Ana Lopez @analopezd Historiadora
Martes 2 de febrero de 2016
La violación de los derechos humanos sigue siendo una realidad que viven cotidianamente amplios sectores de la población, lo que se agrava aún más con las políticas de impunidad que se instalaron desde la transición pactada a partir del acuerdo de los gobiernos civiles postdictatoriales con los militares.
Han pasado más de 42 años del Golpe de Estado y la instauración de la Dictadura cívico-militar, y otros tantos desde la transición pactada a la democracia que se basó en la continuidad económico-social de las políticas de la Dictadura, como también en la impunidad y reconciliación nacional.
En este contexto, la violación a los derechos humanos sigue siendo un grave problema que se manifiesta cotidianamente en las prácticas represivas, en la falta de derechos y en las herencias abiertas e incluso profundizadas de la Dictadura. Así, no sólo tenemos que la amplia mayoría de quienes violaron gravemente los derechos humanos siguen libres e impunes, sino que las políticas actuales del Estado y los gobiernos de turno utilizan la represión como una forma extendida de enfrentar los conflictos sociales.
La lucha de los ex presos políticos y la demanda de cárcel y castigo
Durante el año 2015, los ex presos políticos de la Dictadura se movilizaron y organizaron una huelga de hambre para visibilizar una serie de reivindicaciones, como el aumento de sus pensiones e indemnización; sin embargo, la huelga de hambre que duró casi tres meses, evidenció la falta de política del Estado hacia quienes fueron violados en sus derechos humanos durante el régimen de Pinochet, mientras la mayoría de los perpetradores de crímenes como tortura, violación, ejecución y desaparición, está libre o cumple bajas penas.
Un informe de derechos humanos señala que en Chile poco más de 100 militares o ex agentes están presos cumpliendo condena efectiva, mientras la gran mayoría sigue libre e inclusive aún existen agentes de la CNI activos y que perciben salarios. A pesar de que se reabrieron casos emblemáticos como el de Rodrigo Rojas Denegri y Carmen Gloria Quintana por la confesión de un ex conscripto, los pactos de silencio y la negación siguen ampliamente extendidas.
De esta manera, la herencia de la Dictadura sigue presente y extendida, no sólo en la impunidad y falta de castigo efectivo a los culpables, sino también en el modelo económico y social que se mantiene hasta la actualidad.
Mientras tanto, la Justicia deja libre al hijo de Larraín; Novoa está en su casa con una pena que incluso le permite volver a presentarse a elecciones; los empresarios que se coluden contra el pueblo pagan multas irrisorias; y la Justicia Militar sigue dejando libre a los responsables de asesinatos como es el caso de Manuel Gutiérrez y Nelson Quichillao.
Violación a los derechos humanos del pueblo mapuche
Diversos informes de derechos humanos nacionales e internacionales denuncian las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen diariamente de parte del Estado chileno y los empresarios de la zona contra las comunidades mapuche. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado querellas por tortura contra funcionarios de la PDI y recursos de amparo para proteger a comunidades contra los violentos allanamientos y desalojos que viven cotidianamente.
A su vez, distintas organizaciones mapuche han presentado quejas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos, para visibilizar la violencia que se vive, especialmente contra niños y adolescentes, con el uso de armas de fuego de carabineros, golpes y lenguaje racista, exigiendo que se condene al Estado de Chile y el fin de la militarización de los territorios.
Además de la extendida represión también viven el constante amedrentamiento que sufren las comunidades, y la presencia incluso de grupos armados de civiles que atacan a dirigentes y activistas mapuche. Otro problema grave es la explotación de los recursos de parte de grandes empresas como las forestales e hidroeléctricas.
Represión y criminalización de las luchas sociales
En Dictadura se detenía, torturaba y asesinaba, sin embargo, hoy también se enfrentan las movilizaciones sociales con represión masiva y también selectiva. Existen múltiples denuncias por tortura contra carabineros de parte de estudiantes detenidos en movilizaciones, como fue el caso de Cristóbal Miranda y Germán Urrutia este año, quienes denunciaron haber sido fuertemente golpeados y amenazados de muerte al interior de un carro de carabineros. Incluso Germán señaló que se le puso una bolsa plástica en su cabeza para asfixiarlo, forma de tortura usada también en dicho periodo.
No son casos aislados. Este año se condenó a un grupo de carabineros por “apremios ilegítimos”, es decir, formas de tortura, contra un grupo de jóvenes que fueron detenidos en el contexto de las movilizaciones sociales de Freirina, en el año 2012, mientras la Comisión Ética contra la Tortura y los Observadores de Derechos humanos denuncian que en cada marcha se detiene y maltrata a los manifestantes.
Durante este año también vimos el caso del estudiante Rodrigo Avilés, que producto del chorro del carro lanza aguas de carabineros, estuvo meses internado y al borde de la muerte; por otro lado, la represión en las movilizaciones y luchas terminó con la vida del obrero minero Nelson Quichillao, producto de una bala de carabineros el 24 de julio de 2015.
La carencia de derechos democráticos
La violación de los derechos humanos también se evidencia en la falta de derechos democráticos que viven las mujeres, las que son condenadas a los abortos clandestinos, a la persecución penal o a la criminalización; pero también se observa en la inequidad de la educación, la salud de mercado para ricos y pobres, la subcontratación y precariedad laboral, los bajos salarios y la mala calidad de vida de las ciudades contaminadas, lo que da cuenta de que el problema de fondo tiene que ver con un sistema que se sostiene en la desigualdad y la explotación social de las personas y los recursos naturales.
