Casi 43 años tuvieron que pasar para que se dictara por fin una condena a los asesinos responsables de la muerte de prisioneros políticos en el campo de detención de Pisagua.
Miércoles 17 de agosto de 2016
El Ministro en visita de la Corte Mario Carroza condenó a siete militares por secuestro y homicidio calificado de prisioneros políticos en el campo de concentración de Pisagua.
La condena incluya pena de presidio perpetuo para Sergio Benavides Villarreal y Manuel Vega Collado, como autores de secuestro calificado y homicidio calificado.
Mientras que “Roberto Ampuero Alarcón, Gabriel Guerrero Reeve, Sergio Figueroa López y Arturo Contador Rosales fueron condenados a penas de 15 años y un día de presidio por su responsabilidad en los tres delitos de secuestro calificado y por los homicidios calificados de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón y Luis Lizardi Lizardi”.
Por otro lado, Miguel Aguirre Álvarez “fue condenado a la pena de 10 años y un día de presidio por su responsabilidad en los tres secuestros calificados”.
Sergio Benavides Villarreal era un oficial de la Armada, acusado de disparar contra varios presos políticos de Pisagua, entre septiembre de 1973 y junio de 1974
Los ejecutados políticos fueron Miguel Nash Sáez un joven conscripto de 19 años que se negó a ser parte de las matanzas de la dictadura, por lo que fue dado de baja y asesinado; Jesús Cañas Cañas de 48 años, militante socialista e interventor de las industrias pesqueras; Juan Jiménez Vidal de 42 años y trabajador de Aduanas, y de homicidio calificado de Marcelo Guzmán Fuentes 34 años, Jefe del Hospital de Iquique y militante del Partido Socialista; Juan Calderón Villalón de 25 años y también militante socialista, Luis Lizardi Lizardi de 29 años, socialista, Julio Cabezas Gacitúa de 45 años, Procurador del Consejo de Defensa del Estado, militante socialista y acusado de “traición a la patria”, Julio Córdova Croxatto de 35 años y militante del MAPU, Mario Morris Barrios de 27 años y trabajador de Aduanas, Humberto Lizardi Flores de 26 años, profesor de inglés y militante del MIR, y Juan Valencia Hinojosa de 51 años, Jefe Provincial de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA) en Iquique, militante del Partido Comunista.
El fallo de Carroza indica que “tras el 11 de septiembre de 1973, se instaló en el cuartel general de la Sexta División del Ejército, bajo el mando del general Carlos Forestier Haenseng (fallecido) un operativo de represión permanente a militantes y simpatizantes de los partidos del gobierno depuesto con la denominación de CIRE, y que actuaba por orden y orientación del fiscal militar de la época Mario Acuña Riquelme (fallecido)”.
Muchos de los detenidos se presentaron voluntariamente y otros fueron secuestrados o detenidos en otras ciudades del país y luego trasladados a Pisagua “donde eran sometidos a interrogatorios bajo apremios físicos por orden impartidas por el comandante Forestier o el fiscal militar Acuña”, donde se les obligaba a firmar papeles en blanco para “justificar acusaciones falaces ante Consejos de Guerra simulados y poder solicitar en éstos, condenas como la pena de muerte” por lo que muchos fueron fusilados.
El 19 de septiembre fueron sacados de sus celdas los detenidos y “fueron ejecutados en las cercanías del campo de prisioneros bajo el pretexto de que habrían intentado fugarse mientras eran trasladados fuera del lugar”.
Posteriormente, “los cuerpos fueron envueltos en arpilleras y luego inhumados en una fosa en el Desierto de Atacama. Con posterioridad, a mediados del año 1990, son encontrados los restos de Calderón Villalón, Lizardi Lizardi y Marcelo Guzmán Fuentes, pero no se encuentran antecedentes de los cuerpos de Juan Jiménez Vidal, Jesús Nolberto Cañas y Michel Nash Sáez, quienes actualmente se mantienen desaparecidos”.
Algo similar ocurrió con otros detenidos. El fallo de Carroza incluye la indemnización de parte del Estado a los padres y familiares.
