Violencia policial. A 17 años de la masacre de la comisaría primera de Quilmes

Como todos los 20 de octubre las madres de Diego, Miguel, Manuel y Elías se dieron cita en la Estación de Quilmes junto a familiares, amigos e integrantes de organismos de derechos humanos para exigir justicia.
Si bien luego de más de una década de lucha lograron que la mayoría de los policías implicados fueran condenados en primera instancia y que el fallo fuera ratificado en la Cámara de Casación, a 17 años de los hechos la sentencia sigue sin estar firme. Por otro lado, hace pocos meses tuvieron una novedad desagradable relacionada con la causa.

A fines de junio de este año se hizo público que el Ministro de Seguridad Sergio Berni había designado al frente de la Secretaría de la Estación de Policía de Quilmes a la subcomisario Marina Guaquinchay Bogado, quien en diciembre de 2022 tendrá que responder en un juicio oral por “omisión de evitar tormentos” en la Masacre de la Primera. Una verdadera provocación digna de este siniestro personaje.

El nombre de Guaquinchay, que a pesar de tener esta imputación siguió revistando en la fuerza en Lomas de Zamora y ascendió a subcomisario, surgió en el juicio por la Masacre de Quilmes realizado recién en 2015. Allí varios sobrevivientes señalaron la presencia de “una policía embarazada en el cordón de uniformados que golpeó con palos a los jóvenes que salían agonizando del calabozo”. Pero el silencio cómplice de la Policía Bonaerense y el Poder Judicial habían evitado que se la identificara.

Por este motivo en 2017, tras ser citada a una declaración indagatoria, la mujer quedó imputada por “omisión de evitar tormentos”, delito que prevé una pena de entre tres y diez años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de cinco años. El Tribunal Oral Criminal N° 5 determinó como fecha de inicio del juicio oral el 18 de marzo pasado, pero quedó postergado por la pandemia.

Ya siendo conocida la imputación que pesaba sobre Guaquinchay, la policía siguió revistando en la Bonaerense durante el segundo tramo del gobierno de María Eugenia Vidal y continúa en el de Axel Kicillof, incluso ascendiendo al cargo de subcomisario.

Luego de que las Madres denunciaran esta situación fueron llamadas a una reunión por la oficina de Asuntos Internos de la Bonaerense que se comprometió a revisar la situación y a realizar un sumario administrativo, medida que al día de la fecha aún no se concretó. Si bien producto de la repercusión de la denuncia Guaquinchay dejó su cargo en Quilmes, sigue desempeñando funciones en Avellaneda. Por ese motivo las Madres también reclamaron en la actividad de hoy su cesantía en el cuerpo policial.

Como todos los años la actividad terminó con las madres y los familiares de los chicos pintando las calles de la estación con sus nombres.

Mientras se realizaba el acto la dirigente del PTS y miembro del CeProDH Carla Lacorte sostuvo "estamos nuevamente en las calles reclamando cárcel común y efectiva, con sentencia firme, para todas y todos los policías asesinos de Diego, Elías, Manuel y Miguel. Esta impunidad y los privilegios de los que gozan los torturadores son la verdadera ‘puerta giratoria’ de la justicia que, al mismo tiempo tiene superpobladas las cárceles y un 60 % de los presos sin condena, porcentaje que llega al 80 % en el caso de los jóvenes. La Masacre de la Primera fue el resultado de las campañas de ‘inseguridad’ incentivadas por Juan Carlos Blumberg en el 2004, a quien el kirchnerismo le votó todas las leyes de mano dura. Hoy volvemos a escuchar las mismas recetas de boca de Berni, Aníbal Fernández y los dirigentes de Juntos para darle una salida represiva a la aguda crisis económica y social que estamos padeciendo. Por eso es fundamental que nos movilicemos y coordinemos nuestra lucha”.

¿QUÉ FUE LA MASACRE DE LA COMISARÍA PRIMERA DE QUILMES?

Todo comenzó en la tarde del 20 de octubre de 2004 cuando los 17 jóvenes detenidos en la dependencia policial iniciaron una protesta con quema de colchones por las constantes golpizas a las que eran sometidos.

Como hemos visto en varios casos similares, los efectivos dejaron que la protesta derivara en un incendio y recién empezaron a sacar a los jóvenes cuando estaban quemados y asfixiados. No conformes con eso, los uniformados los volvieron a golpear con palos en ese estado.

Como resultado del brutal crimen, murieron Diego Maldonado de 16 años, Miguel Aranda de 17, Manuel Figueroa de 17 y Elías Jiménez de 15. A partir de la Masacre de Quilmes se prohibió la detención de menores en las comisarías.

Las madres de los chicos iniciaron una extensa lucha por justicia que se prolonga hasta hoy, coordinando con otros familiares de víctimas de la violencia policial, organismos de derechos humanos, organizaciones obreras, estudiantiles y partidos de izquierda.

Recién en 2015 se llevó adelante el juicio las condenas más importantes fueron para el exinspector Fernando Pedreira (19 años de prisión), el excomisario Juan Pedro Soria (diez años), el excabo Hugo D’Elía (diez años) y el exagente Juan Carlos Guzmán (nueve años). También recibieron la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y fueron detenidos. El resto de los imputados recibieron penas de entre tres y cuatro años con arresto domiciliario.

Fue en esas audiencias que surgió el nombre de Guaquinchay Bogado, por lo que se inició una nueva investigación que derivó en el juicio que se encuentra pendiente de realización.

Aunque los policías fueron presos, en menos de cinco días la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de Quilmes autorizó que los policías detenidos cumplieran la pena en sus casas. Años antes esa misma sala autorizó a que José Salmo, el policía que en junio de 2001 baleó y dejó en una silla de ruedas a Carla Lacorte, pudiera apelar en libertad su condena con un fallo escandaloso que cuestionaba mi militancia política.

En febrero de 2018 la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal de La Plata confirmó las condenas de primera instancia, aunque hizo lugar a los recursos de los policías que pedían una reducción de la pena y reenvío la causa a los Tribunales de Quilmes.

En noviembre de ese año salió un nuevo fallo del TOC 3 en el que se planteaban algunas reducciones en las condenas, que se redujeron a 16 años para Pedreira y seis para Soria.

Los policías involucrados siguen apelando la condena por lo que en la actualidad todavía no tiene carácter de firme.