Más de 15 millones de electores deberán pronunciarse durante esta jornada para aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución elaborada por la Convención Constitucional. El organismo fue convocado por el acuerdo del 15N entre los partidos de los “30 años” en medio de las protestas de 2019 para desviar la movilización. La votación será la primera en 10 años con voto obligatorio, lo que llena de incertidumbre el resultado pese a que las encuestas daban por ganador al rechazo. El gobierno de Boric, la oposición de derecha, los medios de comunicación y los grandes empresarios se juegan -más allá del resultado- a un “acuerdo nacional” o un retorno de la política de los consensos tras la votación. El objetivo declarado es moderar el texto en caso de ser aprobado o convocar un nuevo proceso más limitado. Revisa cuatro claves para entender la histórica votación de este domingo.
Domingo 4 de septiembre de 2022
Este domingo se realizará la quinta y última votación seguida desde la rebelión de octubre de 2019. En la elección están convocados más de 15 millones de electores que por primera vez en 10 años, tendrán la obligatoriedad de votar. Se trata de elecciones inciertas, donde si bien todas las encuestas daban por ganador al rechazo, estas últimas semanas el apruebo habría acortado las distancias. Una muestra de eso fue el multitudinario cierre de campaña en la Alameda con centenares de miles de personas, mientras que el rechazo apenas hizo una concentración con 400 personas. Como sea, las últimas declaraciones de los analistas daban cuenta de un escenario abierto.
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1. Clima de polarización en la campaña, incertidumbre en los resultados y consenso en las alturas
Durante las últimas semanas se hizo más evidente el clima de polarización de las campañas oficiales con episodios como el atropello de un ciclista del apruebo por parte de huasos del rechazo en plena alameda. Pese a lo anterior, el gobierno, la oposición, los empresarios y los principales medios se encuentran hace semanas en una intensa campaña por un acuerdo nacional que dé certidumbre a los empresarios y modere las expectativas de cambio en cualquiera de los dos escenarios. Se trata de la consecuencia lógica del desvío constituyente y un esfuerzo del régimen por revivir la política de los consensos que rigió al país desde el fin de la dictadura bajo el consenso neoliberal.
Parte de este acuerdo incluye: i) la negociación del camino post plebiscito y un cambio de gabinete hacia el centro por parte del gobierno; ii) moderar las reformas en el terreno económico del gobierno continuando y profundizando el camino de ajuste fiscal; iii) y por último, recomponer la autoridad de las fuerzas de seguridad del estado continuando con la militarización del Wallmapu, la detención del dirigente mapuche Héctor Llaitul, y golpeando a los sectores que están más a la izquierda como las y los secundarios. Eso sí, todo dependerá del resultado de esta noche. Como se deslizó por la prensa en las últimas horas, de darse un resultado holgado del rechazo, la derecha pediría incluir en el acuerdo la moderación de las reformas del programa de gobierno de Boric que hoy se tramitan en el congreso (tributaria y de pensiones).
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Este escenario de decepción con la Convención que aceptó cada una de las exigencias del poder constituido, se negó a liberar a los presos políticos y Piñera siguió libre. A esto se suma la moderación del gobierno y los embates de una situación económica adversa con subida del costo de la vida y ajuste fiscal, le han abierto espacio a la derecha del rechazo desde hace meses, lo que le ha permitido ganar terreno en la intención de voto. Así, el rechazo pasó de representar alrededor del 20% en el plebiscito de entrada y la elección de los convencionales, a liderar las encuestas de forma ininterrumpida desde abril.
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A pesar de este avance, los resultados son inciertos. A la obligatoriedad del voto por primera vez desde 2012, se suma el hecho que ha sido complejo determinar qué número de personas efectivamente concurrirá a las urnas, algo que podría cambiar los resultados de lado y lado. Desde 2012, la participación electoral nunca ha superado el 60% del padrón. De las 10 elecciones que han ocurrido desde ese año, la segunda vuelta de 2021 entre Boric y Kast marcó el punto más alto de participación con un 56% y más de 8,3 millones de electores. Para estas elecciones varios analistas pronostican que votarán más de 10 millones, con varios cientos de miles que será su primera elección y por lo tanto su voto será impredecible.
2. ¿Qué pasará el día siguiente de la elección?
Como parte de los mutuos gestos de estos días, este viernes el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre dio a conocer que si triunfa el apruebo, el presidente Boric convocará a un comité de expertos transversal con miembros del rechazo para implementar la nueva constitución. El gesto no es casual ni se trata de un asunto decorativo, el actual parlamento dominado por la derecha y la concertación deberá dictar 61 leyes y 73 adecuaciones normativas hasta 2026 para implementar la nueva carta fundamental. Boric ya había adelantado un acuerdo entre los partidos de gobierno para moderar aún más la propuesta constituyente a inicios de agosto. Además, Latorre especificó que Boric dará un discurso en solitario cuando estén los resultados para entregar una señal de neutralidad. “No habrá vencedores ni vencidos” ha sido la frase que han instalado desde la Moneda.
