El joven militante del FLP fue asesinado por la Político-Social. El ABC y Fraga fueron parte de la campaña de encubrimiento. El Tribunal Supremo absolvió a los acusados. El Régimen del 78 como sepulturero de su memoria.
Santiago Lupe @SantiagoLupeBCN
Domingo 20 de enero de 2019
Tenía 21 años cuando fue detenido por la policías de la Brigada Político Social. Estudiaba Derecho en la Universidad Central de Madrid, actual Complutense, y militaba en el Frente de Liberación Popular, la principal organización a la izquierda del PCE de la que saldría una buena parte de la militancia de la extrema izquierda de los años 70.
El curso 68-69 es el verdadero 68’ en el Estado español. Los ecos del Mayo francés habían cruzado los Pirineos el curso anterior, con el histórico concierto de Raimon en en la facultad de Económicas (hoy Geografía e Historia) de la misma universidad. Miles de estudiantes participaron en un acto que se convirtió en toda una protesta masiva contra la dictadura. En septiembre la agitación en las universidades volvió con más fuerza todavía y a la vuelta de navidades, aquel enero, empezaba con huelgas, “saltos” y acciones emblemáticas como la defenestración del busto de Franco el 16 de enero en el rectorado de la Universidad de Barcelona.
En ese contexto, Ruano, su compañera y dos estudiantes más fueron detenidos mientras cenaban en un restaurante de la plaza Castilla el 17 de enero. Se les acusaba de haber arrojado propaganda del Partido Comunista Revolucionario, una organización de corte “marxista-leninista” que estaban tratando de crear en el interior del FLP. Fue conducido a la Puerta del Sol, a la sede de la Dirección General de Seguridad (actual sede del gobierno de la Comunidad de Madrid). En sus calabozos, él como otros muchos opositores, fue brutalmente torturado y golpeado, la “rutina habitual”. No era la primera vez, unos meses antes, el 29 de mayo, ya había sido detenido en la facultad de Filosofía mientras participaba de una asamblea estudiantil.
Pero esta vez fue la última. El día 20 fue conducido a un piso de la calle Príncipe de Vergara, para estar presente en el registro. Una vez allí el joven, nunca se pudo determinar si con o sin vida, fue arrojado por el patio interior de un séptimo piso. La noticia de su muerte agitó aún más el movimiento estudiantil y llegó hasta el movimiento obrero. Su entierro reunió a 2.000 personas y fueron detenidas 30 de ellas. La dictadura acabó decretando el estado de excepción en todo el Estado el 24 de enero, algo que se repetiría varias veces hasta el Consejo de Burgos de 1970, y una práctica a la que se recurriría también más tarde para atajar la creciente movilización social en diferentes provincias, en especial del País Vasco.
La policía rápidamente ofreció su versión oficial, “el suicidio”. Diarios como el ABC orquestaron toda una campaña mediática para vender las mentiras oficiales. Y el entonces ministro de Información, Manuel Fraga Iribarne, el que se convertiría en padre de la constitución, fundador de Alianza Popular y presidente de honor del PP hasta su muerte, llegó a telefonear al padre de Ruano para amenazarle y presionarle a que desistiera en buscar la verdad.
Años más tarde, otro detenido por la político-social, José Luís Uriz, mientras era torturado por Billy el Niño, escuchó a otro policía como le decía “ten cuidado que se te va a ir la mano otra vez y lo vas a matar”. Billy el Niño le respondió prepotente “no importa, hacemos como con Ruano, lo tiramos por la ventana y decíamos que se quería escapar”.
Durante la dictadura no hubo investigación sobre este crimen. La versión de la policía, el ABC y Fraga fue suficiente. En democracia la impunidad que impuso la Ley de Amnistía lo puso difícil. Aún así, y de forma excepcional, su familia logró que se reabriese el caso en 1994. Tres policías fueron sentados en el banquillo del Tribunal Supremo dos años más tarde, en 1996. Sin embargo -¡oh, sorpresa!- Francisco Colino, Celso Galván y Jesús Simón, quedaron absueltos por el alto tribunal. El Pacto de la Transición seguía funcionando.
El asesinato de Ruano, del que hoy se cumplen ya cinco décadas, sigue impume, como otros tantos. Un botón de muestra más de la impunidad impuesta en la Transición y de las hondas continuidades entre la dictadura y el Régimen del 78. Sus torturadores y asesinos pasaron a formar parte de la actual Policía Nacional, los jueces que condenaban a penas de cárcel y hasta de muerte a los opositores y tapaban los crímenes ocurridos en comisaría, siguieron haciendo carrera en la Judicatura. Muchos fueron los “fundadores” de la Audiencia Nacional, otros llegaron hasta el Supremo o el Constitucional. El personal político de la dictadura formó los mimbres de la actual derecha española.
El mejor tributo que les podemos rendir a Ruano y tantos otros asesinados y torturados sigue siendo la lucha por la justicia y la reparación y la pelea contra el régimen que siguió echando arena sobre sus cuerpos y su memoria para borrarlos de la historia.
Santiago Lupe
Nació en Zaragoza, Estado español, en 1983. Es director de la edición española de Izquierda Diario. Historiador especializado en la guerra civil española, el franquismo y la Transición. Actualmente reside en Barcelona y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.
