OPINIÓN. 40 años del golpe: Macri, Obama y una memoria con olvidos

En su libro El país de la guerra Martín Kohan afirma que, cuando habló Videla, “se tornó evidente lo que, en el fondo, ya sabíamos: que no se libra una lucha de la memoria contra el olvido, sino una lucha entre diversas memorias en conflicto; que cada una de esas memorias entabla su propia relación dialéctica con el olvido”.

Kohan hacía referencia al relato construido por Videla, en el libro Disposición Final de Ceferino Reato, para justificar el accionar de las FF.AA. durante la última dictadura. Un texto que, según el autor de Dos veces junio, revela poco y nada. Su “novedad” radicaba en que Videla asumía –al hablar en primera persona- aquello que era ampliamente conocido.

La relación entre memoria y olvido bien podría ser retomada hoy. A punto de cumplirse el aniversario número 40 del golpe genocida, el Gobierno nacional ensaya una suerte de memoria selectiva útil a sus objetivos políticos. No defiende el “olvido” ni la impunidad para los genocidas como podría haberse esperado de un espacio político que hizo una suerte de culto el negar la ideología en pos de “dejar atrás el siglo XX”.

En ese marco, se festeja la noticia de la desclasificación de archivos por parte del gobierno de EE.UU. pero -paradoja discursiva- se mantienen bajo siete llaves los archivos del Estado argentino sobre el mismo período.

No está en el programa del gobierno nacional la desclasificación de esa documentación. Un objetivo así solo sería posible a condición de que se tratara de una medida tan limitada que impidiera constatar los vínculos entre el clan Macri y el gobierno de Videla o sus sucesores. Vínculo que no fue exclusivo de la familia del actual presidente, sino que alcanzó al gran capital en su conjunto.

Dos demonios y guerra sucia

Por su historial y por su “doctrina”, el Gobierno de Macri concentró y concentra las esperanzas de las capas más reaccionarias de cierta intelectualidad que aspira a terminar con la “ola de venganza” que expresarían, en su visión, los juicios a los genocidas.

De allí que no resultara (tan) sorprendente aquel famoso editorial de La Nación que, a horas del triunfo de Macri, exigía terminar con los juicios a los genocidas. Tampoco deberían, en ese marco, asombrar las declaraciones de Darío Lopérfido y, menos aún, las del historiador liberal Luis Alberto Romero, todas en la misma tónica.

En solo tres meses la “teoría de los dos demonios” emergió de manera recurrente. Aunque el secretario de DD.HH. reitere que no habrá “retorno” a la misma, todo lo que ocurre es parte del clima político e ideológico que el macrismo propugnó por años. La condena a la “grasa militante” o el rechazo a la ideología son componentes de una suerte de (mini) aparato conceptual que nada en esa dirección.

Nuevamente por estas horas volvió a quedar en evidencia la inconsistencia del relato gubernamental sobre la memoria y los derechos humanos. Macri ya recibe a su par de EE.UU. que, según la definición orquestada en Washington, viene a rendir homenaje a “las víctimas de la guerra sucia”.

Como recuerda Paula Canelo en el interesante libro La Política secreta de la última dictadura argentina, fue Videla en setiembre de 1977, durante una visita a Washington, quien “explicitó la llamada “tesis de la guerra sucia” y los “excesos”, primera interpretación que propuso el régimen militar para dar cuenta de las inocultables evidencias de lo que luego se iría revelando paulatinamente como un plan de exterminio sistemático, y planificado desde el Estado”.

El concepto trasunta la idea del “exceso” como eje central para justificar lo actuado por los genocidas. Los límites en una guerra nunca están prefijados. La “contaminación” de la misma puede devenir inevitable. Los “daños colaterales” son (o pueden serlo) inevitables. Que Obama sostenga esta concepción no debería entonces sorprender.

Así, el concepto de “guerra sucia” –no rechazado por el gobierno hasta el momento- le impone su impronta al de “memoria”. Una idea restringe a otra, la limita, la condiciona. Le impone –volviendo a Kohan- los marcos que empujan al olvido.

Memoria e impunidad

El kirchnerismo, en pos de restaurar el prestigio del Estado tras las álgidas jornadas revolucionarias de diciembre del 2001, se apropió de banderas levantadas por décadas -casi en soledad- por los organismos de DDHH, las organizaciones populares y la izquierda. En los años 90’, la consigna de “cárcel a los genocidas” había sido tan ajena al peronismo oficial como el credo estatista. Privatizaciones e indultos fueron parte de un minué que todos y todas bailaron por aquel entonces.