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En caso de triunfar el rechazo, que es el escenario más probable de las conversaciones, se optaría por un acuerdo que incluya un nuevo proceso constitucional. Esta vez más acotado y con una serie de adecuaciones que lo harían más restrictivo y con más peso de los “expertos” del régimen. Por una parte habrían elecciones a final de año con listas nacionales o regionales, eso sí, sin posibilidad de que compitan listas de independientes. Además, se usaría de base el proyecto de Bachelet II y el reglamento de la Cámara de Diputados. Incluso se ha hablado de solo tener un único conjunto de asesores para todas y todos los convencionales.
Además del mensaje de la noche de la elección, Boric se encuentra preparando un cambio de gabinete. Si bien todo dependería del resultado y la holgura del mismo, se da por descontado que tras la elección, sería el Socialismo Democrático quién tomaría más peso dentro del gabinete. En particular sería el PPD, partido de Lagos quien podría quedarse con el Ministerio del Interior a través de la ex alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá. En el caso de la Segpres, el ministerio a cargo de Jackson, sería un integrante del mismo partido RD quien lo reemplazaría. Se trata de Miguel Crispi, ex diputado y actual Subdere que hace unas semanas se encontraría negociando con los partidos.
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3. Los alcances y límites del texto propuesto por la Convención
El nuevo texto de la Constitución reconoce varios derechos que el pueblo venía peleando en las calles desde hace décadas, desde mucho antes de la revuelta, pero deja también muchos afuera, y sobre todo, deja en pie varios de los pilares odiosos del capitalismo chileno. Un derecho que se logró fue el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Otros derechos importantes que se conquistarían son derechos laborales fundamentales como el derecho a huelga, que hoy está restringido para el sector público, la negociación sindical por rama productiva, para la que habrá que implementar un nuevo código del trabajo, el derecho a la vivienda, al agua, derechos medioambientales, entre otros.
Una de las grandes limitantes de la nueva Constitución es que deja en pie los principales pilares del capitalismo neoliberal chileno. Uno de ellos es el saqueo de recursos naturales como el cobre y el litio, que seguirá en manos de las transnacionales y los empresarios dueños del país. Estos recursos estratégicos que son multimillonarios podrían servir para responder a las enormes dificultades de la crisis que golpea a trabajadores y sectores populares. Además, las odiadas AFP seguirán en pie, e incluso recientemente, el gobierno de Boric ha asegurado que tendrán un lugar en el nuevo sistema de pensiones que propondrá tras el plebiscito.
Tampoco se establece el fin del negocio en la Salud. Se habla del fin de los seguros privados de salud (Isapre), que hoy son optativos frente al sistema público (Fonasa), pero la cosa no es para nada así porque el esquema privado seguirá operando a nivel de las prestaciones de salud, es decir, a través de clínicas, succionando una parte grande de los recursos del sector público. O sea, decidieron preservar las enormes ganancias de los especuladores y de los empresarios de la Salud.
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En una reciente entrevista, el economista y profesor de la Universidad de Cambrigde, José Gabriel Palma caracterizó el proyecto de nueva constitución como asimétrico porque si bien avanzaba en una serie de elementos, mantenía intacta la estructura económica rentista que consagró la constitución de la dictadura. Al respecto, el académico señaló que el gasto social real que podría existir para los derechos sociales que están en el papel, serían mínimos.
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4. La necesidad de una salida independiente desde las y los trabajadores
Desde La Izquierda Diario y el PTR hemos sido parte de los que desde hace décadas de la pelea por terminar con la herencia de la dictadura, en ese sentido compartimos el anhelo de millones por acabar con la Constitución de Pinochet. Pero la Constituyente no ha sido una herramienta para conquistar las demandas de octubre o para terminar con los privilegios de unos pocos, las desigualdades estructurales y las miserias de este sistema. Al contrario, ha estado al servicio de la desmovilización y desmoralización de las y los luchadores, el fortalecimiento de la derecha y la restauración de la legitimidad del viejo régimen.
No hay que convalidar una Constitución que establece nuevas bases para la explotación y la opresión del Estado capitalista y patriarcal chileno. Desde el PTR peleamos por una sociedad sin explotación ni opresión, y consideramos que para ir hacia ahí, la clase trabajadora y el pueblo tenemos que construir una alternativa política propia con un programa que dé respuesta a nuestras necesidades.
Para conquistar nuestros derechos tenemos que retomar el camino de la lucha y la organización, para exigir las demandas de octubre pero también imponer un programa de emergencia que dé respuesta inmediata a las acuciantes necesidades del pueblo trabajador. Partiendo de demandas básicas, en contra de la criminalización y militarización del territorio mapuche, donde el estado de excepción que lleva más de cien días, contra la prisión política que se está implementando contra dirigentes mapuche, y además por medidas básicas para que esta crisis no la pague el pueblo trabajador, como el salario acorde a las necesidades de las familias, y avanzando en un programa anticapitalista para que la crisis la paguen los grandes empresarios.