Fue uno de los sucesos más significativos en la provincia de Corrientes en lo que a lucha popular, corrupción política, violencia estatal y criminalización de la protesta se refiere. La “Masacre del Puente General Belgrano” sobre el Río Paraná y todos los sucesos que llevaron a semejante desenlace se conocen con el nombre de Correntinazo, en los finales del gobierno menemista y el inicio del gobierno de la Alianza.
Ximena Gini @ximena_gini2
Viernes 17 de diciembre de 2021 10:54
Fotos Blog Memoria Correntina
Corría el 17 de diciembre de 1999 en Corrientes. En horas de la madrugada, en su capital homónima, se produjo una serie de trágicos eventos que no fueron más que el desenlace de un año que ya venía complicado para el pueblo correntino. A las 3 de la madrugada la Gendarmería Nacional enviada por el gobierno de la Alianza recientemente asumido con la fórmula de Fernando de la Rúa y Chacho Álvarez, inició una brutal represión en el Puente General Belgrano que une Corrientes y Chaco. Semejante evento se llevó dos muertes y más de una treintena de heridos, convirtiendo ese día en una inolvidable y trágica jornada.
Los hechos se produjeron a raíz de manifestaciones en el puente, con el objetivo del Gobierno de reprimir las mismas. Los manifestantes provenían de diferentes sectores de la comunidad. El motivo principal de la protesta tenía que ver con el incumplimiento de la agenda salarial de la administración provincial y la crítica situación económica, política y social que atravesaba la provincia.
Para tener una idea aproximada de esa situación, basta con observar algunos datos de un estudio de la consultora Equipos de Investigación Social (Equis) de noviembre de 1999. Entre octubre de 1998 y octubre de 1999 se habían destruido 8.140 puestos de trabajo en la provincia. La tasa de desocupación trepó del 12 % al 13,8 %. En octubre de 1999 había alrededor de 44.500 desocupados en la provincia, sobre una población económicamente activa de 322.760 personas.
La distribución del ingreso en la provincia era una de las más regresivas del país: el 27 % de la población debía conformarse con el 6,8 % de los ingresos, mientras que el 6,2 % se apropiaba del 29,5 %. El 57,3 % de la población vivía por debajo de la línea de pobreza. La situación de la infancia era crítica: nada menos que el 71,2 % de los menores de 14 años estaban por debajo de la línea de pobreza.
Meses antes, el 7 de junio de 1999, alrededor de 40.000 personas habían tomado el puente en señal de protesta y disconformidad con el Gobierno. Más tarde, esos mismos manifestantes se instalaron en la plaza 25 de Mayo con carpas y toldos, frente a las autoridades provinciales y municipales. Eran mayormente docentes, empleados públicos, jubilados, estudiantes y desocupados. Fue una convocatoria masiva sin precedentes en la provincia. Los participantes se llamaban a sí mismos “autoconvocados”.
A fines de 1998 había sucedido al Gobernador Raúl “Tato” Romero Feris el dirigente Pedro Braillard Poccard, de la misma casta partidaria. Ya por entonces se empezaron a sentir las primeras consecuencias del desfinanciamiento estatal, producto de una serie de endeudamientos que habían puesto a la provincia en cesación de pagos. El 14 de junio de 1999 renunció el gabinete provincial en pleno. El 19 de junio fue suspendido el gobernador Braillard Poccard y asumió el gobierno de la provincia el vicegobernador Victor Hugo Maidana, quien el 2 de julio fue separado de su cargo y asumió en su reemplazo el senador Hugo Perié, dando inicio a un gobierno de coalición de partidos opositores.
Días más tarde, el 27 de junio, el pueblo correntino volvió a tomar el Puente General Belgrano para exigir asistencia financiera del gobierno nacional. Esa acción fue violentamente reprimida por Gendarmería. Se trató además del primer hecho de violencia relevante que sufrieron los autoconvocados. Cabe aclarar que las protestas continuaban sucediéndose porque la gente no veía un cambio significativo con el gobierno de Perié y los problemas económicos continuaban empeorando.
