Grupos privados, entre ellos Matte y Angelini, son eximidos de pagar la renta tributaria por financiamiento de la venida del líder episcopal.

Fernanda Iturrieta Trabajadora postal CorreosChile
Lunes 29 de octubre de 2018
Con el favor de la ley sobre incentivos tributarios impulsado el año pasado por Michelle Bachelet, 197 empresas quedaron eximidas de contribuir con el pago de impuestos bajo el argumento de que “la venida del Papa era un gasto necesario”.
¿Un gasto necesario para quien?
La pasada visita de Bergoglio a Chile fue un desastre. La histórica baja convocatoria, dejó al descubierto que la Iglesia Católica se encuentra sumida en una profunda crisis de legitimidad tras los distintos casos de abuso sexual y denuncias que se mantenían escondidas en sus sotanas por altos mandos de la institución. De hecho, según la encuesta CADEM de agosto de este año, el 76% de la población chilena desaprueba a la institución.
Fueron $ 6.564 millones los recaudados por distintas vías de donaciones (personas naturales, iglesias, instituciones educativas, etc), y por la vía del beneficio tributario fueron $ 3.845 millones, donde entre los beneficiarios se encuentran empresas como Soquimich, Penta, Iansa, y grupos como Matte y Angelini.
Lo cierto es que todo este dineral, para el Estado y los empresarios fue un gasto necesario que pretendía ayudar a la Iglesia Católica a intentar lavarse la cara utilizando la carta del Vaticano, la que al fin de cuentas no funcionó.
A los empresarios y los políticos que gobiernan y legislan para ellos, les interesa darle aires nuevos a una institución medieval que ya está obsoleta, para que continúen reproduciendo una ideología que permita la opresión a las mujeres y a la comunidad LGTBI. Además, esta fue una de las instituciones que más férreamente se negó a la educación gratuita universal, institución que irónicamente tiene a 478.806 alumnos en sus dependencias educacionales. Es decir, es una institución que defiende valores que solo benefician a los empresarios y sus intereses de gobernar y mantener el status quo en la población.
Iglesia y Estado: Asunto separado.
Es necesario que el Estado se divorcie de forma real y permanente con la Iglesia y deje de darles facilidades de financiamiento, jerarquizando gastos que solo representan a un 46% de la población. Es la misma iglesia (que cuenta con una riqueza incalculable en todo el mundo) y sus seguidores, quienes deben financiar su religión, no pagar con los impuestos del Estado chileno.