SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. 4T: retórica “progresista” y medidas contra los trabajadores

El gobierno de la llamada 4T, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, prometió una transformación histórica del país a favor del pueblo mexicano. El amplio respaldo popular que lo llevó al poder mediante el voto al Morena y sus aliados en las pasadas elecciones presidenciales, se basaba en las expectativas de cambio y un gran hartazgo de la mayoría de la población con los partidos del Pacto por México, responsables de la imposición de las “reformas estructurales” neoliberales en nuestro país durante las últimas décadas.

El “tsunami electoral” del 2018 posicionó al Morena como primera fuerza en ambas cámaras del Congreso de la Unión y dejó a los partidos de oposición muy debilitados. En el mismo sentido, hubo desplazamientos a favor del nuevo partido en el poder, en distintos congresos locales, gubernaturas y alcaldías. Lo que dejó al presidente y al MORENA con una relación de fuerzas muy favorable al interior del régimen y con una gran base social de apoyo.

Sin embargo, en vez de promover la abrogación inmediata de las reformas estructurales (energética, educativa, laboral, agraria, pensionaria, etc.), en interés de la mayoría obrera y popular, el gobierno federal y su partido mantuvieron lo esencial de las mismas, con el pretexto de que “no se puede cambiar todo de la noche a la mañana”.

En realidad, ni siquiera se lo propusieron, sino que priorizaron los pactos con otros partidos del régimen y un sector del empresariado para aprobar reformas que no sólo no cambiaron sustancialmente nada, sino que, en algunos casos, profundizaron aspectos de las reformas neoliberales de sexenios anteriores.

La militarización del país, ordenada por el imperialismo estadounidense, que se impuso como estrategia de seguridad nacional desde el sexenio de Felipe Calderón, se mantuvo con Peña Nieto y reforzó con el gobierno de la 4T. Éste creó la Guardia Nacional, que ha fungido como el verdadero muro de Trump para contener mediante el uso de la fuerza a nuestros hermanos migrantes centroamericanos, en la frontera sur de nuestro país.

Esto ha sido combinado con programas asistenciales, que aunque despertaron expectativas y simpatías en sectores de la población, se mostraron insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de sus beneficiarios, lo que encubre en muchos casos la precarización laboral (de la juventud trabajadora principalmente).

Además de un discurso “anticorrupción” (cuya expresión concreta más reciente fue la detención de Emilio Lozoya, ahora considerado “colaborador” de la Fiscalía General de la República) y una política de “austeridad republicana”, que se tradujo en recortes al gasto público cada vez mayores y en el despido de miles de trabajadores de diversas dependencias del Estado.

Mientras tanto, el poder adquisitivo, las condiciones laborales y de vida de los sectores obreros y populares siguieron deteriorándose.

La 4T ante la pandemia

La llegada de la pandemia de covid-19 puso de manifiesto la crisis estructural de los servicios públicos, como los de salud y educación, que ya venía de antes pero no se resolvió (sino al contrario) en el actual sexenio. Con el aislamiento de una buena parte de la población, la crisis económica se profundizó; al igual que los ataques contra los trabajadores del sector público y privado.

Con un discurso “optimista”, el presidente atribuye la crisis económica a factores externos y pretende demostrar en sus conferencias matutinas que el gobierno federal está haciendo lo mejor posible, en interés de los más vulnerables.

Pero su pretensión de gobernar “para ricos y pobres”, en los hechos ha significado que mientras los grandes empresarios buscan que se reanuden las actividades económicas completamente y cuanto antes, para seguir con sus negocios amasando sus fortunas, somos los trabajadores y nuestras familias quienes más padecemos las consecuencias de la pandemia y la crisis económica, con miles de enfermos y muertos, rebajas salariales, mayor precariedad laboral, despidos y desempleo.

Más allá del discurso tranquilizador del presidente, quien afirmó que la pandemia de covid-19 ya estaba “domada” en México para justificar la reapertura apresurada de la industria maquiladora, automotriz, minera y de la construcción, por presión de los grandes empresarios y del gobierno de Trump, es evidente que la pandemia (aún en expansión, aunque a un ritmo más lento que el de los meses pasados) ha tenido consecuencias terribles en la salud y las condiciones de vida del pueblo trabajador, que podrían haber sido menores si el gobierno federal hubiera realmente priorizado el interés de los sectores populares y no el de los ricos y poderosos de siempre.

Desde un principio, más de la mitad de los trabajadores del país, quienes laboran en el sector informal, no pudieron resguardarse en sus hogares, al tener que salir por el sustento diario para su familia. No fue la “necedad” sino la necesidad la que obligó a muchos a exponerse al contagio. El gobierno federal los mencionó, pero los dejó librados a su suerte.

