Se cumplen dos décadas de un gran movimiento estudiantil que enfrentó al gobierno Aznar. Con la LOU se pusieron los cimientos de una universidad al servicio de las empresas y cada vez más elitizada. La LOSU deja intacta esta herencia y la profundiza.
Santiago Lupe @SantiagoLupeBCN
Jueves 11 de noviembre de 2021
El 25 de octubre de 2001 decenas de miles de estudiantes quebramos una asfixiante paz social que el aznarismo había impuesto desde finales de los 90 y revalidado con la mayoría absoluta del PP del año 2000 ¿El motivo? Intentar tumbar una contrarreforma universitaria, la Ley Orgánica de Universidades, que daba un salto hacia una universidad más antidemocrática, intervenida por las empresas, cada vez más elitizada y con empelo precarizado.
Un amplio movimiento estudiantil había empezado en septiembre a tomar forma en facultades e institutos. Asambleas, encierros, concentraciones... Un clima de agitación y movilización, que tuvo como epicentros los campus de Sevilla y Santiago, pero que fue de alcance estatal. El primer trimestre de aquel curso se vivieron tres jornadas de huelga general universitaria, en las que participaron también las y los docentes y el personal de administración de servicios. El 1 de diciembre una gran movilización estatal llenó la calles de Madrid con más de 200 mil personas.
El PP empleó su mayoría absoluta para aprobarla en el Congreso en las vísperas de las vacaciones navideñas. La LOU salió adelante el 20 de diciembre con los votos del PP, Convergencia i Unió y Coalición Canaria. Las negativas de las direcciones de CCOO y UGT por un lado de no llamar a nuevas huelgas al PDI y el PAS después de la primera, y de muchas organizaciones universitarias a extender la lucha a secundaria y FP -donde se estaban cocinando otras contrarreformas como la Ley de Calidad y la Ley de FP-, fueron también parte de las razones y el balance de porqué no se pudo torcer el brazo a Aznar y su ministra de Educación, Pilar del Castillo.
Como muches jóvenes ahora, en 2001 yo también luchaba contra una reforma universitaria: la LOU. 20 años después, el ministro "progresista" de UP presenta la #LOSU, que deja intacto y profundiza el legado de aquel brutal ataque a la universidad pública impuesto por el PP. Sigue ? pic.twitter.com/m9G3aOoDzs
— Santiago Lupe (@SantiagoLupeBCN) November 10, 2021
Este 20 aniversario tiene sin embargo un interés especial, porque se da a la vez que el gobierno de PSOE y Unidas Podemos preparan una nueva reforma universitaria. Sería la tercera de toda la etapa democrática, después de la Ley de Reforma Universitaria de 1983, durante el primer gobierno González, y la misma LOU de 2001. El responsable es ahora Manuel Castells, un ministro de Unidas Podemos.
Se podría pensar entonces que este gobierno, el “más progresista de la historia”, viene a enmendar el retroceso que significó la LOU. Pero nada más lejos de la realidad. Leyendo la Ley Orgánica del Sistema Universitario – LOSU - todo lo que nos llevó a miles de estudiantes, docentes y PAS a movilizarnos en el otoño de 2001 seguirá vigente.
La antidemocracia universitaria: todo el poder para los rectores y la casta universitaria
El principal órgano de representación universitaria, el Claustro, fue uno de los objetivos a casi liquidar por la LOU. No es que se tratase de un órgano democrático anteriormente. Ya con la LRU del PSOE se había fijado una representación que mantenía a los y las estudiantes como una posición minoritaria, así como al PAS. Sobre esto la LOU simplemente ahondó, garantizando que el 51% de los claustrales deberían ser para los profesores funcionarios. Todo un blindaje de la casta universitaria.
La Ley Castells no modificará esto. Se presenta el mínimo del 25% para los estudiantes como una mejora, cuando lo cierto es que en casi todos los estatutos universitarios ya se contempla esa cifra o incluso otras mayores. En el Claustro y el resto de órganos de gobierno estudiantes y PAS seguirán pintando entre poco o nada.
Pero la gran contrarreforma en este apartado vino en el vaciamiento de funciones de este órgano. Desde 2001 el Claustro es una figura meramente decorativa. Se le quitó la prerrogativa de aprobar cuentas, regulaciones, calendarios... ¿Alguien recuerda alguna medida aprobada por el Claustro de su universidad en las últimas dos décadas? Imposible, porque con la LOU se convirtió en un órgano completamente vacío de funciones relevantes.
El poder pasó directamente al Consejo de Gobierno, el Rectorado y un órgano muy particular, el Consejo Social. Los rectores pasaron a ser electos por un sufragio ponderado que es de vergüenza, en el que el voto de un estudiante o un PAS puede valer 25 veces menos que un profesor funcionario. Además se convierten en intocables. Ni el Claustro ni ningún otro órgano puede fiscalizar su acción de gobierno, mucho menos revocarlos.
Castell deja este sistema intacto en lo fundamental. El Claustro seguirá siendo un decorado, aunque quería que algo más pequeño, con 100 miembros de máximo. La elección del rector la quería hacer aún más antidemocrática, electo por un “comité de expertos”. Finalmente lo ha sacado del último borrador de la Ley y seguirá siendo como marcaba la LOU.
Una universidad al servicio de las empresas
Toda esta casta de rectores, decanos y jefes de departamento no gobiernan solos. La LOU dio prerrogativas enormes al Consejo Social, el órgano donde tienen representación empresas, bancos y fundaciones privadas. Estas entidades participan con donativos en la financiación universitaria, a cambio de influencia en la toma de decisiones de qué se estudia y qué se investiga. Las universidades se han convertido así en estos 20 años en los centros de formación e investigación low cost de muchas empresas.
Castells y la LOSU no solo no están en contra de este modelo de la universidad empresa, sino que lo quieren profundizar. Pretenden fomentar la financiación mixta de las universidades – en vez de aumentar de una vez el presupuesto al 2% del PIB como ya reivindicaba el movimiento estudiantil en 2001 –, dar más espacio a la competencia entre universidades para acceder a fuentes públicas y privadas – algo que ya introducía la LOU y más tarde la reforma parcial de la misma que hizo Zapatero en 2007 para adaptarla a Bolonia - y dar más poder todavía al Consejo Social en la toma de decisiones.
Una universidad más cara y elitizada: 300 mil estudiantes menos que en 2001
El otro gran objetivo de la LOU, como lo había fijado también un año antes el Informe Brical – un estudio realizado por un académico ligado al PSOE que sirvió de inspiración a Pilar del Castillo -, era reducir el número de estudiantes universitarios. A comienzos del siglo XXI se quiso instalar un sentido común de que en el Estado español, en pleno boom del ladrillo, sobraban licenciados y eran caros de formar, por lo tanto había que buscar las fórmulas para reducirlos.
La LOU se encargó de poner trabas académicas y sociales que después se terminaron de desarrollar con otras leyes, en particular la Ley de Calidad de la Enseñanza que reformó la educación primaria y secundaria. Las Pruebas de Acceso a la Universidad se flexibilizaron para que cada universidad pudiera realizar, si lo consideraba, exámenes específicos. A la vez, se acabó subiendo el rango a 14 puntos – añadiendo 4 por medio de exámenes “optativos” - que alejaron aún más las posibilidades de acceder a los estudios deseados.
Pero en esta materia el hachazo vino con la crisis de 2008 y las políticas de ajuste de Zapatero y Rajoy en los años posteriores. Los precios públicos se dispararon multiplicándose por dos en muchas comunidades en estas dos décadas. A la vez el sistema de becas se ha mantenido en cifras de cobertura mínima – con unos 2000 millones al año - y fundamentalmente para cubrir solo los gastos de matrícula.
En estos 20 años el número de estudiantes que cursaban una carrera entonces y estudian un grado ahora, ha pasado de 1.270.000 a 965.000. Es decir, 300 mil estudiantes menos, una bajada del 20%. Las que sí han mejorado, sobre todo haciendo caja, han sido las universidades privadas, que han doblado el número de matriculados – de 100 mil a 230 mil – en este mismo periodo.
El ministerio ofrece los datos globales de estudiantes de todo el sistema universitario para presentar una aparente subida, de 1.525.000 a 1.680.000 . Pero es un dato engañoso y que oculta otro mal añadido de la nueva universidad post-LOU y post-Bolonia. En él incluyen a las y los estudiantes de máster y otros estudios de postgrado, algo que expresa la necesidad de un master habilitante o simplemente de acumular titulaciones para acceder a un primer empleo, que obliga a muchas estudiantes a alargar su presencia en el sistema universitario y a desembolsar o endeudarse todavía más.
