El 10 de febrero de 2007 se dijo adiós a las “micros amarillas”, dando paso a un nuevo sistema de transporte rechazado por la mayoría de la población, que cada año aumenta su tarifa golpeando los bolsillos de los usuarios, y que ha recibido miles de millones por parte del Estado.
Viernes 10 de febrero de 2017
Con Iván Zamorano promocionándolo y al son de la canción “cambia todo cambia”, el 10 de febrero de 2007 se terminó de implementar el Transantiago, nuevo sistema de transporte público que comenzó su primera etapa en octubre de 2005, y que vino a reemplazar a las conocidas “micros amarillas”, prometiendo beneficiar a miles de personas y cambiar por completo el funcionamiento de la locomoción en la capital.
Basado en el uso de “servicios alimentadores y troncales”, ligado al Metro de Santiago, para implementar el Transantiago se desarrolló una importante inversión en infraestructura y máquinas; además se estableció la “tarjeta inteligente” también conocida como “tarjeta bip!”.
Son siete las empresas operadoras del Transantiago, en conjunto con Metro S.A, las que administran una distinta cantidad de recorridos. Alsacia (35), Subus Chile (59), Buses Vule (81), Express (59), Buses Metropolitana (50), Redbus Urbano (57) y STP Santiago (31), controlan el transporte público. Por ejemplo, en el caso de Express, esta empresa colombiana, que es parte de TransMilenio (modelo “inspirador” del aplicado en el país), tiene un 25% de participación en la operación del sistema de transporte chileno.
Además, estas empresas operadoras reciben miles de millones en subsidios entregados por el Estado. Recordemos que Inversiones Alsacia S.A, también de capitales colombianos, fue durante muchos años la principal empresa operadora del Transantiago e implicada en graves problemas financieros que la han tenido al borde de la quiebra en más de una ocasión. Sólo el año pasado tuvo que declarar el default por no poder pagar una deuda que tiene con bonistas en Estados Unidos, y en reiteradas oportunidades el Estado ha tenido que desembolsar cifras millonarias para poder mantenerla a flote.
Pese a los planes y objetivos que se trazaron las autoridades, el nuevo sistema de transporte abrió inmediatamente una crisis en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Los atochamientos, las enormes aglomeraciones de personas en los paraderos, los problemas con la frecuencia de buses, las dificultades de las máquinas para poder movilizarse en calles y avenidas, entre otras falencias, se manifestaron desde el comienzo.
Transantiago. Miles de millones para los empresarios a costa de un derecho fundamental
En octubre del año pasado comenzó a circular en distintos medios de comunicación, que el Estado ha gastado, en los últimos 10 años, más de $6.000 millones en subsidios a las empresas operadoras del Transantiago. En esa ocasión, Guillermo Muñoz, director de Transporte Público Metropolitano, salió a justificar el gasto, afirmando que estaría siendo destinado a costear la tarifa del pasaje escolar.
“Un servicio mal evaluado, con malos indicadores y que además le cuesta una brutalidad al Estado de Chile, no puede ser una buena política pública”, afirmaba para Radio UChile Louis De Grange, experto en Transportes de la Universidad Diego Portales.
El transporte público chileno es otro derecho fundamental que claramente no es garantizado como corresponde. Todos los años las tarifas aumentan bajo la eterna justificación de la evasión, mientras los sueldos se mantienen tal cual. No por nada, el Transantiago mantiene un rechazo de más del 70% de la población y una nota 4,3, según el Directorio del Transporte Público Metropolitano (DTPM).
O sea, el Estado gasta una fortuna en subsidiar a las empresas privadas cada año y además las personas que acceden al transporte público deben costear más de $700 por pasaje; considerando que el sueldo mínimo no alcanza siquiera los $300 mil, dicho valor se vuelve un completo dolor de cabeza para miles de familias trabajadoras.
Ya en el año 2012se estimaba que el subsidio al Transantiago entre dicho año y el 2022 costaría US$ 16.000 millones, es decir, US$ 1.470 millones anuales, según un informe entregado por la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Como si esto fuese poco, los bancos y grandes marcas también están involucradas; no podían quedar fuera. ¿De qué manera? Estando a cargo del Administrador Financiero de Transantiago (AFT), ente encargado de recaudar, administrar y distribuir los ingresos entre las empresas operadoras y encargado de la comercialización y distribución la “tarjeta bip!”: Banco Estado (21% de participación), Banco de Chile (20%), Banco de Crédito e Inversiones-Bci (20%), Banco Santander Chile (20%), Promotora CMR Falabella (9,5%) y Sonda S.A. (9,5%).
