La tarde del viernes 1 de julio Miguel Ángel Osorio Chong el actual secretario de Gobernación, ha declarado que “se agotó el tiempo” para los miles de maestros que resisten las graves consecuencias de la llamada reforma educativa con despidos, amenazas, masacre y represión.
Sábado 2 de julio de 2016
“Reitero: sí al diálogo y sí a las soluciones pero no por encima de la sociedad. Para el gobierno no hay opción, se trata de regresar la tranquilidad a millones de ciudadanos que lo exigen y por derecho lo merecen y así lo vamos hacer desde el gobierno”.
Fueron las palabras de Osorio Chong, mientras en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Monterrey, Tabasco, en la CDMX e incluso en otros países como Guatemala se realizaron protestas de maestras y maestros con la participación de sectores de padres de familias, alumnos y sociedad en general. Cuando el gobierno ve que se extiende la solidaridad nacional e internacional con la lucha del magisterio disidente, responde con mayores amenazas.
Producto de estas amenazas ha sido la política de lanzar una enorme campaña mediática en los medios de comunicación al servicio del régimen mexicano y los empresarios -que hacen gala de los desfalcos económicos y mienten sobre el desabasto de gasolina y productos varios a consecuencia de las acciones del magisterio- mientras que el pueblo oaxaqueño, la sociedad y la opinión internacional continúa reclamando justicia por la masacre del 19 de junio que dejó -según el comité de Nochixtlán- 11 muertos a manos de la policía federal y local en el estado de Oaxaca.
De nuevo queda claro el cinismo del gobierno, que propone un diálogo en el que reafirma la intención de aplicar la reforma educativa mientras amenaza una y otra vez con la represión. Se hace evidente que la aceptación del diálogo por parte del gobierno no es para dar solución positiva al magisterio. Se trata sólo de una maniobra dilatoria para desgastar al movimiento.
El único diálogo que conoce el gobierno al servicio de los empresarios, las trasnacionales y el imperialismo estadounidense, es el impuesto por medio de las balas hacia el pueblo trabajador; Tlatlaya, Ayotzinapa y ahora Nochixtlán.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) repudió la declaración del gobierno federal, donde se hace latente el desalojo y la represión hacia las bases magisteriales que se encuentran resistiendo en diferentes puntos del país con bloqueos y movilización.
Un sector de la dirigencia magisterial ha asegurado que de recurrir nuevamente al uso de la fuerza pública “sólo logrará reavivar el conflicto”. Así, aseguraron que mantendrán la demanda para un diálogo, pero advirtieron que el gobierno federal “debe comprometerse realmente a que sea un espacio resolutivo”.
Ante las nuevas amenazas represivas es necesario cobijar con la más amplia solidaridad al movimiento magisterial en cada rincón del país. Todas las personas que han participado de las movilizaciones en apoyo al magisterio y contra la represión -profesores, normalistas, madres y padres de familia, intelectuales, organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, estudiantes- tienen una cita de honor para expresar el apoyo efectivo a las maestras y los maestros que enfrentan la reforma educativa.
Es urgente que la CNTE realice una nueva convocatoria a una movilización nacional unificada para hacer frente a la amenaza represiva.
A su vez, es de primer orden que exija a las centrales sindicales opositoras poner fecha ya a un paro nacional para frenar la ofensiva del gobierno, la represión y la reforma educativa. También es fundamental convocar a las trabajadoras y los trabajadores del sector público y privado que están hoy amordazados por las direcciones sindicales de las centrales oficialistas, a organizarse y unirse al gran movimiento magisterial que hoy lucha en las calles.
Asimismo, es clave impulsar un encuentro nacional de lucha que comprometa a los sindicatos de la UNT y de la NCT. Un encuentro para coordinar la lucha, reagrupar fuerzas y fortalecer al movimiento.
Si el magisterio triunfa, el conjunto de la clase trabajadora y los sectores populares estarán en mejores condiciones para pelear contra las reformas estructurales y la entrega del país a las trasnacionales.
