Este miércoles se cumplieron 31 años del autogolpe que consolidó al régimen fujimorista en Perú y que marcó las últimas tres décadas con su legado neoliberal. La Constitución de 1993, cuyos efectos continuán hasta nuestros días. La lucha de clases que recorrió los últimos 30 años y la propuesta actual de la Corriente Socialista de las y los Trabajadores (CST), organización que impulsa la red internacional La Izquierda Diario en Perú.
Jueves 6 de abril de 2023 12:54
Este 5 de abril se cumplieron 31 años del golpe de Estado de 1992 propiciado por Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y las Fuerzas Armadas del Perú, que instaló un régimen autoritario que subsiste hasta nuestros días. Decimos que el régimen subsiste porque la principal razón del golpe fue instalar un régimen económico, político y social de ajuste económico que derivó en la precarización de millones de trabajadores y trabajadoras.
La llegada de Fujimori al gobierno en 1990 estuvo motivada por la crisis derivada del modelo populista desarrollista que buscaba desarrollar una burguesía nacional con el primer gobierno de Alan García.
Antecedentes del golpe
En medio de un escenario internacional donde el llamado socialismo real desaparecía, y un escenario nacional marcado por la hiperinflación que se comía los salarios, las políticas neoliberales se ponían en pie como único horizonte en un túnel sin salida.
Las políticas neoliberales fueron parte de una propuesta denominada “Plan Verde”, desarrollada por el Ejército Peruano, que tenía como principal elemento el establecimiento de un régimen autoritario que desarrolle todas las herramientas necesarias para que la crisis la paguen los trabajadores y las trabajadoras.
Por ello, al tiempo de asumir como presidente electo, Alberto Fujimori desplazó de su equipo económico a Oscar Ugarteche, Fernando Villarán, entre otros que provenían de las canteras de la izquierda reformista y optó por el plan propuesto por los militares, como bien sentenció el derrotado Mario Vargas Llosa "…El APRA y la izquierda… abrieron las puertas de Palacio a Fujimori".
La confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo fue una constante durante los meses previos al golpe, Fujimori hábilmente golpeaba a los partidos tradicionales como las élites que vivían a costa de las arcas del Estado; el discurso fujimorista giraba en torno a la comparación de que mientras los salarios se esfumaron ante la creciente hiperinflación, los diputados y senadores gozaban de una serie de beneficios, tal y como sucede hoy en día.
Las propuestas legislativas que desarrollaba Fujimori se encubrieron bajo el tenor de la lucha contra el terrorismo, pero en el fondo era la consolidación de paquetes legislativos que implicaban la reestructuración económica del país bajo un enfoque neoliberal propulsado con una fuerte intervención de funcionarios del sistema financiero internacional y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el imperialismo estadounidense hacía gala de su injerencia.
Autogolpe y apertura del régimen neoliberal
El 5 de abril fue la consolidación de los ajustes a las clases trabajadoras y campesinas en beneficio de la burguesía nacional e internacional como salida a la crisis económica, la crisis la terminaron pagando los trabajadores y las trabajadoras; el discurso contra el terrorismo y la política sanguinaria de Sendero Luminoso y el MRTA abonaron a este escenario de imposición de un conjunto de políticas neoliberales.
Las políticas neoliberales establecieron la precarización laboral, la pauperización de los barrios, la privatización de las empresas, la poca capacidad de respuesta ante fenómenos naturales, el aumento de la emisión de CO2, la irracionalidad en la explotación de los recursos naturales, entre otros procesos que fácilmente son verificables por las estadísticas, las imágenes satelitales o por el simple caminar en los campos y las ciudades donde la pobreza extrema y la informalidad son su marca.
Pero para viabilizar legalmente todo este proceso era importante un nuevo marco constitucional que permita petrificar los cambios estructurales que se proponían; para ello, con la venia de los Estados Unidos, Fujimori procedió al poco tiempo a darle un sello democrático mediante el llamado a un Congreso Constituyente Democrático (CCD), un proceso constituyente nacido bajo las ataduras del Decreto Ley No. 25.418, denominado Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional.
El Congreso Constituyente Democrático y la petrificación del ajuste
El proceso constituyente que nacía bajo el autogolpe no fue más que una forma de validar la petrificación del ajuste a las clases trabajadoras y campesinas, no solo fue la adopción de medidas económicas, sino que implicó el diseño institucional de un Estado Burgués que se materializaba como “el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”, tal y como Marx y Engels habían definido en el Manifiesto Comunista.
El CCD fue el espacio de mediación propuesto para aplacar a las clases explotadas, y tal vez eso lo comprendió muchos peruanos que no tenían una dirección política, o que veía como sus principales referentes habían sido parte de la claudicación al recetario neoliberal desde antes de la caída del socialismo real, representado por Izquierda Unida e Izquierda Socialista, y la insostenible política reformista de la Segunda Internacional, representada por el APRA.
