El subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, así como el fiscal del caso, Omar Trejo, anunciaron que las nuevas líneas de investigación se establecieron en función de nuevos indicios, aunque la responsabilidad del Ejército sigue difusa en las diligencias.
Miércoles 22 de septiembre de 2021
A punto de cumplirse 7 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de la 4T, que había prometido “verdad y justicia para las víctimas”, agregó otra línea de investigación, debido a que se encontraron “quemas controladas” en distintos puntos de la Barranca de la Carnicería, como señaló la declaración de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
En conferencia de prensa, transmitida desde el lugar de los hechos, en la barranca ubicada a casi un kilómetro del basurero de Cocula, los encargados de la investigación encabezados por Alejandro Encinas y Omar Trejo comunicaron la localización de más de 200 restos humanos. Por lo cual se abriría una nueva línea de investigación que lleve a una reconstrucción de los hechos, que permita explicar cómo es que llegaron los restos encontrados a ese lugar.
Después de señalar el conjunto de irregularidades en la investigación que la anterior administración había hecho, como la tortura para arrancar confesiones, el encubrimiento a funcionarios, las inconsistencias en la integración de los expedientes, como parte de la construcción de una “verdad histórica” sin sustento para garantizarle impunidad a los responsables, los funcionarios de la 4T encargados del caso aseguraron que “no buscan construir otra verdad histórica” como lo intentó hacer el entonces procurador de justicia del Gobierno de EPN, Jesús Murillo Karam. La declaración del fiscal especial asegura que sólo abrirán una nueva línea de investigación.
Irregularidades e impunidad, constantes en el caso Ayotzinapa
Sin embargo, las primeras diligencias que señalaban como responsables materiales y/o intelectuales a agentes del Estado e integrantes de las Fuerzas Armadas siguen detenidas u obstaculizadas por “errores en la integración de las carpetas de investigación”. Este fue el caso de Majul González, ex alcalde priista de Taxco, quien fue señalado por Gildardo Astudillo como cómplice en la desaparición de los estudiantes y que en las recientes elecciones apoyó la precandidatura a gobernador de Pablo Amílcar, de Morena.
El caso del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, es otro ejemplo de cómo opera la impunidad. El ex edil y su esposa, detenidos en mayo de 2015 en Iztapalapa y quienes desde esa fecha siguen en una prisión del Estado de México, llevan 7 años sin recibir una sentencia por la noche de Iguala. Esto pese a los diversos señalamientos y evidencias de sus vínculos con el cartel de Guerreros Unidos, así como de sus fricciones previas con los normalistas, quienes habían asistido a las manifestaciones en respaldo a los activistas de la Unión Popular Campesina, asesinados después de tener fuertes críticas a Abarca.
Inclusive las madres y padres de los estudiantes señalan como “la principal debilidad de la Fiscalía y la Comisión de la Verdad” en la integración del caso, el papel que jugaron las fuerzas castrenses en la noche de Iguala, señalando que es el “principal talón de Aquiles” de esta investigación, al señalar las irregularidades en el proceso que llevan contra el capitán Martínez Crespo, a quien no se ha vinculado a proceso por la desaparición de los 43 estudiantes, aunque tiene órdenes de aprehensión por delitos contra la salud y delincuencia organizada.
La búsqueda de verdad y justicia por los terribles casos de violencia y desaparición forzada en nuestro país sigue siendo una demanda que este gobierno, que asumió con la promesa de resolver el caso Ayotzinapa, continúa sin resolver.
La lucha que impulsamos miles de jóvenes y trabajadores desde 2014, bajo la consigna “Fue el Estado”, desconfiando de la “verdad histórica” de las reaccionarias instituciones del régimen político, intentó ser desviada por el gobierno de la 4T hacia la confianza en esas mismas instituciones, lo que no ha llevado hasta ahora ni a la verdad ni a la justicia.
Este próximo 26 de septiembre, a 7 años de la masacre de Iguala y de la desaparición forzada de los 43, retomemos la movilización en las calles junto a sus compañeros y familiares bajo el grito: “Ni perdón, ni olvido”. Solo así conseguiremos verdad y justicia.