Para diciembre de 1999 los empleados públicos acumulaban un retraso salarial de más de cuatro meses. La situación se tornó insostenible y el sindicato de judiciales (Sitraj) convocó a otra toma del puente, en vísperas de la asunción de la fórmula De La Rúa-Álvarez, el 10 de diciembre, en la Casa Rosada. Sin embargo, las propuestas del gobierno nacional no llegaban para la provincia y la tensión aumentó cuando el 13 de diciembre se anunció el desembarco de tropas de Gendarmería con la orden de desalojar el puente a la fuerza. Ésa fue la decisión política del gobierno.
La represión llevada a cabo el 17 de diciembre fue la tercera ordenada por el gobierno nacional. Fue la más cruel, al punto que se cobró la vida de Mauro Ojeda de 25 años y Francisco Escobar de 29. Los principales responsables fueron el recién asumido presidente Fernando de la Rúa, su ministro del interior Federico Storiani, el interventor Ramón Mestre y el comandante de Gendarmería Ricardo Chiappe.
Se trató de una represión violenta, iniciada alrededor de las 3 de la mañana y agravándose aún más alrededor de las 4:30. Hubo cortes de luz en toda la zona del puente, con una explosión de la usina de la DPEC ubicada por Costanera. También hubo cortes de agua en toda la zona, para que los manifestantes no pudieron atemperar el efecto de los gases.
Muchos autoconvocados fueron ferozmente perseguidos por los gendarmes y agredidos con balas de goma y gases. Tiraron gases de tres tipos: lacrimógeno, vomitivo e irritante. Finalmente, hubo un total de 50 heridos por armas de fuego y dos asesinados por la misma causa.
Pasados 22 años y hasta el día de la fecha los responsables políticos y los ejecutores de esta masacre continúan impunes. Sin embargo, más allá de todas las injusticias que quedan por saldar, traer a la memoria semejante acontecimiento histórico es clave para reflexionar sobre aquellos sucesos de relevancia socio-política para la provincia, así como los antecedentes que dejaron.
Imaginar que una convocatoria de tales magnitudes fue posible gracias a la unión de los sectores, ocupados y desocupados, más vulnerados por la crisis en la provincia, sirve para entender que futuras luchas masivas de ese calibre son posibles, y continúan siendo necesarias.
En vísperas de los 22 años del Correntinazo ocurrió en la ciudad un hecho que vuelve a involucrar el abuso de autoridad: la detención injustificada de Guillermo Galantini, referente de derechos humanos preso y criminalizado sólo por ejercer su legítimo derecho a la protesta. Protesta por los desalojos realizados a familias de Monte Caseros para favorecer a negocios inmobiliarios o al extractivismo, con la consecuente destrucción del ambiente. Decisiones políticas que se repiten en todo el país, tanto por parte del gobierno nacional como provinciales, como parte de un ajuste en curso para pagar una deuda injusta al FMI.
Una vez más, gracias a la lucha del pueblo trabajador a través de la coordinación de organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos y políticas que salieron a la calle en la provincia, junto a la extensión del reclamo de su libertad en todo el país, fue posible volver a hacerle frente a las autoridades policiales, judiciales y gubernamentales.
Así como Guillermo Galantini fue liberado gracias a la movilización en las calles. Es necesario profundizar esa coordinación como sucedió el 11D en las calles y plazas de muchísimas ciudades de Argentina para enfrentar el acuerdo del gobierno con el FMI y por el no pago soberano de la deuda.
El derecho a la protesta fue lo que el Estado quiso vulnerar en el 99 y lo que quiere vulnerar hoy, pero también es el medio a través del cual el pueblo pudo hacer valer sus derechos ayer y hoy.
El PTS en el FITU pone su esfuerzo militante en recuperar y unir la memoria y construir y preparar la organización política necesaria para enfrentar los ataques que vienen descargando sobre la clase trabajadora, ocupadas y desocupadas, mujeres, la juventud y el ambiente.
