Este martes las partes se encontrarán en el Tribunal Oral Criminal 3 de Lomas de Zamora para presentar las pruebas de la causa por el crimen de cuatro civiles que fueron atacados a tiros por once efectivos de la "maldita Policía" Bonaerense.
Martes 26 de octubre de 2021 10:01
El 10 de enero de 1994, once policías de la ex Brigada de Investigaciones de Lanús de la Policía Bonaerense, con más de 200 disparos, asesinaron a cuatro personas. Un operativo injustificado en Wilde, Avellaneda. La masacre fue un caso emblemático de gatillo fácil. Veintisiete años después, los familiares de las víctimas esperan justicia.
Los nueve acusados que llegan a juicio -dos fallecieron- son los expolicías Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Marciano González, Roberto Mantel, Hugo Reyes, Pablo Dudek, Julio Gatto, Marcelo Valenga y Marcos Rodríguez. Este último el único detenido ya que se mantuvo prófugo 20 años, hasta el 2014.
Durante las audiencias, Viviana Simón será la fiscal que estará a cargo de la acusación, además, estarán los abogados de las cuatro víctimas y los defensores particulares y oficiales de los nueve imputados. En las audiencias se detallarán el procedimiento de presentación de pruebas y propondrán los testigos a ser citados al juicio oral.
"Esperamos que la nueva fecha no se suspenda por nada para poder llegar de una vez por todas al juicio oral", dijo a Télam Raquel Gazzanego, viuda de una de los cuatro asesinados, el vendedor de libros Edgardo Cutín, quien es representada por el abogado Ciro Annicchiarico.
El 5 de marzo del año pasado, la audiencia había sido confirmada por el mismo TOC 3, que rechazó un pedido de postergación del abogado Roberto Fernández, defensor oficial de los imputados.
En esa ocasión, los jueces coincidieron con la posición del querellante Annicchiarico, quien consideró que una nueva postergación "volvería a dilatar la marcha de este proceso, ya de por sí dilatado y entorpecido de manera insoportable desde que la Suprema Corte de Justicia de la provincia resolviera el 23 de noviembre de 2013 que debía efectivizarse el juicio por atroces hechos".
En el ataque, donde se utilizaron armas cortas y largas, incluyendo ametralladoras, también participaron los policías César Córdoba y Carlos Saladino, ya fallecidos.
El hecho
La "Masacre de Wilde" tuvo como víctimas al remisero Norberto Corbo y a sus pasajeros, Claudio Mendoza y Enrique Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz, el único que sobrevivió al ataque.
Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús. Les dispararon más de 200 veces.
El único de los nueve expolicías acusados que se encuentra detenido es el excabo Rodríguez, ya que permaneció prófugo 20 años y fue detenido en 2014 en Córdoba.
Todos los exefectivos afrontan cargos por los delitos de "cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa", por la única víctima del ataque que sobrevivió.
La "Masacre de Wilde" ocurrió el lunes 10 de enero de 1994, cuando los policías de la entonces Brigada de Lanús persiguieron y asesinaron a balazos a los ocupantes de dos autos, presuntamente al confundirlos con un grupo de delincuentes que buscaban.
De acuerdo a los peritajes, ambos vehículos y las víctimas recibieron más de 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.
En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.
Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos, aunque la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que ordenó reabrir el expediente.
El hecho ocurrió en plena vigencia del “meta bala” que promocionaba el entonces gobernador Carlos Ruckauf. La “maldita policía” bonaerense, estaba encabezada entonces por el fallecido comisario Pedro Klodczyck. Uno de los jefes de la Brigada era Juan José Ribelli, imputado y luego absuelto en el juicio por el atentado contra la AMIA.
Según la versión de los policías, las víctimas fueron perseguidas y acribilladas por ser supuestos responsables del robo a una sucursal del Banco Galicia. Las pruebas reunidas contradicen esta versión. Los policías actuaron vestidos de civil y en autos sin patente ni identificación como móviles de una fuerza de seguridad.
