SITUACIÓN MARÍTIMA ENTRE BOLIVIA Y CHILE. 23 de Marzo: deslucida conmemoración de la pérdida del litoral boliviano a cinco meses del fallo en la Haya

Han pasado cinco meses desde que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) cuya sede está en La Haya, emitiera el fallo donde pone fin a las aspiraciones de Bolivia de obligar al Estado chileno a negociar una posible salida al océano pacífico, sobre la base de los compromisos formales unilaterales de Chile con el fin de resolver el conflicto marítimo con Bolivia.

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La estrategia jurídica internacional por la que apostó el gobierno de Evo Morales en unidad con la derecha patronal, de obligar a Chile a entablar un diálogo, tuvo su pico favorable más alto el año 2015, cuando la corte de la Haya se declaró competente para resolver esta demanda. Fue grande la repercusión generada a nivel internacional y sobre todo al interior del país, aprovechado demagógicamente por el Gobierno boliviano ya que este triunfo inicial que no resolvía la cuestión de fondo, le permitía crear un ambiente a favor a las aspiraciones de Evo Morales de habilitarse a una cuarta re postulación mediante referéndum que se llevaría a cabo el siguiente año.

En las gestiones 2016, 2017 y 2018, el gobierno del MAS no hizo otra cosa que exacerbar el sentimiento nacional de la población bajo la bandera del mar, intentado convencer al pueblo y convertirlo en instrumento de su ambición política. Sin embargo este procedimiento demagógico llegó a su fin en octubre del 2018 cuando el máximo tribunal internacional emitió el fallo final, concluyendo que no existe una obligación jurídica de negociar un acceso soberano al océano pacífico para el Estado boliviano.

Al otro lado de la frontera, luego del fallo de la CIJ el presidente de Chile, Sebastián Piñera, visita triunfante la ciudad de Antofagasta pretendiendo instaurar definitivamente en el pueblo chileno el sentimiento nacionalista que caracteriza a la derecha de aquel país, mejorar su imagen luego de un mes con alta desaprobación popular y de paso obtener mayor validación para sus fuerzas armadas, las que se han visto envueltas en graves problemas de corrupción. Coronando su discurso con la frase: “Antofagasta ha sido, es y seguirá siendo por siempre chilena”, dejándonos con dos interpretaciones al respecto: o quiere engañar al pueblo chileno o no entendió nada sobre la demanda boliviana.

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Pero más allá de la burda demagogia aplicada en ambos países, se encuentra la CIJ. Recordemos que es el principal órgano judicial de la ONU, organismo que desde su creación ha sido un constante instrumento de E.E.U.U. para llevar a cabo sus decisiones y cuando esto no es posible pasa fácilmente por encima de ella. Como intenta hacerlo en Venezuela, que a pesar de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vetó su propuesta de intervención, el Gobierno norteamericano activa todos sus mecanismos para seguir ahogando al pueblo caribeño.

Por lo que es de esperarse que tanto la ONU como su órgano judicial actúen permisivos con los países que estén más serviles al imperialismo como lo es Chile, en donde grandes capitales internacionales se enriquecen a costa del despojo de sus recursos naturales como el cobre, litio, etc. que se encuentran en Antofagasta, en complicidad con las burguesías nacionales que también engordan su capital explotando al pueblo trabajador.

El Gobierno de Evo Morales cae en una profunda contradicción al hacerse llamar anti-imperialista y confiar a la vez en los instrumentos del imperialismo como aquel órgano multilateral dependiente de la ONU. Esto demuestra que tiene similares intenciones que las de su par chileno, que son principalmente satisfacer a sus respectivas clases privilegiadas impulsando el nacionalismo chovinista y así poner barreras a las relaciones entre pueblos hermanos, creando un ambiente propicio para beneficiar a los capitales trasnacionales.

Es por esto que los pueblos oprimidos del pacífico y la clase trabajadora de Bolivia, Chile y Perú, deben encontrar una solución para el enclaustramiento boliviano, que esté al margen de los planes de sus respectivos gobiernos y oligarquías. La que debe estar bajo los términos de nuevas relaciones basadas en la cooperación y la solidaridad, que busque beneficiar de manera real las condiciones de los trabajadores, campesinos e indígenas de estos tres países.

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Para establecer estas nuevas relaciones de integración, es primordial que la clase trabajadora asuma su rol histórico enfrentándose a los límites impuestos por el capitalismo, superando las ideas nacionalistas y tomando una posición de clase. Todo esto en aras de la construcción de la Confederación de Repúblicas Obreras del Pacífico, como único instrumento capaz de hacer justicia para los pueblos, quienes fueron obligados a enfrentarse en una guerra servil y que hasta el día de hoy siguen condenados a la miseria y la opresión.

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