Opinión. A 7 años de Ayotzinapa y ¿la justicia?

Han pasado 7 años y 3 meses de la desaparición forzada por parte de las fuerzas gubernamentales de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Los padres, madres, estudiantes y demás organizaciones solidarias convocaron a acciones pues siguen reclamando justicia y la aparición con vida de los jóvenes.

La llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su autodenominada Cuarta Transformación (4T) generó enormes expectativas tanto entre madres y padres de los 43 como en la sociedad mexicana en general. Sin embargo, a más de 3 años del actual gobierno no se observa un avance concreto en localizar a los estudiantes, en la investigación a miembros del Ejército Mexicano –se ha demostrado que el celular de al menos uno de los normalistas estuvo en el campo militar de Iguala– y el castigo a los altos funcionarios del gobierno del priista Enrique Peña Nieto.

Uno de los padres de familia señaló que se sienten engañados porque en siete años no se ha resuelto nada, “no sabemos nada y no se ha hecho justicia”. Asimismo, mencionaron que “Le demandamos al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla su promesa hecha en campaña de esclarecer el caso, de encontrar con vida a los estudiantes desaparecidos y el castigo a los responsables”. Indicaron que, a tres años de su gobierno, no se ha hecho nada y que se han ocultado evidencias y pruebas que podrían dar resultados en la investigación.

¿Por qué la justicia no ha llegado?

A partir de la Noche de Iguala, el régimen mexicano sufrió una crisis orgánica, es decir, una profunda crisis que planteaba la apertura de una situación inicialmente prerrevolucionaria producto de las movilizaciones que cientos de miles protagonizaron exigiendo en las calles su aparición con vida. Con un gobierno incapaz de dirigir a la sociedad por medio del convencimiento, necesitando recurrir con mayor frecuencia a la represión para acallar las voces de protesta y las masivas movilizaciones que desbordaban las calles en México al gripo de “Fue el estado” y “Fuera Peña”.

Los tres partidos principales del régimen se vieron en una profunda deslegitimación, que no pudo ser contenida en los marcos institucionales convencionales. Los políticos “de siempre” encontraron dificultades en disimular que en México se vivía en una “democracia solo para ricos”.

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Uno de los hechos más bochornosos fue cuando el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam “decretó” la verdad histórica, según la cual, los estudiantes habían sido incinerados y arrojados a un río. Pero la respuesta de indignación por parte de la población no se hizo esperar y se sintetizó en la consigna “Fue el Estado”.

Las enormes movilizaciones que hicieron temblar al gobierno y al régimen fueron desviadas por distintas vías. La primera tuvo que ver con que, la dirección del movimiento se negó a convocar a los sindicatos y a la clase trabajadora para que saliera a las calles organizada con el fin de exigir e imponer junto al pueblo, la aparición con vida los estudiantes, así como otro tipo de reivindicaciones de orden político y económico, como por ejemplo la caída mediante la fuerza popular del gobierno de Peña Nieto.

Otro problema fue la confianza de esta dirección en instituciones estatales y supra estatales –la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos-, que han demostrado tener enormes límites, en lugar de apoyarse en la fuerza popular y sus propias instituciones sociales y sindicales.

En esa importante coyuntura AMLO realizó un doble movimiento. Por una parte, hizo llamados para evitar el derrumbe de Peña Nieto a manos del pueblo, y así Morena capitalizó todo el descontento de aquellos años de lucha con el que se hizo de la mayoría en ambas cámaras legislativas y la presidencia en 2018.

Por otro lado, al salvar al gobierno priista de la justicia popular, AMLO también detenía un peligroso antecedente para un régimen burgués: la caída de un gobierno con base en la movilización popular y en las calles.

Es por ello que, debido a las muestras sistemáticas de continuidad en la impunidad por parte de la administración de la 4T, es de vital importancia la organización independiente como una medida urgente en estos tiempos. Ya que, sumado a nulo avance en el caso de nuestros normalistas, se encuentra su voto negativo al juicio a expresidentes, su amnistía a personajes como Peña Nieto, la escandalosa defensa de Cienfuegos y el creciente rol que han jugado los altos mandos de las FF.AA. en tareas de orden civil, la conformación de la Guardia Nacional como otro brazo represivo que participa en las tareas de “seguridad” reprimiendo trabajadores y caravanas migrantes, las preocupantes y elevadas cifras de feminicidios, los recurrentes crímenes a periodistas y defensores de nuestros recursos naturales, y una larga lista de abusos y vejámenes que lejos de ceder, se acrecientan.

Lo anterior deja claro que la intención de AMLO no era generar las condiciones para dar justicia a los padres y madres de familia por la desaparición de sus hijos, sino que buscó relegitimar a las instituciones que la coyuntura de Ayotzinapa y saldar la brecha generada entre gobernantes y gobernados, para fortalecer nuevamente al régimen burgués y continuar con los planes económicos en “paz”.