Ya transcurrieron dos semanas desde que comenzaron las primeras movilizaciones docentes de brazos caídos en Antofagasta, a causa de la mala implementación del retorno a clases y de las pésimas condiciones en que se encontraban escuelas y liceos, producto del abandono de las autoridades.
Patricia Romo Profesora del Liceo Domingo Herrera B-13. Integrante de la Agrupación Nuestra Clase Antofagasta.
Domingo 10 de abril de 2022
El pasado miércoles, los docentes de Antofagasta comenzaron un paro de 48 hrs ante la inacción de las autoridades de CMDS y la alcaldía. El resto de la semana se fueron sumando más establecimientos al paro (que ya suma 34 escuelas y liceos paralizados), así como también otros gremios de la educación como el Sindicato de Asistentes de Aula y el SITRACC.
Pese a que la protesta y el paro presionó al alcalde a recibir por primera vez a los representantes de estos gremios, las comunidades escolares aún no reciben soluciones concretas.
Jonathan Velásquez sigue eludiendo la responsabilidad que tiene como Presidente de CMDS y como la principal cabeza de los más de 50 recintos educacionales de la ciudad; así como sigue eludiendo un diálogo permanente con sus comunidades y representantes. Pero las falencias en la educación pública de la comuna siguen ahí, visibles a los ojos de todos, y cada día surgen nuevos petitorios en cada escuela relacionado a aspectos mínimos: comedores y baños decentes, insumos sanitarios y de higiene suficiente para todos los días, reparación de la infraestructura decadente, acondicionamiento apropiado de los recintos, construcción de nuevas salas, implementar internet y dispositivos tecnológicos como corresponde, etc.
Todo esto ocurre producto de una educación de mercado forjado desde la dictadura donde los municipios usaron los fondos públicos de la educación y la salud como “caja chica” (la crisis del municipio en Antofagasta y la fuga de Karen Rojo es una de las tantas muestras de ello) y donde esos fondos que entrega el estado son irregulares e insuficientes para cubrir las necesidades de las escuelas. Más aún después de la pandemia, donde el gobierno de Sebastián Piñera dejó totalmente desfinanciada a la educación pública, y donde su único eje estuvo en los discursos agobiantes contra los docentes de parte del Ministro Raúl Figueroa, que empujaba a un retorno presencial prácticamente desde el inicio de la pandemia, sin implementar nada en los hechos.
En estas circunstancias, y transcurrido un mes de clases presencial este 2022, la crisis de la educación pública terminó por estallar como una olla a presión en todo Chile. La única medida hasta el momento del gobierno entrante de Gabriel Boric ha sido la flexibilización de la Jornada Escolar Completa (la cual deja en manos de los Consejos Escolares de cada establecmiento, organismo que no siempre funciona de manera democrática y que muchas veces ni siquiera se constituye de forma correcta, producto del autoritarismo de los directores y demás autoridades). De recursos frescos, y planes concretos de finanzas para levantar a la educación de esta crisis, todavía no sabemos nada. Es decir, el manejo de la educación a nivel nacional sigue siendo el mismo.
La educación pública en Antofagasta se encuentra a punto de enfrentar un eventual traspaso a “Servicio Local de Educación Pública” (SLEP), organismo creado durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en el marco de su Ley NEP (Nueva Educación Pública), como una respuesta totalmente insuficiente al problema de la educación municipal en el país.
Lamentablemente -y tal como preveíamos ls docentes en 2016 y 2017 cuando rechazábamos esta ley- los SLEP sólo vienen a precarizar más aún la educación, sin hacerse cargo de las millonarias deudas salariales y previsionales que han generado todos estos años los municipios con los docentes y demás trabajadores de la educación. Pese al rechazo nacional del profesorado, la ley se aprobó gracias a la complicidad (y traición nuevamente) del entonces Presidente nacional del CdP, Jaime Gajardo (PC). La ley fue implementada ya en el gobierno de Piñera, y contó con la pasividad e inacción de Mario Aguilar como presidente del gremio, el cual no buscó organizar a las bases a nivel nacional frente a este ataque, sino más bien aplicó la lógica de que en cada lugar se resistiera y se resolvieran los problemas localmente.
Además esos traspasos, que ya han ocurrido en la mayor parte del país, vienen acompañados de una gran cantidad de despidos, inestabilidad laboral, y aún menos presupuesto a las escuelas y liceos, que desde ya se encuentran en estados de pobreza importantes.
Al igual que cuando se produce una privatización de una empresa, se comienzan a degradar las condiciones laborales (y en este caso de enseñanza), desde antes del cambio de empleador. Y en el caso de la educación pública comunal esto inició desde la pandemia, cuando se empezaron a desmejorar las condiciones de trabajo de los docentes, empezamos a perder derechos que habíamos adquirido, y la educación pública empezó a descansar en los recursos de los propios trabajadores de la educación, implementación tecnológica y conectividad que salía de sus propios bolsillos.
En este marco se hace urgente fortalecer la organización docente, seguir buscando la unificación de todos los que hoy se organizan y están en pie de lucha contra esta precariedad de la educación pública, a través de nuestras asambleas y actividades coordinadas.
Tras dos años sin asambleas y sin organización, los profesores de Antofagasta tuvimos que autoconvocarnos, ya que las dirigencias del CdP nacional y local no hacen nada por abrir las sedes y fomentar los espacios democráticos y las asambleas abiertas a las bases. Esta falta de diálogo e intercambio, y la falta de democracia en el gremio a nivel nacional, mantuvo al CdP en una actitud meramente defensiva frente a los dichos de Raúl Figueroa durante la pandemia. Actualmente, lo único que vemos es más pasividad, y una espera eterna de las reuniones con las autoridades, esta vez con el nuevo ministro de educación Marco Ávila.
Durante esta semana que viene se anuncia la visita a de dirigentes nacionales y regionales, como Carlos Díaz Marchant y María Ojeda (ambos del directorio nacional), para dar su apoyo a la movilización en Antofagasta. Tras estos dos años de pasividad de nuestro gremio en la escena nacional, es de esperar que Díaz y Ojeda se propongan venir a fortalecer la organización de las bases mediante la coordinación y amplificación de nuestra lucha, que se pongan a disposición de exigir ya la inyección de recursos frescos al gobierno, así como dar una pelea contra la implementación de los SLEP (que es el plan de fondo de toda esta precariedad que nos impusieron), y que la educación pase verdaderamente a manos del estado para recibir un financimiento real y directo, y de acuerdo a las verdaderas necesidades de las comunidades escolares.