El CCD como espacio de mediación constituido, pese a no contar con partidos tradicionales como el APRA y Acción Popular, contó con la participación del Movimiento Democrático de Izquierda, un sector que participó con Ministros desde el inicio en el Gobierno de Fujimori, sus representantes fueron Julio Castro Gomez, Julio Díaz Palacios, Gloria Helfer Palacios y Henry Pease García.
El espacio de mediación no funcionó para aplacar completamente a las clases explotadas pues si revisamos las cifras de aquellos procesos electorales nos encontraremos con algunas sorpresas lapidarias, la primera que solo el 48% de la Población Económicamente Activa voto por algún partido para el CCD; la segunda y peor aún, solo el 31% de esta votó en 1993 por la opción del Sí a la Constitución redactada por el CCD; estas cifras validan que la mayoría de la población no participó ni con su voto en la validación de un Régimen Constitucional que petrificó el ajuste a las clases explotadas.
Por ello, desde el inicio de las ejecución del ajuste las protestas de las organizaciones sociales fueron la agenda del día, la lucha fue constante y eso es validado con la estadística del Ministerio del Trabajo; pues pese a la alianza con los militares y los diferentes casos de Derechos Humanos, solo el año 1994, a un año de la aprobación del Constitución hubieron 160 huelgas, que implican 1.936.647 horas-hombre perdidas.
El péndulo de la lucha de clases
La Constitución del ’93 se vuelve un chaleco de fuerza para el desarrollo de la propia sociedad, los altos niveles de conflictividad social evidencian la incapacidad de detener el péndulo de la lucha de clases; el Régimen Constitucional impuesto no pudo aplacar totalmente a las clases explotadas, las disputas entre trabajadores y burgueses, entre campesinos y terratenientes o la gran minería, entre pueblo originarios y empresas transnacionales, entre estudiantes y mercachifles de la educación, entre otras han sido una constante en 31 años.
Los distintos gobiernos de turno han intentado buscar mecanismos de mediación tanto institucionales, las mesas de diálogo, y sanguinarios, como las protestas contra Dina Boluarte, para poder aplacar totalmente el péndulo de la lucha de clases; pero este no se ha detenido, estas idas y venidas tienen en el contrato social fujimorista el principal obstáculo para el desarrollo de la sociedad.
La izquierda heredera del Movimiento Democrático de Izquierda y sus variantes ha buscado en todo momento jugar su clásico guión de ser el cuerpo técnico que puede brindar un rostro humano al Régimen Constitucional del 93; su lógica de contención al malestar de las clases explotadas es proponer a todos los gobiernos de turno reformas constitucionales, políticas públicas de inclusión, mesas de diálogo y otras propuestas que han desenvuelto y que la final han jugado de lado del fujimorismo, y eso se valida en las últimas incursiones electorales de muchos de sus cuadros como Vladimiro Huaroc con Keiko Fujimori, o el actual ministro Alberto Otarola y la propia Dina Boluarte que provienen de sus canteras.
A 31 años ¿Qué proponemos desde la Corriente Socialista de las y los Trabajadores?
Nuestro planteamiento es concreto, exigir a todas las organizaciones de los trabajadores, sindicatos, de los campesinos, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los estudiantes, de los barrios, entre otros; coordinar y unificar todas nuestras luchas para triunfar.
Para ello, es necesario multiplicar las movilizaciones de Enero y Febrero para que Dina Renuncie y se Cierre el Congreso; y preparar una Huelga General saliendo millones a las calles para derrotar a este Régimen hambreador y asesino.
La calle canta “Esta Democracia, ya no es Democracia”, para recuperar esa Democracia es necesario que se convoque a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, mediante la elección de representantes por cada 20 mil electores, que puedan ser revocados si traicionan su mandato y con el salario de un trabajador, de la canasta básica familiar, no como la del 93 que nació bajo los límites del Régimen Fujimorista, donde solo participaron 80 constituyentes y con listas de los partidos que avalaban a Fujimori.
Una Asamblea Constituyente que sea "Soberana", es decir que ninguna institución del Régimen del 93 pueda cambiar ni negociar lo que en esta se decida; y que sea "Libre", es decir que tenga plena libertad para deliberar sobre todos los temas y votar medidas para que la crisis la paguen los ricos, los corruptos, y no el pueblo trabajador.
Para imponer impuestos extraordinarios a las grandes fortunas, nacionalizar los bancos que son los que organizan la fuga de capitales, y centralizarlos en una banca estatal única que no solo proteja a los pequeños ahorristas sino que pueda otorgar creditos para infraestructura, vivienda, producción etc, prohibir los despidos y establecer un salario mínimo y de jubilación igual a la canasta familiar, elección por el voto popular de todos los jueces, aborto legal, y separación de la iglesia y el estado, para reconocer los derechos de los pueblos originarios, entre otros temas fundamentales como la tierra y la vivienda.
Los socialistas luchamos por un gobierno de los trabajadores; a 31 años del autogolpe de Fujimori, hoy hacemos esta propuesta de emergencia a todas las organizaciones de trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes y de mujeres que quieren enfrentar en serio este saqueo no nos dejemos pisotear impongamos con la lucha la fuerza de las grandes mayorías.
