JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES. 29 años sin justicia por el asesinato de la periodista Melissa Alfaro

Norma Méndez se encontraba en casa de una amiga, el día que le cambió la vida para siempre. Se disponían a almorzar cuando a su anfitriona se le ocurrió encender el televisor, sin imaginarse esta última, que al apretar el botón de encendido las imágenes tendrían el efecto de una bomba para Norma.

Norma no alcanzó a ver la noticia completa porque su anfitriona se interpuso entre ella y la pantalla, sólo le bastó leer el nombre de Melissa Alfaro, su hija, y de la revista donde laboraba, “Cambio” en los subtítulos para darse cuenta que algo malo estaba pasando. De inmediato salió a buscarla. Era octubre de 1991, Alberto Fujimori ocupaba la presidencia del Perú y junto a él Vladimiro Montesinos, su fiel asesor y socio, habían iniciado una de las etapas más negras de la historia republicana, el terrorismo de Estado.

Con la excusa de mejorar la estrategia contrasubversiva, Fujimori fue incrementando el poder de los servicios de inteligencia estatales (SIN y SIE), los cuales fueron usados no sólo para apresar a líderes subversivos, si no para amedrentar o desaparecer a todo aquel que fuera una voz opositora de esta estrategia o de sus planes políticos a futuro.

Según Amnistía Internacional, durante los años 89 y 93, se reportaron la mayor cantidad de denuncias de desapariciones forzadas en el Perú. Una de las voces más críticas a la nueva estrategia del gobierno, fueron las del semanario Cambio, donde a diario se fueron denunciando delitos de lesa humanidad y abusos de las fuerzas del orden, quienes actuaban amparados por decretos supremos a su medida.
Para el semanario Cambio, conforme avanzaba el gobierno de Fujimori, la situación se fue tornando más difícil. No sólo tenían que enfrentar las acusaciones gubernamentales de ser pro terroristas, como también lo hicieron los gobiernos de Belaunde y García, sino que ahora debían afrontar una “política antiperiodista” por parte de agentes antisubversivos con poder, la cual consistía en reglajes, chuponeos, amenazas de muerte, etc.

Ese 10 de octubre de 1991, mientras Norma corría desesperada a la comisaría cercana al semanario a preguntar sobre los hechos, los noticieros peruanos daban cuenta de la explosión de un sobre bomba en las oficinas de la revista Cambio “…En el hall (de la comisaría) veo a policías que estaban caminando y me acerco a un par de ellos … y les pregunto ¿Qué cosa ha pasado con la señorita Melissa Alfaro del semanario (cambio)? Y (uno) me responde - ¿usted quién es para la señorita? – es mi hija le digo, - ahhh ya, murió (me responde) con una voz de rabia, de cólera como si mi hija hubiera cometido un delito”.

El sobre que le quitó la vida a Melissa Alfaro no fue el único que explosionó ese año, en el mes de marzo uno de ellos le cercenó el antebrazo a Augusto Zúñiga miembro de la comisión de derechos humanos (CONISEDH) y abogado de casos de desaparecidos como el de los periodistas de Uchuraccay. El mes de junio, un sobre acabó con la vida de Víctor Ruiz León, quien vivía al frente del semanario Cambio y al parecer recibió el sobre por equivocación. Unos días después de la explosión en Cambio un sobre similar fue desactivado en las oficinas del diputado de izquierda Ricardo Letts. La estrategia paramilitar estaba en marcha y uno de sus objetivos era acabar con la vida de sus enemigos políticos acusados de apoyar al terrorismo. Eran comienzos de los 90’s, y para el gobierno de Alberto Fujimori cualquier persona que fuera de izquierda estaba relacionada con el terrorismo y más aún si sacaba a la luz denuncias de abusos de las fuerzas armadas.

Con la seguridad que estas acciones fueron obra del gobierno, una semana después de los hechos, el director de Cambio, Carlos Arroyo, presenta una denuncia penal por el delito de homicidio calificado ante la Fiscalía de la Nación de forma paralela, Fernando Alfaro, padre de Melissa, presenta una denuncia ante ante el Ministerio Público que fue acogida en al 17 Fiscalía Penal de Lima. El Congreso a través de la Comisión de Derechos Humanos liderada por Javier Diez Canseco, incluye el asesinato de Melissa, y el atentado a Castillo, dentro de la investigación a la estrategia contrasubversiva clandestina que estaba llevando a cabo el gobierno de Alberto Fujimori. Pero, el 05 de abril de 1992, Fujimori patea el tablero democrático y con la excusa de la obstrucción congresal para enfrentar el terrorismo, realiza el famoso autogolpe de estado, el cual no sólo representó el cierre del Congreso, si no la persecución a sus opositores. El semanario Cambio fue destruido, así como las pruebas (de la fiscalía y el congreso) que incriminaban al gobierno por la muerte de Melissa. La estrategia de la “democracia dirigida por los militares” había comenzado en el país.

Durante el año 1993, el grupo militar León Dormido hizo llegar información a periodistas independientes sobre la autoría de los sobres bomba, sindicando directamente a Víctor Penas Sandoval como el ejecutor de los sobres y a sus jefes de inteligencia del ejército como autores intelectuales. La noticia no generó mayor revuelo ni dio pase para que se realice una investigación, al contrario, un par de años después salía la ley de amnistía para el grupo Colina.

Conforme pasaba el tiempo, Norma y su familia se sumen en un estado de depresión, el autogolpe les hizo ver cada vez más lejana la posibilidad de lograr justicia para Melissa, los hechos sin esclarecer les sumieron en un silencio profundo. “Durante diez años no se dijo nada sobre la muerte de Melissa, no lo mueve la prensa, no lo mueve nadie, nosotros como familia tampoco podíamos hacerlo”, comenta Norma en una entrevista que le hace el Instituto de Defensa Legal. Con la salida de Fujimori las cosas fueron cambiando, el Perú retorna a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se da inicio a la Comisión de la Verdad y Reconciliación CVR, donde fueron entregados documentos secretos desclasificados por el Archivo Nacional de Seguridad de EE.UU. En estos materiales se da cuenta que Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos autorizaban de forma directa el asesinato de periodistas mediante el envío de los famosos sobres bomba, en este documento también se habla sobre el entrenamiento que recibieron los agentes para elaborar y enviar dichos sobres.

El año 2004 el periodista Ricardo Uceda en su publicación Muerte en el Pentagonito corrobora la información de los sobres bomba, con las declaraciones del ex miembro del denominado grupo Colina, Jesús Sosa Saavedra. Ese mismo año, Norma interpone una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, la misma que recién da trámite en el 2005. Durante el año 2010 Víctor Penas Sandoval, es apresado y declara ser el ejecutor de los sobres, sindica a sus jefes de inteligencia como autores intelectuales, sin embargo, es dejado en libertad porque no se le abrió investigación a tiempo.

Han pasado 29 años y aún no se da inicio al juicio oral. Norma sale cada año desde que se enteró de la muerte de su hija, a las calles a exigir esa justicia que aún se le niega. A sus 73 años, no va sola, su familia de sangre y la de corazón que a formado con otros familiares de desaparecidos la acompañan. Salen en protestas pacíficas gritando e incluso cantando por la justicia que hasta la fecha les ha sido esquiva, por las reparaciones que nunca llegan, por la paz arrebatada. Norma cuenta que hay parientes que le dicen que no haga problema, que deje las cosas ahí, ella recuerda que Melissa escribía por los desaparecidos como ella, por un país democrático y por visibilizar a los olvidados, entonces porque ella no va a hacer lo mismo.