Este 1° de Mayo también se movilizaron las y los trabajadores en diversas regiones del Perú. La clase trabajadora peruana sufre la arremetida del presidente, Martín Vizcarra, quien a través del Plan de Competitividad y Productividad aprobado el 31 de diciembre de 2018 busca recortar derechos laborales para favorecer a los empresarios y al gran capital.
Jueves 2 de mayo de 2019 00:00
En la actualidad, la economía peruana enfrenta el fin del auge que experimentó años atrás gracias a los altos precios de las materias primas, que la llevó a crecer en promedio alrededor del 8% anual entre 2005 y 2013. Esto conllevó a que se naturalice un discurso exitista, incluso no faltaron quienes hablaban del milagro peruano el cual se caracterizaba por un crecimiento económico continuo, ingresos crecientes, crédito barato, baja inflación. En suma, un escenario favorable, celebrado con declaraciones triunfalistas de la burguesía, de los políticos de turno y de los medios de comunicación al servicio del capital. Pero el escenario ha cambiado significativamente y el auge ha llegado a su fin. Las condiciones excepcionalmente favorables, con precios elevados para nuestras exportaciones (materias primas), bajas tasas de interés, dólar barato y flujos abundantes de inversiones extranjeras, han quedado en el pasado. El nuevo escenario económico presenta un crecimiento reducido (el año pasado apenas se llegó al 4,3% del PBI), una menor demanda por nuestras materias primas y menores recursos fiscales.
Esto, está directamente relacionado al impacto de la crisis económica internacional del 2008, la misma que afectó el crecimiento de China, país que se había convertido en el principal socio comercial del Perú, así como en el poseedor de la mayor inversión directa en nuestro país.
Los efectos de esta crisis se empezaron a sentir en el Perú a partir del año 2013, cuando gobernaba Ollanta Humala, quien para salvar al capital y promover la inversión extranjera, no tuvo mejor idea que implementar la ley 30230, conocida también como “el paquetazo ambiental”, que en líneas generales otorgaba una serie de beneficios al gran capital en desmedro de los derechos laborales de la clase trabajadora y del medio ambiente, los cuales fueron acompañados de la reducción sistemática del gasto social en rubros como salud y educación y en la reducción de los impuestos a los ricos.
Estas medidas no solo fueron mantenidas sino profundizadas por el gobierno del tecnócrata Pedro Pablo Kuczynski, tal es así que el impuesto a la renta IR (impuesto que pagan los empresarios) descendió del 30% al 27%, incrementándose, por otro lado, impuestos como el selectivo al consumo ISC que son los que pagan el pueblo y los trabajadores. Esto ha llevado a que en la actualidad el gasto en salud se reduzca al 2.1% del PBI y en educación se estanque en 4%, cuando la meta propuesta por el mismo estado era llegar al 6% del PBI. Por esa razón se ha incrementado la deuda pública, sobre todo con acreedores extranjeros.
Se estima que la evasión tributaria de la cual gozan los grandes empresarios en complicidad con los gobiernos de turno, ha tenido un costo anual aproximado de S/. 5.000 millones. Estos montos son cuatro veces superiores al presupuesto anual que se destina para cubrir los gastos de programas asistenciales orientados a paliar las necesidades de familias en condiciones de pobreza. Estudios de especialistas ponen en evidencia que en el pago del impuesto a la renta la evasión de los empresarios sobrepasa el 30%. Tan solo por operaciones no reales de empresas que generan facturas por operaciones ficticias se pierden cerca de S/. 9.000 millones anuales. Así mismo, en las grandes operaciones externas, que envuelven precios de transferencias, los niveles de evasión y elusión podrían representar unos 3.000 millones de dólares anuales.
Por esa razón, hace poco un reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, ponía de manifiesto que por primera vez en mucho tiempo la pobreza se incrementaba en el Perú. Este mismo documento dejaba al descubierto que en Lima, en estos últimos meses, 420 mil personas padecían desempleo, dentro de las cuales más de 200 mil eran mujeres. Una de las razones que habría llevado a esta situación tendría que ver, como ya lo señalamos, con el fin del periodo conocido como el boom primario exportador que aleatoriamente generó el desarrollo de la industria de la construcción, la misma que en ciudades como Lima, absorbían a un sector importante de lo que se conoce como la Población Económicamente Activa PEA.
