En Chilpancingo, miles se movilizaron y fueron desalojados con gases lacrimógenos. En varios estados hubo manifestaciones y en el Distrito Federal se develó el Anti-Monumento +43.
Gabriel Bagundo México | @g_bagundo
Miércoles 29 de abril de 2015
A 7 meses de la masacre de Iguala los padres de familia y la sociedad internacional no tenemos certidumbre sobre el paradero de los 43 estudiantes. La 11va Jornada Global que se convocó para este domingo 26 de abril se concretó con varias acciones a nivel nacional. En Guerrero, epicentro de las protestas a nivel nacional, la marcha encabezada por los padres de familia fue disuelta con gases lacrimógenos.
En Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, la movilización inició después de las 12 horas, encabezada por los padres de familia y por estudiantes normalistas; los acobijaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y otras organizaciones que adhieren a la Asamblea Nacional Popular (ANP). En diversas poblaciones de Guerrero también hubo protestas. En Tixtla la Policía Comunitaria bloqueó la carretera y en Ayutla de los Libres también realizó un acto.
Las organizaciones que se movilizan recalcaron el llamado de los padres a boicotear las elecciones en los lugares donde haya condiciones. La masacre de Iguala –que continúa impune- evidenció que apoyar a los partidos políticos es apoyar directamente al narcotráfico. Por ejemplo, según consta en el semanario Proceso, Bernardo Ortega Jiménez, que es representante del poder legislativo en Guerrero (diputado del PRD), es señalado como hermano de los líderes de Los Ardillos.
La movilización fue dispersada con lacrimógeno
La marcha comenzó en la zona norte del estado y recorrió varios kilómetros de manera pacífica. Al llegar al Congreso del Estado, diversos vehículos repartidores de empresas del ramo alimenticio fueron retenidos por los manifestantes y se utilizaron para atacar las instalaciones del Congreso, mientras decenas de manifestantes lanzaban piedras.
Posterior a ello, al lugar arribaron cientos de policías locales y federales con equipo anti-motín, quienes dispersaron la movilización a golpes y gases irritantes. Miles de manifestantes tuvieron que huir en dirección al centro de la ciudad, en donde el magisterio disidente mantiene un plantón desde octubre pasado. Se registraron decenas de heridos, algunos de gravedad.
Los asistentes a la movilización también retuvieron a un agente federal que se infiltró en la marcha con equipo táctico propio de estas fuerzas represivas. Horas más tarde fue entregado en la población de Tixtla.
Las organizaciones participantes, como el Movimiento Popular Guerrerense, reiteraron el llamado a boicotear las elecciones del próximo 7 de junio en los lugares donde haya condiciones y a no votar por ninguno de los partidos en el Congreso.
El “Anti-monumento” +43
En la Ciudad de México, organizaciones como el Movimiento por las Paz con Justicia y Dignidad y el Comité +43, develaron un “anti -monumento” en el cruce de Reforma y Bucareli, en el centro de la Ciudad. Desde medio día se dieron cita organizaciones civiles, sociales y de derechos humanos. Entre las personalidades que convocaron estuvieron Miguel Concha Malo, Alberto Patishtán y Jesusa Rodríguez, quienes denunciaron que a 7 meses no haya un conocimiento verídico sobre los hechos.
Pasadas las 14 horas desde el templete se anunció, de manera sorpresiva, que comenzaría la instalación de tres enormes piezas que representan un “+43”. Según el colectivo organizador, esta escultura “no aspira a perpetuar el recuerdo, sino a alterar la percepción de un hecho que es inamovible”. En el acto estuvo presente la madre de Benjamín Ascencio Bautista y otros familiares de normalistas, como Melitón Ortega.
A las 16 horas inició otra movilización que partió del Ángel de la Independencia con cientos de jóvenes, que hizo una parada en el “Anti-monumento”. A las 19 horas también hubo un acto con veladoras en el Zócalo de la ciudad, y hasta altas horas de la noche una comisión resguardó la escultura, esto previniendo que alguna autoridad local o federal pretendiera retirar el “Anti-monumento” recién instalado.
Para el gobierno las elecciones importan, los desaparecidos no
Este gobierno evadió durante 7 meses su responsabilidad en el crimen de Estado que constituye la noche trágica de Iguala. La institución encargada de impartir justicia, la Procuraduría General de la República (PGR), trató de construir una versión de los hechos que evitara que la atención llegara al Ejército o a otros vínculos entre políticos y el narcotráfico, aun cuando tuviera nulo sustento científico, como fue denunciado por investigadores del Instituto de Física de la UNAM.
En estos 7 meses, cientos de miles de trabajadores, estudiantes y amplios sectores populares se han movilizado en prácticamente todas las ciudades del país para exigir justicia en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, y también para los miles de crímenes violentos que a diario se cometen en este territorio militarizado que es México.
La represión que sufrieron los padres de familia, maestros, estudiantes y todos los manifestantes que asistieron a la movilización en Chilpancingo, es una prueba más de que el gobierno ya no tiene ninguna voluntad de buscar la verdad sobre el paradero de los normalistas. A estas alturas del mes, solamente les interesan las encuestas sobre la intención de voto.
Ayotzinapa es una herida que no ha cerrado, y la inconformidad social que manifestó tampoco ha desaparecido. Garantizar que nunca se repita otro Ayotzinapa implica denunciar todos los vínculos entre el narcotráfico y el gobierno, eliminar la política educativa que busca desarticular las normales rurales y la educación pública, y erradicar la tortura como práctica sistemática de las instituciones represivas, demandas democráticas que ninguno de los partidos que contienden en estas elecciones están dispuestos o pueden llevar hasta sus últimas consecuencias, y que sólo podrán ser resueltas en manos de los trabajadores organizados del campo y la ciudad.