Muchas empresas, a pesar de no ser esenciales no suspendieron sus actividades, exponiendo a sus trabajadores. Como fue el caso de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Tv Azteca y Elektra, que no sólo no fue sancionado por mantener abiertas sus tiendas, sino que fue premiado con dos contratos millonarios con la SEP.

Otros patrones aprovecharon la suspensión de actividades para despedir o rebajar salarios. Las grandes cúpulas empresariales exigieron que el gobierno se endeude para “rescatarlas”; aunque el gobierno afirmó que no las rescataría, se limitó a pedirles a los empresarios “de buena voluntad” que no despidieran. Esto tuvo como resultado que millones de trabajadores se quedarán sin empleo.

En el caso de los trabajadores del sector salud, que estuvieron en la primera línea del combate a la pandemia, la falta de equipo de protección y de insumos sanitarios -que el gobierno federal fue incapaz de proporcionarles de manera oportuna y suficiente-, propicia que miles enfermen y mueran.

Ante el agravamiento de la crisis económica, la promesa del gobierno federal es continuar con la vieja receta neoliberal de ajustar el gasto público, mientras intenta mantener sus limitados programas asistenciales, que además funcionan como mecanismo clientelar de contención social.

A la par que apuesta a mantener y profundizar la dependencia económica y política de nuestro país al imperialismo mediante el TMEC; así como al desarrollo de megaproyectos ecocidas, como el Tren Maya y el Corredor Transístmico, en perjuicio de las comunidades donde los quiere imponer y en beneficio de un puñado de grandes empresarios.

Que la crisis la paguen los patrones

No es éste el cambio por el que muchos trabajadores votaron, al no contar con una alternativa política que defienda y represente realmente sus intereses. Diversos sectores obreros y populares -aunque aún reducidos- están haciendo una experiencia con el gobierno de la 4T y han comenzado a desencantarse de éste.

Algunos empezaron a luchar desde antes de que llegara la pandemia, como las trabajadoras del SutNotimex en huelga desde hace más de seis meses y las y los profesores de asignatura de la UACM. Otros como en las maquiladoras y el sector salud, salieron a protestar en plena contingencia por protección sanitaria y derechos laborales. Otros sectores comienzan también a despertar de su letargo. Exigen soluciones y se niegan a ser los pagadores de una crisis que no provocaron.

Para enfrentar el ataque que quieren profundizar los patrones, sus partidos y gobiernos, incluyendo al de la 4T, es necesario forjar la más amplia unidad de los trabajadores y sus aliados, así como coordinar a todos los que luchan. Esto tiene que hacerse con independencia tanto del gobierno como de los partidos de la oposición parlamentaria, que se erigen como los portavoces de los sectores más de derecha y de las patronales que buscan recrudecer la explotación de las y los trabajadores.

Éste es el objetivo del Movimiento Nacional Contra la Precarización y los Despidos, integrado por decenas de organizaciones sindicales, sociales y políticas de izquierda, entre las que se encuentra el Movimiento de Trabajadores Socialistas y las agrupaciones que impulsamos en distintos sindicatos y centros de trabajo.

Que enarbola un programa para que la crisis no la paguen los trabajadores; por el triunfo de todas las luchas obreras y populares; por la prohibición de los despidos; por la expropiación sin indemnización de toda empresa que cierre o despida para que funcione bajo control obrero; por impuestos progresivos a las grandes empresas y el no pago de la deuda externa para aumentar el presupuesto a la salud y educación públicas; contra la militarización del país; por libre tránsito y plenos derechos para los migrantes, entre otras de sus demandas.

Este Movimiento se opone a todas las variantes del charrismo sindical y llama a las centrales sindicales que se reivindican democráticas, como la Nueva Central de Trabajadores y la UNT, a que rompan su tregua con el gobierno y se movilicen en defensa de los trabajadores.

Ya que sólo unidos en las calles, con la movilización independiente de los partidos e instituciones del régimen, podremos impedir que sigan degradando nuestras condiciones de trabajo y de vida y conquistar mejores.

Pero no debemos limitarnos a luchar sólo por lo inmediato. El gobierno de la 4T y su partido, el Morena, ya mostraron a quién sirven. Desde el MTS y La Izquierda Diario México, consideramos que las y los trabajadores necesitamos nuestra propia herramienta política, construida desde abajo, con un programa anticapitalista, antiimperialista, socialista y revolucionario, para lograr una verdadera transformación, a escala nacional e internacional, que acabe de raíz con este sistema que solo nos depara más enfermedad.