En los últimos cinco meses van casi 29 mil trabajadores que se han acogido al seguro de cesantía, de los cuales el 45% son en base a la maldita Ley de Protección al Empleo. La carestía e inestabilidad de la vida de miles se ha profundizado con la pandemia y las medidas del Gobierno son insuficientes para encarar la realidad de las mayorías, por lo que es necesario luchar y organizar un paro regional para exigir impuesto extraordinario a las grandes fortunas mineras y levantar un verdadero Plan de Emergencia para encarar la crisis sanitaria y económica.
Martín López Trabajador del Litio
Domingo 16 de agosto de 2020
En la región de Antofagasta hay 28.902 trabajadores y trabajadoras que se han acogido al seguro de cesantía. De estos un 45%, es decir, 13.000, son por motivos de suspensión gracias a la a mal llamada Ley de Protección al Empleo, ley votada desde la derecha hasta el Partido Comunista.
A esto se le suman 875 que han tenido que acudir al seguro por pactos de reducción de jornada laboral, para poder complementar la disminución del sueldo. Así mismo hay 15.027 trabajadores y trabajadoras que hoy deben sostenerse en base del seguro de cesantía debido a despidos efectuados desde que comenzó la pandemia.
Todo esto contribuye a que la región de Antofagasta se encuentre en este momento ubicada por sobre la media nacional en tasa de desempleo, llegando al 12,4% donde en los últimos 12 meses la cifra de despedidos a superado las 42.000 personas.
Desde que comenzó la pandemia y la profundización de la crisis económica, la línea del Gobierno y los empresarios ha sido cargar sobre los hombros de las familias trabajadoras la crisis, donde son nuestras familias las que sufrimos los despedidos y que ponemos la mayor mayor cantidad de enfermos y muertos por coronavirus.
No bastando con esto, el actual Ministro de Economía, Lucas Palacios, ha planteado la posibilidad de que la Ley de Protección al Empleo (LPE), que ha destruido la fuente laboral de millones, pueda extenderse. Es decir, buscan seguir dándole a los empresarios mayor margen para resguardar sus ganancias a costa de la precarización de cientos de miles de trabajadores más.
Para refrescar un poco la memoria, la LPE permite a los empresarios poder suspender a las y los trabajadores sin perder supuestamente el vínculo laboral con el empleador, empujando a millones a tener que acudir al seguro de cesantía para sobrevivir por un par de meses, seguro que no garantiza el salario íntegro de las y los suspendidos, sino que parte con el 70% del sueldo líquido de un trabajador y que los meses posteriores el pago del seguro no puede bajar del 55%. En palabras simples, el 70% de las y los trabajadores que en Chile ganan menos de $500.000 pesos, de llegar a ser suspendidos, el primer mes recibiría $345.000 y el resto de los meses no más de $270.000. Ni imaginarnos la situación de quienes reciben o recibieron durante los últimos meses el sueldo mínimo. Todos estos montos se encuentran muy por debajo de la línea de pobreza.
Un paro regional para enfrentar la crisis y proteger la vida de las familias trabajadoras
Las cifras anteriores, sumado a los contagios diarios que volvieron a superar los 100 contagios en la región minera, donde además se encuentran importantes focos de contagio como la minería que, a costa de miles de contagiados y casi una decena de muertos ligados a la minería, expresa la cara más brutal de cómo los empresarios, y su amigo Piñera, descargan sin dudar la crisis sobre nuestras familias.
Lo anterior, muestra un escenario que cada vez es más insoportable para las y los trabajadores que pagamos con contagios, muertos, suspensiones o despidos que nos llevan al hambre y a una carestía de la vida cada vez más profunda.
Por lo que es fundamental, que la clase trabajadora, los pobladores, jóvenes y mujeres enfrentemos a la situación que nos arrojan los empresarios y el Gobierno. Por lo que tenemos que partir por exigir a aquellos dirigentes sindicales, como los de la CUT y de las grandes mineras, que salgan de la cuarentena en la que se han encontrado durante los meses de pandemia, y que dejen de ser en los hechos cómplices de la política criminal de los grandes capitales nacionales y transnacionales, así como también del mismo Piñera.
Necesitamos forjar organismos de autoorganización y fortalecer aquellos que jugaron un papel importante en la rebelión de octubre, como lo fue el Comité de Emergencia y Resguardo, para exigir y sacar a esos dirigentes sindicales de sus sillones, para levantar asambleas de base en la perspectiva de organizar un Plan de Lucha, en miras de un Paro Regional que parta por detener la minería y todos los servicios no esenciales, garantizando los sueldos y condiciones de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores ligados a estas industrias, levantando a su vez Comisiones de Higiene y Seguridad bajo control de trabajadores, profesionales de la salud y especialista para que seamos nosotros quienes decidamos cuando y en qué condiciones volver a producir.
Al mismo tiempo, con una fuerza realmente organizada bajo estas perspectivas, hay que exigir a las grandes fortunas de la minería, responsables del 40% de los contagios de la región, impuestos extraordinarios del 20%. Por señalar un ejemplo, sólo con este impuesto a una de las 50 grandes mineras como Escondida de BHP, que obtuvo el último año fiscal una ganancia bruta de US$5,9 mil millones, se podría cubrir por tres meses salarios de emergencia de $500.000 para toda la población de la región, y si avanzáramos por sobre las ganancias de las demás firmas mineras sólo del cobre podríamos levantar un verdadero Plan de Emergencia para enfrentar la actual crisis sanitaria y económica.
Por último, a meses del plebiscito y el inicio del proceso constituyente, el cuestionamiento a las grandes fortunas y el saqueo sin control de los recursos naturales, pone en el centro la importancia de luchar por la renacionalización de los recursos estratégicos como el cobre y el litio bajo el control de los trabajadores y las comunidades para satisfacer las necesidades de la mayoría del pueblo pobre y trabajador.
Pero sabemos, a la vez, que el proceso constituyente actual que está lleno de trampas y manipulado por el régimen, nos plantea la necesidad de retomar la organización y fuerza demostrada el 12 de noviembre del 2019, donde hicimos tambalear al Gobierno, para luchar así por imponer con la fuerza de millones una Asamblea Constituyente verdaderamente Libre y Soberana, donde seamos las grandes mayorías que podamos decidir sobre las cuestiones básicas como la salud, vivienda, educación o acabar con las AFP.