Otro factor que ha contribuido al incremento del desempleo es la parálisis de grandes obras de construcción relacionadas a mega proyectos viales, al estar estas vinculadas a la empresa brasileña Odebrecht. El gobierno y el poder judicial, en un afán populista, han paralizado estas obras sin pensar en los miles de trabajadores que se quedaban sin empleo, incluso a muchos de los trabajadores cesados se les adeuda salarios vencidos e indemnizaciones por tiempo de servicios.
Como vemos, los más afectados han sido los trabajadores, quienes, según la última Encuesta Nacional de Hogares ENAHO del INEI, suman más de 17 millones, dentro de los cuales el 51% son trabajadores formales, mientras que el otro 49% son trabajadores informales que padecen precarización. Por las razones ya señaladas, a las cuales se suma la drástica reducción de las utilidades mineras, el 2017 se desarrollaron grandes luchas obreras, dentro de las que destacan la de los trabajadores de los centros mineros de Cerro Verde y Southern, así como las del magisterio, las cuales pusieron en jaque al gobierno de PPK, más allá que después terminaron siendo traicionadas por sus direcciones burocratizadas.
Para asegurar su tasa de ganancia, el empresariado de la mano del poder ejecutivo ha congelado los salarios, por ello, la remuneración mínima vital hoy es apenas un tercio de lo que era hace 40 años. Actualmente el Perú tiene una de las remuneraciones mínimas más bajas de Latinoamérica, que apenas alcanza para cubrir la mitad de la canasta básica familiar. Desde junio de 2012 no hay un reajuste significativo de la remuneración mínima, siendo el país sudamericano que más tiempo lleva sin reajustes, pese a la inflación acumulada y al incremento de la productividad de las trabajadoras y de los trabajadores. El argumento más usado por la burguesía y los gobiernos de turno para oponerse al incremento del salario es que este “desalentaría la formalización, ahuyentaría a la inversión privada y se perdería competitividad”.
Dentro de la clase trabajadora el sector más golpeado por el impacto de la crisis han sido las mujeres, por esa razón la brecha salarial entre hombres y mujeres es superior al 30%. A pesar de ello la economía peruana depende en gran parte del trabajo no remunerado que realizan las mujeres en sus hogares, las cuales dedican aproximadamente 42 horas semanales al trabajo familiar no remunerado, casi dos veces y media más que lo que dedican los varones. Por ese motivo se estima que este tipo de trabajo puede representar el 20% del PBI. A nivel continental el Perú es el país con menor participación laboral femenina, tanto en sectores de media y alta productividad. El mayor número de trabajadoras peruanas se concentra en sectores de baja productividad, con ingresos reducidos y precarias condiciones laborales. Según las estimaciones del último censo de población y vivienda del INEI, apenas una de cada veinte mujeres ocupadas tiene la oportunidad de trabajar en un sector de alta productividad, donde las remuneraciones y condiciones laborales son mejores. Se estima que en Perú tres de cada cuatro trabajadoras tienen un empleo informal y en precarias condiciones, ha ello se debe que el porcentaje de mujeres ocupadas que percibe ingresos inferiores a la línea de la pobreza duplica el porcentaje de los hombres.
Esta situación ha generado mucho descontento a nivel de la clase trabajadora, por esa razón, el pasado martes 15 de enero miles de trabajadoras y trabajadores se movilizaron contra la promulgación del Decreto Supremo Nº 345-2018-EF, llamado "Política Nacional de Competitividad y Productividad" (PNCP), que se ha convertido en la iniciativa más importante del presidente Martín Vizcarra, a través de la cual el conjunto del ejecutivo busca congraciarse con el empresariado nacional y extranjero para darle continuidad así a las políticas de ajuste contra los trabajadores que inició Ollanta Humala el 2013. Por ser la región donde se concentra la mayor actividad productiva y comercial del país, Lima fue la ciudad donde se concentró el mayor número de manifestantes, aquí se movilizaron un promedio de 25 mil personas, entre trabajadoras y trabajadores, jóvenes y estudiantes, quienes abiertamente se manifestaron contra el presidente Martín Vizcarra. Esto muestra que la clase trabajadora, a pesar de la propaganda gobiernista y la traición de la burocracia sindical, tiene una predisposición a la lucha que, de desarrollarse, podría hacer retroceder al gobierno y abrir una nueva situación política en el país.
Fuentes:
Informe 2018 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
INEI, 2018, "Encuesta Nacional de Hogares" ENAHO.
OXFAM-PERÚ, 2018, "Informe sobre la desigualdad en el Perú".
