Cuando Gabriel Boric arribó a la Moneda, lo hizo homenajeando a la figura de Salvador Allende: “Estamos abriendo las grandes alamedas por donde pasen el hombre y la mujer libres” y plantó un compromiso de su gobierno con los luchadores sociales por la defensa de los derechos humanos, la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Este año, en que se conmemoran los 50 años del golpe de Estado de 1973, interpela fuertemente dicho compromiso.
Sábado 4 de marzo de 2023
De acuerdo a las distintas comisiones de verdad que se crearon durante la transición democrática, la cifra total de víctimas de la dictadura calificadas oficialmente es de mas de 40.125 personas incluyendo ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y victimas de prisión política y tortura. En particular, según las cifras de la subsecretaría de derechos humanos existirían unas 1100 personas detenidas desaparecidas, de las cuales sólo han sido identificadas 303 personas.
En referencia a aquello, la principal iniciativa del gobierno es el “Plan Nacional de Búsqueda”, lanzado el 11 de septiembre del año pasado, el cual establece como objetivo “la búsqueda de personas detenidas desaparecidas” para hacer entrega de sus restos a los familiares. Sin embargo, tanto su justificación, como los mecanismos para llevar adelante dicho objetivo y la viabilidad de que tengan éxito resultan cuestionables, tal como lo señalaron dos familiares de una detenida desaparecida a través de una columna en El Mostrador publicada el 17 de febrero del presente año (revísela aquí)
Resumiendo algunos de sus principales puntos, las compañeras sostienen que el documento revela un enfoque ahistórico, despolitizado y deshumanizado de la problemática. Esto se expresa en que si bien reconoce la existencia de una Dictadura que violó sistemáticamente los derechos humanos, no hace referencia alguna a las campañas de represión política de alcance regional como el Plan Cóndor, entre otras, ni a los servicios de seguridad, como la DINA, después CNI, ni a sus colaboradores judiciales, médicos, mediáticos ni civiles. Es como si no hubieses habido responsables concretos. Y de los desaparecidos mismos, no se menciona que eran personas que fueron asesinadas por que militaban en la izquierda de la época, por sus profesiones o pensamiento político.
Este enfoque, encarna el riesgo de que la acción del Estado en la materia se circunscriba sólamente a la búsqueda de restos y la “interposición de querellas criminales por delitos de exhumación e inhumación ilegal”, absteniéndose de querellarse por los delitos de secuestro, tortura y asesinato. En segundo lugar, sin la derogación de la Ley de Amnistía, la localización del cuerpo podría obstruir presentes y futuras querellas judiciales sustentadas en la categoría de secuestro permanente. Aquí intentaremos explicar dicho riesgo.
La Ley de Amnistía o Decreto Ley n° 2191 fue dictado por la Junta Militar el 18 de abril de 1978. Concedió amnistía a todas las personas implicadas en actos delictivos en calidad de autores, cómplices o encubridores cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, sin hacer una distinción entre los delitos comunes y aquellos cometidos con motivación política. Hasta finales de los 90ts, la ley de Amnistía fue uno de los principales obstáculos para investigar los crímenes de la dictadura.
El efecto directo del DL2191 era la impunidad de los agentes del Estado responsables de los crímenes, impidiendo de entrada la apertura de investigaciones ya que la antigua ley penal daba a los tribunales como único requisito para hacerlo el demostrar la vigencia de la amnistía: Si el hecho denunciado entraba en las descripciones de la Amnistía. entonces no existe responsabilidad penal alguna y por tanto no se abre investigación.
A partir de 1998, bajo la figura de secuestro permanente, acuñada por el Juez Juan Guzman Tapia, y por las presiones internacionales, cambia la forma de aplicación de la ley, poniendo por delante esta vez un requisito adicional: que fueran agotadas las instancias de investigación.
Bajo esta nueva lógica, la investigación tenía que realizarse. Sin embargo, delitos que hayan sido cometidos en el periodo 73-78 seguía bajo la protección de la ley (torturas, ejecuciones, etc). Ahora bien, la tradición legal chilena reconoce que el delito de secuestro, sin aparición de la persona, se asume que se sigue cometiendo porque cada día de desaparición forzada la ilegalidad se vuelve a cometer, entonces se vuelve un delito cometido fuera de la protección de la amnistía. Mediante este “truco” legal se comenzó a avanzar en la búsqueda de justicia, limitada eso sí, a la existencia de esta interpretación de los delitos y, por supuesto, que los cuerpos no aparezcan: de aparecer algún cuerpo el delito ya no sería secuestro sino homicidio, es decir, amnistiable.
Dicho de otra manera, si bien la aplicación de la ley de Amnistía se ha ido reduciendo hasta el punto que actualmente los tribunales prefieren no aplicarla por ir en contra de los tratados internacionales sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad, mientras siga vigente su utilización depende enteramente de la buena voluntad de los tribunales, la cual depende de la situación política general del país y de la orientación política particular de las y los jueces.
Otras críticas apuntan a la factibilidad del plan. Considerando que apela fundamentalmente a las víctimas para localizar los cuerpos y que haga referencia a los victimarios, solo para decir, que “es de suma importancia generar instancias de diálogo con las diversas fuerza armadas y de orden”, siendo que són ellos y no las familias de los detenidos desaparecidos quienes poseen toda la información necesaria para reconstruir los acontecimientos.
Quizá es debido a dicha dependencia de la buena voluntad de las fuerzas armadas para entregar la información, la condescendencia que ha marcado la relación del Gobierno de Boric con los altos mandos del ejército. Y es que desde su arribo a la cartera, en las reuniones mensuales que sostienen, la ministra de Defensa y nieta de Salvador Allende, Maya Fernández, les dio a entender que el presidente y todo su gobierno, querían rememorar esta efeméride “con ellos y no sin ellos”, “con ellos y no contra ellos”, según se consignó en La tercera, este sábado. Y que esperaba un gesto de las fuerzas armadas, aunque no señaló alguno en específico.
Esta actitud conciliadora contribuye a lavar la cara a los militares y obstruye el camino a la búsqueda de verdad para las familias y de castigo para los responsables. Pretender una conmemoración del 11 de septiembre en que caigamos todos (víctimas y victimarios), es hacer vista ciega a la historia, al rol preponderante de las instituciones militares en la planificación y ejecución del Golpe de Estado, y en las violaciones a los DD.HH perpetradas en dictadura. Además constituye la aberrante negación de la memoria reciente, en donde el ejército fue responsable de la muerte de manifestantes durante la revuelta de 2019.
