A pesar de haber sido derrotada mediante una sangrienta represión que costó miles de muertos a las masas trabajadoras y pobres, la rebelión del 27 y 28 de febrero de 1989 fue una acción de masas tan contundente que va a significar un cambio histórico en la correlación de fuerzas entre el pueblo trabajador y pobre, y la burguesía nacional y los imperialismos, abriendo una nueva etapa en la lucha de clases en el país.
Sábado 28 de febrero de 2015
La rebelión social contra el paquete neoliberal
Esta histórica y contundente protesta contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP), y su “paquete” fondomonetarista, expresó la rabia y el hastío del pueblo explotado contra la pobreza, el hambre y las precarias condiciones de vida a que estaba sometido, mientras la corrupción de los gobernantes era ya pública y notoria, en un país plagado de enormes desigualdades sociales. Fue una explosión de profundo malestar social de los de abajo con la vida que llevaban bajo un capitalismo dependiente en crisis, que para sostenerse dejaba caer en picada el nivel de vida del pueblo y conducía a millones a la miseria.
El país padecía el enorme peso de la deuda externa y la crisis económica interna, y para cumplir con los pagos de la deuda, Carlos Andrés iniciaba su segundo mandato (había gobernado ya entre 1974 y 1979) con la firma de ese mecanismo perverso de dominación imperialista que se extendió como una plaga por América Latina en los ‘80 y ‘90, una “Carta de Intención” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), comprometiéndose a medidas de ajuste a cambio de un préstamo (es decir, ¡más endeudamiento!). De manera que a pocos días de asumir la presidencia anuncia, el 16 de febrero, el paquete de medidas pactado con el FMI: devaluación del bolívar (liberación del control de cambio), reducción del déficit fiscal, que implicaba aumento de las tarifas de los servicios públicos (agua, luz, teléfono y transporte), duplicación del precio de la gasolina, liberación de precios (a excepción de 18 rubros de la cesta básica), congelamiento de los cargos en la administración pública, liberación de las tasas de interés; acompañadas de algunos programas sociales que no compensaban en modo alguno el impacto del “paquete” neoliberal.
La especulación con los precios y el acaparamiento de productos de consumo popular exasperaban los ánimos, y el alza desmesurada del pasaje del transporte público detonó la mañana del lunes 27 la explosión de rabia del pueblo trabajador y pobre que se expresó en saqueos, barricadas, quema de vehículos, comercios y módulos policiales, choques con la policía y el ejército en una decena de las principales ciudades del país, llegando en la capital a rebasar la represión policial y controlar partes de la ciudad hasta la mañana del 28.
Quienes desde muy tempranas horas viajan diariamente desde las “ciudades dormitorio” a trabajar en Caracas, se vieron ese día conminados a pagar un aumento del pasaje incluso por encima del 30% aprobado por el gobierno, desatando la protesta que rápidamente se extendió a Caracas y al resto del país. El gobierno, por supuesto, descalificó y condenó las acciones: “Los asaltos y los saqueos, la quema de automóviles y autobuses, el atraco y la violencia no forman parte de las múltiples expresiones de una sociedad democrática y el gobierno no está dispuesto a tolerarlos”.
Sin embargo en la calle la apreciación era otra. Desde el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez (enero del ’58) no se había visto tal sentimiento colectivo de irreverencia y seguridad en la justeza de ocupar las calles y desafiar en masa la represión estatal. Decenas de miles sintieron en las calles la posibilidad de poder desplegar toda la rabia acumulada con la situación de injusticias y padecimientos sociales, era el sentir legitimada cualquier acción “violenta” y “destructiva”.
La prensa burguesa reclamaba la existencia de organizaciones que encausaran el descontento, una queja que daba cuenta de la enorme crisis de legitimidad del régimen: “¿Dónde están los sindicatos que organizadamente defienden el salario de los trabajadores? ¿Dónde las organizaciones capaces de orientar a los consumidores en la lucha contra el costo de la vida? ¿Dónde los partidos políticos en condiciones de trazar líneas de acción coherentes y racionales a la ciudadanía acerca de la crisis política? Nada de eso existe. Luego, el caos no puede sorprendernos” (El Diario de Caracas, 02/03/89).
Una rebelión defensiva con gran poder desestabilizador
El Caracazo no fue propiamente una insurrección, al carecer de objetivos de poder y dirección. Sin embargo, fue una contundente rebelión popular, defensiva, ante el ataque en regla a las condiciones de vida de la clase obrera y el pueblo pobre, que constituyó una de las más contundentes expresiones de protesta obrera y popular que contra las políticas neoliberales se dieron desde finales de los ‘80 en América Latina.