AFT no es una simple entidad que sólo “administra”, al contrario, se ha beneficiado de manera considerable. Entre el 31 de mayo de 2007 hasta el 30 de marzo de 2012, recibió pagos por $300.177 millones por parte del gobierno de turno. Según la Superintendencia de Valores y Seguros, es una de las empresas “más rentables” del país, que hace cinco años ya recibía utilidades superiores a los US$ 9 millones. Además, en el mismo período, acumuló 56 multas por 205.800 UF (alrededor de $ 4.324 millones).
¿Por qué los bancos reciben tanto dinero del Estado? Bueno, así lo determinaron las autoridades al momento de realizar el contrato, donde se estableció una cantidad elevadísima de ganancias a favor de la AFT. Es más, en el 2012, el gobierno buscó la manera de llegar a un acuerdo para rebajar en hasta un 30% lo que estaba subsidiando el Estado.
Precariedad laboral y prácticas antisindicales
“Hace más de un año que se me hincha el cuello. Cuando voy manejando se me hincha más. Tomo remedios en la mañana para el dolor y en la noche tomo clonazepam porque tengo problemas para dormir. El problema es que en la empresa no me han pagado las licencias”, le comentaba Rodrigo Olivares, conductor de la empresa SuBus Chile S.A, al medio digital El Mostrador.
Conocidos son los casos de trabajadores del Transantiago que ni siquiera tienen baño para poder hacer sus necesidades, muchos de ellos teniendo que hacerlo en las propias micros, y otros usando pañales. Ni hablar de las extenuantes jornadas laborales. Y es más, según la Dirección del Trabajo, seis de las siete operadoras aparecen multadas, principalmente por “separación ilegal de trabajador amparado con fuero sindical”.
No es de olvidar la trágica muerte de Marco Cuadra, conductor y dirigente sindical de la empresa RedBus SA, quien se quemó a lo bonzo en el terminal de buses donde trabajaba. “He decidido mandar una carta. Al inspector del Trabajo para contarle como tratan a los sindicatos en mi empresa. Por lo tanto me voy a quemar”. “Lo hago por ustedes”, fueron los últimos mensajes que Cuadra les envió a sus compañeros. El trabajador llevaba tiempo sufriendo de acoso laboral por parte de la empresa, y antes de tomar la desesperada decisión de quemarse, había sido desaforado como dirigente y despedido.
En el 2013, el presidente de la Asociación Nacional Gremial Trabajadores del Transporte y Afines ASTTRA AG, Rodolfo Cid, aseguraba que “desde que comenzó el Transantiago hemos tenido cerca de 30 suicidios”, o sea, cinco muertes anuales de trabajadores entre 2007 y dicho año.
Debido a todo lo anterior es que trabajadores del Transantiago se han movilizado en diversas ocasiones, como lo hicieron los conductores de Subus el año pasado, tras los anuncios de despidos masivos, entre otros casos.
Por un sistema de transporte estatal y sin subsidios a las empresas privadas
“Hoy en día la tarifa técnica que utiliza el metro es de 350 pesos, con eso se costean gastos operacionales, personal, mantenimiento”, afirmaba Daniela Pérez, presidenta del Sindicato Unificado Metro, en el contexto de un alza en la tarifa del pasaje. Sin embargo, cada año las autoridades deciden seguir golpeando los bolsillos de las familias trabajadoras, mientras que se sigue impartiendo un servicio deficiente, colapsante y estresante, y se sigue subsidiando con dinero estatal a los empresarios.
El Transantiago, y su lógica de modelo de transporte, ya no van más. Perfectamente es posible, y más que necesario, implementar un sistema de transporte estatal, de tarifa gratuita para estudiantes y tercera edad, y una tarifa general rebajada acorde al “costo técnico” ya mencionado. Además, se debe poner término al sistema de licitaciones y a la subvención millonario que el Estado le entrega al sector privado. El transporte es un derecho básico y debe ser garantizado para toda la sociedad, no utilizado para formar un negocio y obtener ganancias.
Por último, y para asegurar que el transporte público sea realmente un beneficio para la población y no otro nicho para volver ricos a los mismos de siempre, es necesario que sea controlado y administrado por los propios trabajadores, en conjunto con profesionales y usuarios. Esta es la única manera de cerciorarse que sea un buen servicio y que esté a disposición de las necesidades del pueblo trabajador.
