Según una estimación del Ministerio de Educación (Mineduc), el 2020 el número de personas que habrán financiado o estén estudiando con el Crédito con Aval del Estado alcanzará el millón.
Juan Andres Vega Estudiante de Derecho de la Universidad de Chile. Militante de Vencer
Lunes 24 de septiembre de 2018
Durante el año 2005, la entonces concertación con Ricardo Lagos a la cabeza, se creó el Crédito con Aval del Estado, que consistía en que el o la estudiante interesada pidiera un crédito de consumo a algún banco privado para cubrir hasta el 100% del arancel referencial de la carrera correspondiente - teniendo que cubrir la diferencia entre éste y el arancel real -, siendo el único aval posible el Estado hasta que fuera pagada la deuda. La cual tuvo hasta 2012, un interés del 5.8%, año en que se bajó al 2% y puede ser pagada en un plazo máximo de 20 años.
El resultado es evidente: 930 mil “beneficiarios” de una deuda impagable que hoy se lleva el 42.6% del presupuesto educativo anual, directamente al bolsillo de los empresarios dueños de los bancos.
El SIFS: Solución a la medida del mercado educativo
Desde hace años, el movimiento estudiantil ha sido categórico a este respecto: Que el acceso y mantención en la educación superior sea garantizada por el Estado. Esto tiene implicancias concretas: que sea el Estado quien administre los recursos directamente a las casas de estudios, financiado el arancel real, es decir, la oferta que pueden hacer las instituciones educativas. Sin embargo para la derecha y, en su tiempo, la ex concertación se trata de sean las universidades quienes se autofinancien, lo que se traduce en el cobre individual de los costos de las carreras a los estudiantes y, por tanto, que el Estado subsidie la demandan personal de cada uno/a de quienes desean continuar sus estudios, como si la educación fuera una mercancía a consumir, igual que las casas o los autos.
En ese línea es que durante la tercera semana de junio Piñera presentó un proyecto de ley para reemplazar el CAE por el Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS), el cual, en términos generales, consiste en que el o la estudiante adquiera una deuda directamente con el Estado, mediante una Sociedad Anónima estatal, que financie hasta el 100% del arancel real, según el decil del/la postulante y el grado de acreditación de la institución universitaria. La deuda tendrá una tasa de interés del 2% anual desde el momento de su suscripción, aunque el pago comience luego de 18 meses desde el cese de los estudios, siendo en este punto un retroceso incluso en comparación con el CAE.
La necesidad de un plan de Financiamiento Integral y el fin del mercado educativo
A 13 años de la creación del CAE, son 930 mil las y los estudiantes endeudados, ante lo cual la Nueva Mayoría, con el apoyo del Frente Amplio mediante Giorgio Jackson y Gabriel Boric, “relajó” esta situación con la beca de gratuidad, la cual financia el arancel referencial de las carreras, funcionando de manera similar al CAE, con la diferencia que no conlleva deuda, pero que hoy genera que universidades como la UPLA o la UMCE (ex pedagógico) se encuentren con un déficit insostenible: no hay quien financie la diferencia con el costo arancelario real, lo cual deviene en crisis de financiamiento y, potencialmente, al cierre de éstas instituciones. Por otro lado, la derecha busca otra fórmula: que la misma deuda sea contraída con el Estado.
Ante esta perspectiva se hace patente la inviabilidad del modelo de autofinanciamiento, es necesario que el Estado se haga cargo, pero no mediante un crédito como propone el Gobierno, sino mediante el financiamiento integral vía aportes basales directos de las universidades estatales, que permita que las instituciones puedan impartir gratuitamente el derecho a la educación por la cual tanto ha luchado el movimiento estudiantil, la expansión progresiva de la matrícula con los respectivos planes de infraestructura y el paso a planta de funcionarios/as. Las y los estudiantes de la Universidad de Chile pronto nos enfrentaremos a un Congreso Refundacional de la FECh, es crucial que desde ya sea discutido por todas y todos un nuevo modelo de financiamiento. Y así el conjunto de estudiantes de todas las universidades, para que sea el movimiento estudiantil quien desarrolle un proyecto propio e independiente de la falsa oposición de la ex Nueva Mayoría, siendo una que pueda poner en jaque al Gobierno de la derecha, con movimiento en las calles y discusión política en nuestras facultades, no con “acuerdos” parlamentarios entre cuatro paredes.
