El pasado sábado diez de febrero se cumplieron 6 año de la aprobación de la última reforma laboral. Implementada por el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo enormes consecuencias para la clase trabajadora del Estado español, siendo la base legal sobre la que se aceleró el proceso de precarización de las condiciones laborales.
Miércoles 21 de febrero de 2018
El pasado sábado diez de febrero se cumplieron 6 año de la aprobación de la última reforma laboral. Este proyecto de ley implementado por el Gobierno de Mariano Rajoy ha tenido enormes consecuencias para la clase trabajadora del Estado español, siendo la base legal sobre la que se aceleró el proceso de precarización de las condiciones laborales.
Entre las diversas medidas que implicó esta reforma están el significativo abaratamiento de los despidos, pasando las indemnizaciones de 45 a 33 días por año trabajado en el caso de contratos indefinidos, con un máximo de 24 salarios (siendo hasta ese momento 42).
En el caso de despidos objetivos, es decir por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción, la indemnización pasaba a ser de 20 días. Pero el cambio más significativo era que el empresario podía aplicarlo no solo cuando tuviese pérdidas sino en el caso de simplemente preverlas.
Con estas y otras medidas, como la posibilidad de despido por absentismo individual, el Gobierno de Rajoy abría con su Reforma Laboral las puertas a una de las demandas más deseadas por la patronal, el despido libre y gratuito. Volver a línea automática.
Pero esta Reforma no solo significó un retroceso en materia de despidos, también abarataba la contratación en el caso de Pymes de menos de 50 trabajadores gozando de una deducción de más de 3000 euros al año en el caso de contratar a un joven de menos de 30 años. Además los trabajadores de estas empresas pueden estar hasta un año con un contrato de prueba, durante el cual el despido es totalmente libre y gratuito.
Por último, implementaba unas serie de medidas que dejaba las manos libres a los empresarios para que pudiesen reducir salarios y eliminar derechos conquistados por sus trabajadores. Entre estas medidas destacan la supresión de los convenios colectivos cada dos años, teniendo por tanto que empezar de cero en cada negociación colectiva; facilidad para rebajar salarios por parte de la empresa sin previo aviso a los representantes de los trabajadores, o la supresión de los incentivos para los contratos por reincorporación de las mujeres con licencia de maternidad.
Las consecuencias que tuvo la Reforma laboral fueron casi inmediatas, las empresas iniciaron un proceso de despidos masivos de todos los trabajadores con contratos de más antigüedad para inmediatamente contratar trabajadores más baratos, con salarios más bajos y menos derechos. De esta manera la ya elevada tasa de desempleo se disparó a partir de ese momento pasando de los cerca de 4,6 millones de desempleados a 5,04 millones un año después. Sin embargo esa cifra no termina de mostrar la destrucción de empleo que significó la reforma, ya que durante este mismo periodo decenas de miles de trabajadores, tuvieron que emigrar a otro país para poder sobrevivir.
Con esto el Gobierno respondía a la difícil situación económica que estaba pasando el mundo y que golpeaba con especial dureza al Estado español. El mensaje estaba claro, no se trataba de combatir el desempleo y facilitar la contratación, como cínicamente se intentaba justificar desde el Gobierno y la patronal, sino que se trataba de hacer pagar los costos de la crisis económica al conjunto de la clase trabajadora aunque eso implicase desatar una catástrofe social sin precedentes.
Desde un punto de vista económico la reforma laboral también fue un desastre, contribuyendo a hundir al conjunto de la economía. El año 2012 fue uno de los peores con una caída del PIB del 2,1%, debido precisamente a los altos niveles de desempleo que terminó lastrando a la ya frágil economía española.
La respuesta por parte de los trabajadores fue contundente, con una potente Huelga General el 29 de Marzo y la intensificación del ciclo de movilizaciones que se había abierto el 15 de Mayo de 2011. Pero esto no fue suficiente para que la clase obrera pudiese jugar un papel central en las protestas, debido fundamentalmente a la política paralizante de las burocracias sindicales de CCOO y UGT, que en todo momento intentaron frenar a los trabajadores y en la práctica actuaron de bomberos de la patronal y el Gobierno. La Reforma Laboral por tanto no pudo ser tirada abajo, y el Gobierno de Rajoy logró imponer sus designios a pesar del enorme clima de indignación.
Sin embargo aun en este panorama de profunda debacle económica, no todos salieron perdiendo. Desde la aprobación de la Reforma Laboral, la patronal se vio con la libertad absoluta de implementar planes de reestructuración dentro de sus empresas, con el objetivo de conseguir en la práctica una rebaja de salarios generalizada y plantillas con menos derechos. De esta manera al mismo tiempo que gran parte de la clase trabajadora estaba pasando por un situación extrema las grandes fortunas vieron aumentado su riqueza a un ritmo incluso mayor que antes de la crisis. Un ejemplo de esto es como el número de personas millonarias ha crecido un 60% desde el inicio de la crisis, mientras que los trabajadores jóvenes cobran un 33% menos que en 2008. Nos encontramos por tanto en un momento en el que la desigualdad es mayor que nunca, en la que las tres personas mas ricas de el país, Amancio Ortega, su hija y Juan Roig, acumulan más dinero que el 13% de la población más pobre.
Esta reforma, que ha sido la más dura desde el punto de vista del cercenamiento de las condiciones de los trabajadores, tan solo fue la continuación de el proceso de degradación de las condiciones laborales que ya habían iniciado los anteriores gobiernos del PSOE y PP con sus distintas Reformas Laborales. Ya la Reforma Laboral del Gobierno Zapatero en 2010 junto con su paquete de recortes sociales suponía un punto de inflexión en el empobrecimiento creciente de la clase trabajadora, y marcó el camino para toda la política antisocial del siguiente Gobierno.
En la actualidad, vuelven a surgir procesos de lucha y autoorganización de trabajadores contra la precariedad, que aun de forma embrionaria podrían indicar un posible cambio de escenario en la lucha por mejores condiciones laborales. Para plantearse seriamente este objetivo, es necesario derribar las reformas laborales de los últimos años junto con el resto de medidas antisociales, tanto de este Gobierno como de los anteriores. Precisamente este diez de febrero varios miles de trabajadores salieron a la calle en más de 33 ciudades para protestar contra la precariedad y la situación intolerable que vive la clase trabajadora, y que muestra como el hartazgo creciente empieza a tener su expresión en las calles.
