Estado Español. 3.000 accidentes y 3 muertes en el trabajo por día laborable

Las causas más frecuentes son el derrame cerebral o infarto en el trabajo (101 fallecimientos) y los accidentes de tráfico (84). Falta de equipamiento de seguridad en los puestos de trabajo, aumento del estrés durante la jornada, rebaja de los controles de calidad en la maquinaria, mayor presión patronal, jornadas laborales maratonianas, pluriempleos para “alcanzar” un sueldo, son solo algunas de las situaciones con las que lidian millones de trabajadores cada día.

En 2017 se contabilizaron 618 muertes en el lugar de trabajo en el Estado español y más de un millón de accidentes. Cifras oficiales que seguro se engrosarían sumando los casi dos millones de trabajadores de la economía sumergida y los accidentes que las empresas y mutuas ocultan.

Las nulas medidas de seguridad, el aumento de las exigencias en el trabajo, las jornadas propias del siglo XIX son algunos de los factores que vienen aumentando de manera exponencial las “cifras sangrientas” del mundo del trabajo.

Estas cifras alarmantes, sin embargo, deben ser puestas en cuestión, puesto que la realidad de la siniestralidad laboral ofrece un panorama aún más negro. Deben ser tomadas como “aproximativas” puesto que el mundo laboral del Estado español ha impuesto una serie de filtros que reducen con mucho nuestro conocimiento general de la siniestralidad real.

En primer lugar, estas cifras no recogen las muertes y accidentes laborales de los trabajadores que tienen que ganarse el pan en la economía sumergida. Para 2014, el Consejo Empresarial para la Competitividad calculaba en 1,8 millones de trabajadores de la economía sumergida, un 11% del PIB del Estado (este organismo fue creado por Cesár Alierta y otros empresarios, entendidos en la materia de la creación de “empleo en negro”).

Para 2018 es muy probable que la realidad de la economía sumergida haya aumentado, tanto para los trabajadores precarios que trabajan 8 o más horas, pero con contratos de 2 o 4 horas diarias, como en el caso de los desempleados que han de sobrevivir sin ayuda alguna. Estos trabajadores quedan excluidos de las cifras oficiales, con lo que no puede saberse claramente cuántos han padecido siniestralidad laboral.

Otro componente de este “maquillaje” es la ocultación de los accidentes laborales por parte de las empresas, que utilizando el miedo tratan de forzar al trabajador a decir que el accidente no es laboral. Con ello se evitan “cargas económicas” con la seguridad social.

En otros casos algunas empresas ya lo tienen previsto de antemano y obligan a los parados a firmar “hojas en blanco” bajo amenaza de no contratarlos. Con ello el empresario puede tramitar su baja laboral con anterioridad al accidente y afirmar con relativa seguridad que “este desgraciado ya no trabajaba aquí”.

Así mismo, muchos trabajadores han padecido en su propio cuerpo las malas atenciones en las mutuas y ejemplos de mala praxis médica hacia ellos, consecuencias del afán de ganancias de la patronal, que incentiva a través de las partidas presupuestarias gubernamentales a las que registran menos accidentes catalogados como laborales.

Algunas páginas como una de CCOO en la que se aconseja a los trabajadores acudir con una grabadora a la atención del médico en la mutua muestran la extensión de estas prácticas. Además, es curioso que en muchas mutuas los trabajadores se encuentren en el despacho del médico con placas en las que se menciona que el doctor es considerado “autoridad pública”, algo que no se verá en la seguridad social.

Otro problema es que sanidad no contabiliza los casos de cáncer a nivel estatal. Sin embargo, con las gripes y otras enfermedades se hace. ¿Y qué tiene que ver esto con la mortalidad laboral? Mucho.

Se puede observar en el caso del uso del amianto en mucho centros de trabajo hasta 2003, a pesar de ser prohibido a nivel europeo por ser cancerígeno hace 40 años. También en la concentración de casos de cáncer en regiones industriales químicas, determinados centros de trabajo, centros médicos, centrales nucleares, etc.

Esto es conocido por los médicos y los trabajadores, pero a los ministerios se les pasa de largo. Estos casos muestran que muchas veces la siniestralidad laboral y las muertes no sólo se ciñen a los trabajadores, sino que muchas veces se extienden a sus familias o vecinos a través de la contaminación.

A la vista de estas evidencias, que cuestionan las estadísticas oficiales, debemos ser conscientes de lo altas que pueden llegar a ser las cifras reales de muertos y la siniestralidad laboral.

Debemos dejar claro a la patronal y las administraciones, que la vida y la salud de las personas están muy por encima de la producción y sus beneficios. No podemos seguir dejando que la crisis, y la voracidad sin escrúpulos de los empresarios, nos cueste diariamente nuestra salud e incluso nuestra vida. Nuestras vidas valen más que sus ganancias.