Podríamos decir, en todo caso, tomando la expresión de Trotsky, que se trató de una “insurrección de fuerzas elementales”: “un movimiento de masas que, ligado por su hostilidad al antiguo régimen, no tiene perspectivas claras ni métodos de lucha elaborados, ni dirección que conduzca conscientemente a la victoria”**. En este sentido, la definición como rebelión o revuelta permite comprender los límites de esta gran explosión de malestar social.
En nuestro caso, esta revuelta significó la apertura de un período de auge de la lucha de clases e inestabilidad política: fuerte movilización social, enfrentamiento entre los poderes del Estado, fractura en las Fuerzas Armadas, alta abstención electoral, fin del bipartidismo y desprestigio de las instituciones.
La crisis terminal del “Pacto de Punto Fijo”: asonadas, juicio y caída de CAP, fin del bipartidismo
El “Caracazo” marcó el inicio de la desintegración del régimen “puntofijista”. La burocracia de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) –dominada por Acción Democrática–, que durante décadas había sido una pata del régimen, garantizando la “paz social” se vio obligada a llamar a paros nacionales, así como se iniciaban procesos antiburocráticos que minaban su control (o directamente la desplazaban) en algunos sectores. Las FF.AA., pilar del Estado burgués, entraron en descomposición y en 1992 hubo dos intentos de golpes de Estado: el del 4 de febrero, del que surgirá la figura de Chávez, y el del 27 de noviembre. Movimientos militares que no obedecían a una misma orientación política (ni aún al interior de los mismos), la crisis dentro de las FF.AA. era tal que varias corrientes conspiraban.
Por primera vez en la historia democrática del país, un presidente en ejercicio era enjuiciado, destituido y encarcelado: en las calles el “¡Fuera CAP!” era una constante, así que un sector de la clase dominante y sus partidos decidieron sacrificarlo, sacándolo de escena en mayo del ‘93, antes que fuera sacado desde abajo mediante las movilizaciones o por un nuevo golpe militar.
Hacia las elecciones de finales del ‘93, la crisis del bipartidismo se expresó en las fuertes disputas internas entre sus corrientes y divisiones, que darán un salto cuando Rafael Caldera, veterano político burgués y padre del puntofijismo, deja en el camino a su partido histórico (COPEI) y funda Convergencia, ganando las elecciones con una coalición heterogénea –“el chiripero”– que iba desde la centro-derecha a la izquierda reformista y estalinista del MAS y el Partido Comunista, respectivamente.
Por primera vez en más de tres décadas de “democracia” en el país, AD o COPEI no ganaban la presidencia y no obtenían cada uno ni una cuarta parte del total de votos nacionales. A lo que hay que agregar las denuncias de fraude –no sin fundamento– por parte de la candidatura de Andrés Velásquez, de La Causa Radical (LCR), partido de izquierda reformista, con importante inserción y ascendencia en el movimiento obrero y popular: quedó como incógnita histórica si realmente no fue Velásquez quien ganó las elecciones. En todo caso, el bipartidismo, mecanismo clave de décadas de puntofijismo, estaba muerto.
La burguesía no podía seguir gobernando con el mismo personal político y los mismos partidos con que habían gobernando desde el ‘58. Tampoco podía seguir gobernando de la misma manera que en las décadas precedentes. El chavismo, el nuevo régimen que sucederá al puntofijismo, no puede explicarse sin las jornadas de febrero del ‘89.
* Pacto de gobernabilidad firmado en octubre del ‘58 (a meses de caída la dictadura) entre los “socialdemócratas” de Acción Democrática (AD), Unión Republicana Democrática (URD) y el socialcristiano Comité de Organización Político Electoral Independiente (COPEI). Junto a los “principios” democráticos de respeto al resultado electoral, gobierno civil y alternabilidad, tuvo dos principios constitutivos no declarados: exclusión de la izquierda (en este caso el Partido Comunista, que había jugado un papel clave en la resistencia y derrota de la dictadura) y subordinación al imperialismo estadounidense. El “puntofijismo” derivó al poco tiempo en el bipartidismo de AD y COPEI, constituyéndose como un régimen altamente represivo –tomando como excusa la lucha armada en los ‘60–, inaugurando en América Latina la práctica de desaparecidos en democracia y alineado con el imperialismo yanqui.
**Trotsky, León, Historia de la revolución rusa, capítulo XX, “El arte de la insurrección”.
Ángel Arias
Sociólogo venezolano, nacido en 1983, ex dirigente estudiantil de la UCV, militante de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) y columnista de La Izquierda Diario Venezuela.