Sin embargo, la cárcel para los genocidas se instaló como parte de nuevo sentido común político-cultural en la última década. La impunidad a los represores fue socialmente rechazada. Hace menos de un mes, en el inicio de las sesiones legislativas nacionales, pudimos constatarlo. Allí, un tanto forzadamente, Mauricio Macri pronunció el pedido de “Nunca Más”.

Pero los límites de la política del kirchnerismo se evidenciaron en que, mientras se desarrollaban los juicios contra los genocidas, se sostenía la continuidad real de la impunidad en amplios sectores del aparato estatal y la llamada sociedad civil.
Genocidas como César Milani ocupando la cumbre del Ejército; espías como Stiuso dirigiendo la SIDE; jueces ligados a militares interviniendo en algunas de las causas y, cuestión no menor, empresarios que impulsaron el genocidio libres e impunes. No se precisa una memoria prodigiosa para recordar las palabras de Carlos Blaquier -dueño del Ingenio Ledesma- cuando se declaraba enfervorizadamente “cristinista”.

La casta judicial imbricada al poder económico y sectores del aparato represivo, es la que hoy dispara fallos que dejan libres a ese empresariado. Junto al nombre de Blaquier se pueden inscribir otros como el de Vicente Massot, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble.

Historia, política y genocidio de clase

No resulta un detalle la impunidad de la que gozan los capitalistas. El kirchnerismo, en su discurso, ubicó al poder económico concentrado detrás del golpe, superando la teoría de los dos demonios. Lo hizo, sin embargo, a condición de no atacarlo directamente. Precisamente por eso, los pocos juicios contra empresarios fueron tardíos y limitados.

Para el relato macrista esto resulta un tema tabú. El presidente debería impulsar el juicio contra su propio padre y muchos de sus actuales aliados. De allí que su reivindicación de la memoria solo apele a los militares que dieron el golpe o, a veces, ni siquiera a eso.

Lo que desdibujan las distintas memorias o relatos es el trasfondo social y político del golpe militar. Trasfondo marcado por el ascenso revolucionario de los años 70 -iniciado en Córdoba en mayo del 69- y que tendrá su punto más álgido en las jornadas revolucionarias de junio y julio de 1975, cuando la movilización obrera puso de pie las Coordinadoras Interfabriles, paralizó el país a pesar de la dirigencia sindical peronista e hizo temblar al poder burgués.

Esa insurgencia obrera fue la que la dictadura vino a liquidar. Los datos están ahí para confirmarlo. La historia no es solo relato sino, hasta cierto punto, ciencia rigurosa.

Entre 1976 y 1977 la caída del salario real fue superior al 40 % y la participación de los asalariados en el ingreso nacional bajó al 25 % del total. El salario real en el sector público cayó un 34 % entre 1975 y 1977. Mientras tanto la inflación de los precios minoristas fue del 348 % en 1976, del 160 % en 1977 y del 170 % en 1978, por solo citar los primeros tres años del llamado Proceso.

En el libro Cuentas Pendientes (compilado por Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky) Eduardo Basualdo señala que “durante las dictadura militar se intervino la CGT; se suspendieron por tiempo indeterminado las negociaciones salariales, el derecho de huelga y toda medida de fuerza; se eliminó el fuero sindical; se autorizó a dar de baja, sin sumario, a los trabajadores estatales; se nombraron interventores militares en las principales organizaciones sindicales; se autorizó al Ministerio de Educación a suspender total o parcialmente el Estatuto Docente; se aplicó nuevamente la Ley de Residencia, que habilitaba la expulsión de los sospechados de atentar contra la seguridad nacional”.

En el mismo libro, páginas más adelante, Martín Schorr precisa una definición: “En términos estratégicos, se apuntó a alterar de manera radical y con carácter irreversible la correlación de fuerzas derivada de la presencia de una clase obrera industrial acentuadamente organizada y movilizada en términos políticos-ideológicos”.

Todo evidencia las marcas de un genocidio de clase. El llamado Proceso de Reorganización Nacional vino a reordenar el país en interés del gran capital local e imperialista. Eso conllevó el aplastamiento sangriento del movimiento obrero junto a la vanguardia juvenil y popular.

Esa es “nuestra memoria”, opuesta a las memorias “oficiales”. Su ligazón con el olvido excede la tolerancia dialéctica. Lejos de ello es motor de lucha contra la impunidad, pero también contra la represión. El olvido no es opción. La impunidad para los genocidas y sus cómplices civiles tampoco. Por eso las calles volverán a ser nuestras este 24 de Marzo. Una vez más, como hace casi cuatro décadas.