Carlos Mignon Doctor en Historia, autor de Córdoba Obrera. El sindicato en la fabrica 1968-1973.
Domingo 26 de octubre de 2014 10:45
“La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando éstos aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria es precisamente cuando conjuran temerosos en su exilio los espíritus del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal.”
Karl Marx, “El 18 brumario de Luis Bonaparte”
La mañana del 26 de octubre de 1971, la dictadura militar del general Lanusse dio su zarpazo represivo a una de las experiencias más innovadoras y originales que la clase trabajadora argentina dio a su rica historia: el “clasismo”.
En efecto, la serie de huelgas extraoficiales llevadas a cabo por los obreros del grupo FIAT durante el lapso de enero-agosto de ese año, a través de sus sindicatos de planta SITRAC (Concord) y SITRAM (Materfer), no solamente habían desarticulado el poder de la empresa dentro de las fábricas sino que se constituyeron en un polo de oposición al gobierno de facto e impugnaban el orden social vigente.
La lucha llevada a cabo por los trabajadores de FIAT se tradujo en una fuerte orientación anti institucionalista, apoyada por una renovación de las ideologías revolucionarias en ciertas fracciones de la izquierda argentina. Por su parte, los poderes públicos entendieron que la limitación del derecho de huelga como un recurso de procedimientos pacíficos de conciliación de los conflictos de trabajo no daba resultado, siendo la represión o la utilización de la fuerza un recurso mucho más pragmático y eficaz.
En un operativo combinado por el gobierno nacional, ese 26 de octubre las autoridades provinciales y el III Cuerpo del Ejército procedieron a la represión lisa y llana de SITRAC-SITRAM. La policía tomó la sede del sindicato, ubicada en la zona céntrica de la ciudad y detuvo a Alfredo Curutchet, asesor letrado de los gremios. Los pedidos de hábeas corpus denunciaban que las detenciones en el local sindical y el allanamiento se realizaron sin ninguna orden judicial, demostrando el grado de decisión y arbitrariedad con el que las autoridades decidieron liquidar el pleito con los clasistas. Mientras tanto, en el complejo Ferreyra, los 4.000 obreros del turno mañana fueron sorprendidos por 150 efectivos de gendarmería, que querían ocupar las plantas de Concord y Materfer. Ante la resistencia de los operarios, las fuerzas represivas disolvieron la asamblea que los trabajadores estaban llevando a cabo, desplegando sus armas y utilizando gases lacrimógenos. Según fuentes periodísticas de la época, este hecho dejó un saldo de 12 heridos.
El tiro de gracia se dio en horas de la tarde. Los dirigentes clasistas se enteraron de que el Ministerio de Trabajo había cancelado la personería gremial de sus sindicatos. Esta última medida, le permitió a FIAT cesantear a 259 trabajadores, entre los que se encontraban miembros de los comités ejecutivos de los cuerpos de delegados de SITRAC-SITRAM, y la permanencia de las fuerzas del ejército dentro de los muros de la fábrica, ejerciendo el rol de control y la represión a cualquier connato de resistencia emanado de los trabajadores.
Para la ortodoxia sindical, el estilo de agitación y metodología de luchas llevadas a cabo fue el gran “pecado” de los gremios clasistas. Estas transgredían los rasgos formales de las “huelgas legales” –como las tomas de fábrica con rehenes y los quites de colaboración, por ejemplo- y las consideraciones tácticas de la mayor parte de los sindicatos que integraban la estructura gremial argentina. Por ello, el secretario general de la CGT nacional, José Ignacio Rucci, convalidó la conducta represiva ejercida desde el poder estatal. Justamente, para éste y otros jerarcas gremiales, combatir las tendencias radicalizadas se constituyó en un objetivo de primer orden.
Que, 43 años después, las fuerzas de la gendarmería –cuyo rol no es el control interno- repriman oprobiosamente a los trabajadores de Lear Corporation, debería hacernos reflexionar sobre ciertas leyes que rigen la ciencia histórica. Los hechos del pasado 23 de octubre demuestran los recursos a los que, como ultima ratio, apelan los poderes públicos en defensa de los intereses del capital, más allá del régimen político. Gobiernos en crisis, fuerzas represivas con amplias facultades, burócratas sindicales; pareciera que muchos actores volvieran a repetirse ¿No lo expresó ya alguna vez Karl Marx?:
