El 25 de Noviembre tendrá lugar el juicio contra Raquel Tenías, activista política detenida tras las Marchas de la Dignidad.
Nadia Celaya Zaragoza
Lunes 14 de noviembre de 2016
El 22 de Marzo de 2014 miles de personas venidas de todo el territorio del Estado Español llenaron las calles de Madrid en la histórica manifestación conocida como las Marchas de la Dignidad. Millón y medio de manifestantes unieron sus voces para pedir “pan, techo, trabajo y dignidad”
Ante el éxito de la convocatoria, el Gobierno sacó a la calle su instrumental represivo, cientos de agentes de policía, tanto de uniforme como de paisano, cumplieron con la orden de la entonces Delegada del Gobierno del Estado Español en Madrid, Cristina Cifuentes, de intervenir contra los manifestantes.
Ocurrió antes de terminar el acto final, causando decenas de heridos. Cuando la movilización fue disuelta, empezaron las detenciones, 24 en total, entre ellas Raquel Tenías, militante de IU y activista de distintos movimientos sociales. Mientras iba de regreso con otros compañeros y compañeras hacía los autobuses que volvían a Zaragoza, “se vio arrastrada por una marabunta de personas que corrían huyendo de una carga policial en la Puerta de Alcalá y, acto seguido, fue placada por varios agentes de la Policía, que la tiraron al suelo y se la llevaron detenida a la comisaría de Moratalaz", explicó IU.
Casi 48 horas estuvo detenida en el calabozo. A su puesta en libertad declaraba los malos tratos, la violencia verbal y el acoso psicológico sufrido por las personas retenidas aquel día en las dependencias policiales. “Hemos recibido un trato inhumano y vejatorio”. “Nos han tenido siete horas de pie, en una habitación de la comisaría de Moratalaz, desde las 22.00 a las 4.30 horas de la madrugada. Sin comer, sin beber. Mirando a la pared. Vigiladas por cuatro policías que hacían turnos para descansar. Una sola silla en la habitación dónde ‘nos permitían’ sentarnos por turnos, aunque no a todas, porque a algunas de las personas detenidas les prohibían usar la silla” explicaba Raquel para algunos medios.
Dos años y medio después, Raquel tendrá que sentarse en el banquillo, acusada de desórdenes públicos porque la policía atestigua que lanzó objetos contra la Embajada de Francia y atentado a la autoridad porque dicen que hirió a un policía.
La fiscalía pide un total de 4 años y la única prueba para inculparla es el atestado policial. Fue una detención al azar, una cabeza de turco utilizada por el Gobierno y su órgano represor para ejemplarizar a toda aquella persona que pretenda alzar la voz contra sus políticas y privilegios.
Desde su detención se puso en marcha la campaña por su absolución que ahora se vuelve a avivar al estar fijada la fecha del juicio, recibiendo numerosos apoyos de partidos políticos y movimientos sociales.
