Movimiento Estudiantil. 290 estudiantes de la Santo Tomás organizan demanda contra la institución

Estas acciones buscan ir en defensa de los derechos de las y los estudiantes, que hemos sido reducido a consumidores, en vista de un cambio unilateral de las condiciones previamente pactadas por parte de las universidades (como medida de respuesta a las circunstancias que se presentaban), y ante las exigencias del alumnado sobre la mejora de la calidad de servicio, ya que éste no se ajusta a lo pactado en el contrato.

Por su parte las instituciones, ante la idea de mitigar a través de alguna solución, sus acciones no han considerado las diversas problemáticas a las que se ve sometida la comunidad educacional, es mas, tales medidas afectan negativamente a la continuidad de un año académico normal y a la adquisición de los conocimientos en base a un buen proceso de enseñanza y aprendizaje, considerando todas las dimensiones que regulan que el servicio entregado sea de calidad.

El foco central del problema es que no todos los estudiantes poseen un computador o conexión a internet desde sus casas, entonces surge la interrogante ¿Cómo nos van a cobrar si no nos pueden educar? Pedimos enfáticamente no lucrar en tiempos de catástrofe ¡las clases online valen mucho menos!

Gran parte de la población está quedando sin trabajo, por lo que no alcanzan a sustentar sus hogares en este periodo de cuarentena. Si se suman los altos aranceles que establece la educación superior la situación se agudiza aun mas.

Las y los 290 estudiantes de los tres centros de estudio de la Santo Tomás (Universidad Santo Tomás, Instituto Profesional S.T. y el Centro de Formación Técnica) han optado por comenzar una demanda colectiva a nivel nacional considerando como problemática:

● Entrega de información inoportuna y poco específica, ya que es el derecho de los "consumidores" obtener información oportuna y veraz. La universidad no ha sido capaz de responder a esta legalidad puesto que devela una pobre capacidad de organización y gestión frente a los sucesos que afectan al colectivo educacional.
La Universidad Santo Tomás, cft e ip, evaden su obligación de respetar lo convenido con el alumno, lo ofrecido en el contrato y lo ofrecido en la publicidad. Por lo que, ante la ineficiencia de respuesta a las demandas de mejora en la calidad del servicio pactado, se interpela con un petitorio por el incumplimiento de condiciones de servicio, mismo petitorio que la universidad no está dispuesto a aceptar, ya que no considera tener algún tipo de déficit en cuanto a la entrega del servicio.

● Apertura año académico con plataforma de clases online, lo cual no corresponde a lo pactado previamente por contrato, sin expreso consentimiento del alumno, sin el reajuste de cobro correspondiente a una plataforma más económica como lo son las clases online, dando énfasis en que no garantiza que todos los alumnos cuenten con las herramientas, las cuales no fueron pedidas como pre requisito para comenzar el año académico, imposibilitando a muchos de no poder acceder a estas clases las cuales no figuran dentro del contrato. Clases mal organizadas, donde se desconoce la competencia digital, de los profesores (algunos de ellos de mayor edad) como de los alumnos, empeora la situación.

● En muchas de las carreras que imparte la institución las clases teóricas se deben complementar con la ejecución de experimentos y prácticas de laboratorio que le permiten al estudiante confrontar sus teorías e ideas, así como aplicar su propia iniciativa y originalidad en el proceso educativo. Esto hoy se ve interrumpido, por la contingencia sanitaria, por lo que la universidad, a través de sus docentes, han propuesto hacer las clases prácticas mediante videoconferencia, pero esto no es lo contratado inicialmente.

Todo este proceso, mencionado anteriormente, se ve regulado por la ley N°19.496 y ley N°21.081 de protección de los derechos del consumidor, la atribución del SERNAC en materias financieras bajo la ley N°20.555 y la ley N°20.129 del sistema Nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior.

Ante lo ya planteado se busca tomar medidas legales que favorezcan al alumnado, ya que la institución no representa los ideales de los mismos, y aún en incumplimiento de contrato, no es capaz de dar soluciones reales y concretas a las necesidades y condiciones mínimas del servicio contratado. Esto en vista de la poca, o nula, preocupación desde la institución hacia sus alumnos, mismos que financian el funcionamiento de la universidad, demostrando que tiene como único fin lucrar sin preocuparse de las condiciones en las que tiene a su comunidad educacional.

Esto es uno de tantos casos que se están generando en diferentes universidades, que organizan demandas y también paros, debido a la mala calidad educativa que proponen las “clases” online, una demanda que también levantan estudiantes secundarios y secundarias, debido a que no desarrolla el conocimiento de los estudiantes, al mismo tiempo que se mantienen el cobro de aranceles.

Además se devela la desigualdad de clases presentes en nuestra sociedad, 200 comunas cuentan con menos del 20% de penetración de banda ancha fija en el hogar, solo un 54.8% de la población cuenta con acceso a internet desde un computador, 44% de los hogares no cuentan con conexión fija a internet, de las familias de los tres quintiles con menos recursos solo un 46.1% tienen acceso a internet y para un 34.6% de población es muy costoso contratar el servicio de internet.

Por eso exigimos de forma necesaria la suspensión de los pagos de aranceles y CAE, al mismo tiempo creemos que es necesario que se retome la demanda por la educación universal gratuita, democrática, de calidad y no sexista. Sumándonos también a las demandas de los y las trabajadores que son los que costean la educación de sus hijos y/o hijas y también de los jóvenes trabajadores que financia su educación y/o aportan al sustento económico de los hogares, por eso nos sumamos al llamado de #HuelgaYa, por la prohibición de despidos durante la crisis sanitaria y a la denuncia contra el decreto de la Dirección del Trabajo, que permite a los empresarios no pagar sueldos durante la crisis.