La LOSU no recoge ni una sola medida para si quiera corregir este proceso de elitización. Ni una palabra de rebaja de tasas, mejora de la financiación pública o el sistema de becas, ni mucho menos la gratuidad. Con Castells la universidad seguirá el mismo curso de dejar en sus puertas a miles de estudiantes de la clase trabajadora y familias humildes.
Una universidad precaria
La LOU fue además una gran reforma laboral para el personal docente e investigador. A las dos categorías laborales existentes antes de 2001, funcionarios y contratos laborales, se le añadieron otras muchas que flexibilizaron y precarizaron al máximo las condiciones de las nuevas incorporaciones, con un coste medio un 50% inferior al de un funcionario.
Hasta 2001 el número de contratados no podía pasar del 20%, lo que obligaba a las administraciones a abrir procesos de oposiciones. La LOU subió esta cifra al 49%, lo que explica que hoy figuras como el “profesor sustituto interino” o los “asociados” representen un 40% en la UB o más de un 50% en la UAM, por poner solo dos ejemplos. Una situación que ya ha sido reconocida jurídicamente como un “abuso de temporalidad”.
¿Cuál es la solución que plantea Manuel Castells para esta situación? La misma que el ministro Iceta para los interinos. Si el problema es que hay mucho personal en precario, despidamos a los precarios hasta que supongan solo el 20% del total. El pase a fijo, como reclaman los interinos o las plataformas de asociados, no está contemplado en la LOSU. Esto, además de un ataque brutal contra los que se van, lo es también contra los que se quedan, que deberán asumir una carga de trabajo extra.
Sobre los trabajadores de servicios la situación no ha sido mejor. El espíritu neoliberal de la LOU y las competencias absolutas para los equipos de gobierno ha supuesto una ola de subcontrataciones y externalizaciones de todo tipo de servicios, como cafeterías, reprografías, limpieza o mantenimiento. Otro abuso sobre el que la LOSU tampoco dice una palabra de como revertirlo. Para Castells todos estos trabajadores imprescindibles son también invisibles.
Una nueva generación que tumbe esta contrarreforma y conquiste una universidad al servicio del pueblo
En algunas universidades del Estado el movimiento estudiantil comienza a organizarse. Hemos visto las primeras asambleas y protestas en campus como el de Somosaguas de la Complutense o la Carlos III, en Madrid. El próximo 18 de noviembre hay convocatorias de concentraciones, y en algunas asambleas de facultad de Catalunya debaten ir a una jornada de huelga general estudiantil para las próximas semanas.
El hecho de que esta contrarreforma lleve el sello de un gobierno “progresista” es sin duda un factor de contención, sobre todo porque tanto Podemos, como sobre todo IU y el PCE, cuentan con influencia en asociaciones y organizaciones estudiantiles que tratan de descafeinar y frenar la emergencia de un fuerte movimiento contra la LOSU. Otras, como es el caso de Contracorriente, pelean contra esto y vienen desde septiembre trabajando allí donde tienen presencia por que surjan asambleas amplias y democráticas desde donde organizar esta lucha.
Dos décadas después una nueva generación tiene el reto de volver a “revolucionar” facultades, campus enteros e institutos. Para enfrentar un nuevo ataque en clave neoliberal contra la universidad pública, y conquistar una educación gratuita en todos sus niveles, gobernada por estudiantes, profesores y no docentes en organismos de mayoría estudiantil, financiada suficientemente con impuestos a las grandes fortunas y los beneficios empresariales y donde las empresas queden por fuera, para poder poner el conocimiento al servicios de los intereses sociales y no de su búsqueda de dividendos para sus accionistas.
Esperemos que, como en 2001 cuando las luchas contra la LOU iniciaron un ciclo de movilizaciones contra el gobierno del PP que se alargó hasta el movimiento contra la guerra de Iraq, la juventud encienda la mecha, contagie y se una con las y los trabajadores, para frenar la LOSU, y los demás ataques que prepara el gobierno “progresista”, como la nueva reforma laboral o el pensionazo. Solo así, desde la movilización social, con independencia del gobierno y peleando por un programa para que esta crisis la paguen los capitalistas, se podrá ponerle freno al ascenso de la derecha y la extrema derecha que se nutren del desencanto y desmoralización que produce el falso progresismo.
Santiago Lupe
Nació en Zaragoza, Estado español, en 1983. Es director de la edición española de Izquierda Diario. Historiador especializado en la guerra civil española, el franquismo y la Transición. Actualmente reside en Barcelona y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.