ROSARIO // LESA HUMANIDAD. A 38 años de su intervención, la APDH impulsa la investigación del Genocidio Cultural

A 38 años de su intervención, la Biblioteca Popular Constancio Vigil impulsa la investigación de lo que se llamó su "genocidio cultural". Frente a ello, hoy se realizará una presentación ante el fiscal Gonzalo Stara, de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, para solicitar una inspección judicial en las instalaciones de la histórica institución. La fiscalía a la que llegará hoy el petitorio es la que lleva adelante la investigación de los delitos económicos cometidos durante la dictadura militar, en las instalaciones de la Biblioteca de calle Gaboto 450, Alem 3078, 3086, 3098, 3080 y 3060.

Al respecto, Florencia Delnegro presidenta de la APDH Rosario dijo : “Como es de público conocimiento, la intervención cívico militar produjo el desguace de los bienes de la Biblioteca Vigil y el desmantelamiento de su proyecto cultural, popular y emancipador que fuera señero en nuestra ciudad y en la región”. Y agregó: “El 24 de Febrero de 1977 mediante la resolución 0492/77, se decretó la intervención de la entidad con la excusa de la existencia de problemas económicos en la misma. En escasos días, sin siquiera tener un panorama aproximado de la situación, se dispuso su liquidación. Así, con participación tanto de miembros de las Fuerzas Armadas (Marina y Ejército), como personal de la Policía y personal civil de inteligencia, y un grupo de civiles (Contadores y abogados), se montó un complejo plan para saquear a la Biblioteca Vigil. El proceso de liquidación, contó la complicidad del INAM, del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Poder Judicial, quienes permitieron que este se extendiera durante 30 años, cometiendo una infinidad de delitos, perjudicando a socios y acreedores”.

Luego de la recuperación de parte de sus instalaciones, la APDH Rosario y la actual Comisión Directiva de la Biblioteca, impulsan la investigación de los delitos contra la vida cometidos contra sus miembros y los económicos que destruyeron su patrimonio, entendiendo que el conjunto y la articulación de estos delitos, constituyen la figura de genocidio. Por eso buscan acompañar las constataciones notariales del estado en el cual se recuperaron los inmuebles de la institución y solicitarán la presencia de los magistrados a fines de inspeccionar el lugar donde se cometieron los delitos investigados y desde donde se pensó la implementación de los mismos.

El juez federal Marcelo Bailaque tiene a cargo la investigación sobre los delitos económicos cometidos en la Biblioteca Popular, durante la última dictadura militar. El requerimiento de instrucción fue impulsado por el fiscal Gonzalo Stara para establecer las responsabilidades ante la intervención. El magistrado resolvió a su vez, tener por parte querellante a los directivos de la Biblioteca sobrevivientes del ex Servicio de Informaciones de la policía y a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), para impulsar la investigación de los hechos. La fiscalía solicitó requerimiento de instrucción por los hechos de "robo agravado, daño agravado, estafas y otras defraudaciones cometidos contra el patrimonio de la biblioteca". Estos fueron considerados "hechos susceptibles de ser encuadrados dentro del plan sistemático de represión clandestina e ilegal implantado en nuestro país como política de estado a partir del 24 de marzo de 1976".