su inmensa mayoría –más de 600– eran "colimbas".
Durante la guerra se cometieron numerosos crímenes contra los soldados conscriptos, incluyendo torturas por parte de los oficiales. Los jóvenes, además, habían sido llevados a la batalla casi sin elementos ni preparación. Pasaron hambre y frío por no contar con el abrigo necesario para el clima de esas latitudes. Con los años, el suicidio de los veteranos de guerra llegó casi a igualar la cifra de caídos en combate.
Además, el número de "colimbas" que en el lapso 1976-83 pasaron a engrosar la larga lista de detenidos-desaparecidos, superó los 200. Uno de los casos emblemáticos es el de Alberto Agapito Ledo (de cuya desaparición se acusa con mucho fundamento al ex jefe del ejército, general César Milani) y, también, el de Luis Steimberg, desaparecido en 1975, cuyo caso fue expuesto durante el juicio en el que se condenó al genocida y ex presidente Reynaldo Bignone.
En 1994, ya en la etapa constitucional, el conscripto Omar Carrasco, que cumplía servicio en el Grupo de Artillería 161 del ejército argentino, desapareció y su cuerpo fue encontrado un mes después en el cuartel. Se descubrió que Carrasco había sido víctima de torturas. Fue la gota que rebalsó el vaso, iniciándose una dura lucha para la supresión del servicio militar obligatorio. Objetivo que, pese a las oposiciones, obstáculos y triquiñulas de todo tipo, se consiguió arrancarle al sistema, como ya lo señaláramos al principio de este trabajo, en el mes de agosto de ese mismo año.
Uno de los organismos que peleó mucho en este tema fue el FOSMO, Frente de Oposición al Servicio Militar Obligatorio, fundado después de la guerra de Malvinas, entre otros, por Eduardo Pimentel. Entre sus primeros integrantes figuró Eudoro Palacio, padre de Mario Daniel, nacido en 1964 y muerto el 24 de abril de 1983 en el Regimiento de Artillería de Los Polvorines. Un comunicado oficial del ejército había atribuido la muerte a "un paro cardíaco no traumático por insuficiencia renal y hepática", pero sus compañeros de instrucción revelaron la verdad. Según el historiador Santiago Garaño, en una muy documentada historia del FOSMO, este conscripto "murió tras sufrir una feroz paliza a manos de varios oficiales y suboficiales, que lo torturaron y después le negaron atención médica".
Desde 1994, y ya van para 22 años, han sido muchas las voces del régimen imperante que han intentado reinstalar la conscripción.
En los últimos tiempos han recrudecido las presiones desde la derecha con el argumento de que "eso puede hacer disminuir los índices de inseguridad". Pablo Pimentel, titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza e hijo del fundador del FOSMO, salió al cruce de la ofensiva, repudiando a quienes pretenden "militarizar a los jóvenes pobres". Otros han ido quizás más lejos y han definido la "colimba" (la de antes o la que pretenden imponer con nuevas variantes) como la "esclavitud legalizada".
Uno de los más persistentes abanderados de la ofensiva revanchista es el legislador salteño Alfredo Olmedo que, inclusive, llegó a presentar un proyecto para reactivar el servicio militar obligatorio al que aspira a rebautizar con la denominación de "servicio militar comunitario".
Olmedo, que se autodefine como "conservador cristiano" es diputado nacional por Salta Somos Todos, una agrupación provincial cercana al macrismo. Es un conocido terrateniente y sus actitudes extremadamente reaccionarias generaron muchos comentarios adversos en el Congreso, desde que se opuso al matrimonio igualitario y propuso la educación católica obligatoria en las escuelas públicas. Fue denunciado además por homófobo y por propiciar el trabajo esclavo en sus campos.
No hace mucho, el diario Página 12 denunció que Alfredo Olmedo, que en la década del noventa había recibido 360.000 hectáreas del gobernador salteño Juan Carlos Romero, ahora reprime campesinos e indígenas wichí. Y en una de sus fincas fueron halladas 400 personas en condiciones infrahumanas de trabajo, siendo imputado por reducción a la servidumbre. En la última campaña electoral llegó a sortear en Salta camionetas, tractores y electrodomésticos para ganarse la adhesión del electorado.
Colofón
1901-2016. Desde aquellos días de Roca y Riccheri han pasado 115 años. Más de un siglo enmarcado en la lucha de clases que continúa desarrollándose sin solución de continuidad. En este trabajo se han planteado apenas si algunos hitos de los muchos registrados para enfrentar lacras específicas que, tanto ayer como hoy, siguen formando parte de todo el bagaje opresivo soportado por los sectores populares.
El cuento de la "unidad nacional" con que la burguesía en los albores del siglo veinte se despachó para justificar el anacronismo de la nueva legislación, basándose en el presunto "desarraigo" y "falta de asimilación" de la ola inmigratoria de ultramar que "invadió nuestras playas", no lo creyó nadie. Tanto que, para reprimir las luchas obreras que se desarrollaban en aquellos meses con gran intensidad (por ejemplo, en 1902 resultó más que exitosa la primera huelga general), el régimen, "a fin de liquidar a los disolventes con eficiencia", tuvo que acudir a otro instrumento "legal" más feroz que los anteriores: la nefasta ley 4144, más conocida como "Ley de Residencia", que permitió expulsar "ipso facto" a los trabajadores extranjeros que el gobierno considerara conveniente.
Cierta "izquierda", que en algunas etapas apoyó el servicio militar obligatorio, arguye hoy que la idea de la supresión de todos los ejércitos profesionales, brazo armado de las clases opresoras, es una "utopía" que jamás se va a poder concretar. Por eso llaman a "democratizar" las fuerzas armadas existentes y aseguran que en realidad lo que debe suprimirse son "estos" militares. Para reemplazarlos por otros mejores y más buenos.
¿Cuál de las dos utopías es más delirante: la que aspira a terminar con todas las fuerzas armadas o la que pretende "democratizarlas"?
