Defensores ambientalistas. 227 ambientalistas fueron asesinados en 2020: México y Colombia encabezan ranking

En el reporte más reciente de la organización de Derechos Humanos, Global Witness alertó sobre la creciente violencia contra activistas ambientales y defensores del territorio, a su vez, a medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen.

En 2020, se contabilizaron 227 ataques letales, lo que establece un promedio de más de cuatro personas asesinadas por semana y lo convierte, una vez más, en el año más violento registrado para las personas defensoras de la tierra y la biodiversidad. Hay que recordar que a la par de los asesinatos se registran también intimidación, acoso, violencia sexual y criminalización, lo que complejiza el acceso a la justicia.

La organización advierte que existe una subestimación, ya que muchos de los ataques contra personas defensoras no son denunciados, al mismo tiempo de que un tercio de las víctimas pertenecen a pueblos indígenas, por lo que vuelve aún más precario el acceso a la documentación de los casos.

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Para el caso de las mujeres, se enfrentan a formas de violencia específicas de género, principalmente la violencia sexual. Las defensoras suelen enfrentar un doble desafío, la lucha pública para proteger su tierra y la lucha, a menudo invisible, para defender su derecho a manifestarse dentro de sus comunidades y familias.

Según Global Witness, países en vías de desarrollo concentran más del 90% de los casos de violencia, al mismo tiempo que padecen la mayoría de las consecuencias de la crisis climática, pues de los 227 asesinatos de personas defensoras registrados en el 2020, 226 tuvieron lugar en países de África, el Sureste Asiático y Latinoamérica, en esta última región se concentraron el 73% de los casos.

Casi el 30% de los ataques están relacionados con la explotación de recursos (explotación forestal, minería y agroindustria a gran escala), represas hidroeléctricas y otro tipo de infraestructura. De ellos, la explotación forestal fue el sector vinculado a la mayor cantidad de asesinatos, con 23 casos. México experimentó un gran aumento en los asesinatos relacionados con la tala y la deforestación, registrando nueve en 2020.

Empresas y extractivismo: las principales amenazas

Las actividades extractivas gozan de privilegios especiales, como el uso preferente de los territorios para su práctica sobre cualquier otro uso de la tierra, durante el 2020, el 70% de los asesinatos fueron a personas que estaban luchando por la defensa de los bosques de la deforestación y del desarrollo industrial. En Brasil y Perú, casi las tres cuartas partes de los ataques registrados sucedieron en la región amazónica de cada país.

En el informe, también se alerta de los niveles de impunidad que gozan quienes perpetran ataques contra defensores y defensoras del medio ambiente, en las que están involucradas la mayor parte del tiempo empresas extractivistas ya que se encuentran en un contexto en el que el equilibrio de poder se inclina a favor de las corporaciones.

A su vez, los gobiernos han tenido su cuota de responsabilidad, ya que en muchos casos perpetran directamente la violencia contra activistas y, en otros, posiblemente, son cómplices de las empresas. A su vez utilizaron la pandemia de COVID para fortalecer medidas represivas y para impedir el acceso a la justicia.

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México escala alarmantemente en la violencia contra defensores

Por segundo año consecutivo, Colombia registró la mayor cantidad de asesinatos en 2020, con 65 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente asesinadas. Estos homicidios tuvieron lugar en un contexto de ataques generalizados contra personas defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios de todo el país.
El confinamiento durante la pandemia de Covid-19 llevó a que las y los defensores fueran atacados en sus hogares.

Por otro lado, México ha escalado de manera alarmante en su ola de violencia contra activistas defensores del medio ambiente. Durante el año pasado, se documentaron 30 ataques letales, registrando un aumento del 67% respecto a 2019.

La explotación forestal y la tala clandestina estuvo vinculada a casi un tercio de estos ataques, y la mitad de todos los ataques en el país fueron dirigidos contra comunidades indígenas. La impunidad de los delitos contra personas defensoras sigue siendo sorprendentemente alta: hasta un 95% de los asesinatos no enfrentan ningún tipo de proceso legal.

El tercer país que encabeza la lista de asesinatos es Filipinas, donde salta a la vista el deterioro de la situación de derechos humanos, pues las personas que se oponen a las industrias son reprimidas violentamente por la policía y el ejército. Más de la mitad de los ataques letales estuvieron directamente relacionados con la oposición de las personas defensoras a proyectos de minería, tala y represas.

A pesar de las ratificaciones de acuerdos internacionales, como el Acuerdo de Escazú, la situación para las y los defensores de la Tierra y el territorio sigue siendo adversa en gran parte del mundo.

Las personas defensoras de la naturaleza son una muy importante línea de defensa contra la crisis climática, esto pues a pesar de décadas de violencia, continúan con su labor contra la voracidad de grandes capitales, urge que la clase trabajadora, junto con los pueblos originarios, campesinos y defensores, los primeros interesados en vivir bajo mejores condiciones y en preservar los recursos del planeta para generaciones futuras son los mismos, hagan suya la lucha contra el sistema capitalista, en miras a que la producción en todos los rubros sea planificada al servicio de las grandes mayorías y no para el enriquecimiento de un puñado de empresarios.

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