La localidad Navarra de Altsasu lleva en el punto de mira mediático desde el pasado mes de octubre. Mientras, los grandes medios de comunicación siguen haciéndose eco de la versión oficial de la Guardia Civil, y tacha a los detenidos de terroristas.
Miércoles 8 de febrero de 2017
El pasado 14 de noviembre seis de las personas acusadas de agredir a dos guardias civiles en Altsasu, entraron en prisión. 87 días después Jokin, Julen y Adur continúan en la prisión de Soto del Real (Madrid) bajo régimen FIES, por delito de terrorismo.
El grupo de soporte con los encausados, ‘Entzun Altsasu’ denunció desde el principio que el caso se trata de un montaje policial. Uno más en la larga lista de montajes policiales en el Estado español, que se suma al hostigamiento inacabable que sufre la juventud vasca y navarra.
Para contextualizar lo que ha pasado en Altsasu, es necesario saber que es una de las provincias con más efectivos policiales por habitante: diez policías por cada mil habitantes. También, que entre la Policía Foral y la Guardia Civil, de enero a septiembre del pasado año realizaron 450 controles, aunque calculan que pueden ser más. Colectivos como ‘Ospa Mugimendua’ llevan manifestándose desde hace años contrarios a la presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) en Navarra, y denunciando la represión que sufren.
En una entrevista a La Directa, miembros de ‘Entzun Altsasu’ declararon que «los hechos de Altsasu no se pueden entender como un hecho aislado, sino no se hubieran sobredimensionado tanto». Todo ello en el marco de un movimiento amplio que exige la desmilitarización y el fin de la represión por parte de los miembros del FES.
«Si todo esto hubiese pasado en otro lugar, estaríamos hablando de una pelea y de multas. En cambio, tenemos once personas acusadas de terrorismo por la Audiencia Nacional, con peticiones de 10 y 20 años de prisión. Para mantenerlos en prisión preventiva, la jueza [Lamela] alega que hay peligro de fuga y que no tienen raíces en el pueblo», continúan.
Dos meses de movilizaciones y actividades, a las que se suman la marcha a la prisión de Soto del Real el 28 de enero. Una marcha para pedir la liberación de los tres jóvenes aun encarcelados, así como el sobreseimiento de la causa, pensada en un principio para el 3 de diciembre, pero que fue vetada por la Guardia Civil.
La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APVT) pidió a la Audiencia Nacional que la marcha fuese prohibida, así como que la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza emitieran informes acerca de los convocantes.
Vamos, una investigación, argumentado que detrás podría estar alguna organización ilegalizada. También afirman que presentar a los detenidos como “víctimas de Estado” supone un “grave impacto sobre las víctimas” de terrorismo y puede constituir enaltecimiento del terrorismo. Y en un acto de despotismo sentencia que el derecho a reunión no es absoluto sino limitado cuando su materialización “conlleva una finalidad ilícita”.
Espetxe guztia inguratu dugu...presoak espetxe barrutik erropak astintzen! Oso ondo egon da! Gainera, badakigu entzun gaituztela kopon! pic.twitter.com/UoKRxK1kqh
— Entzun Altsasu (@EntzunAltsasu) 28 de enero de 2017
Finalmente, el pasado 28 de enero, un centenar de personas se reunieron frente a Soto del Real. Procedentes de Altsasu y de otros lugares de Euskal Herria y Navarra, así como de otras partes del Estado, la concentración en solidaridad con los altsasuarras presos llevando de solidaridad y reivindicativos.
Asi sonaba, «espetxeratuak askatu!»...Ademas ya sabemos q nos han oido! Y q les ha dado mucha fuerza! Objetivo cumplido! #AltsasukoakAske pic.twitter.com/V09ru1l42p
— Entzun Altsasu (@EntzunAltsasu) 28 de enero de 2017
La presión del ‘Colectivo de Víctimas de Terrorismo’ (Covite) hizo que el caso, que en un principio llevaba la jueza María Paz Benito, pasara a manos de Carmen Lamena de la Audiencia Nacional. Lamena, así como Covite, consideran que el suceso se enmarca con una campaña de acoso contra los miembros del FES y contra la población civil mediante la creación de un “clima de miedo”.
Mientras tanto, desde ‘Entzun Altsasu’ afirman que su objetivo final es el sobreseimiento total de la causa, al considerar que como montaje policial no hay delito real. Aunque ven como un primer paso que el caso salga de la Audiencia Nacional para volver a la Audiencia Provincial de Navarra. Pero a pesar de no ser juzgado como terrorismo, si lo sería como delito de odio, penado con entre uno y cuatro año de cárcel.
La ofensiva mediática
Desde el primer momento, los grandes medios de comunicación asumieron como verdad incuestionable la versión de la Guardia Civil. Ríos de tinta y minutos televisivos donde criminalizaban a los jóvenes de Altsusa. La mayoría, tachándoles de “terroristas” y “radicales”. Otros llamándoles “cachorros de ETA” y “asesinos” (La Tribuna de Navarra, 19/10/2016).
Un circo mediático con periódicos como El Mundo que facilita la descarga en PDF del auto de la Audiencia Nacional, y que continúa con la difusión de varios mensajes de whatssap.
El pasado martes 7, el programa ‘Espejo Público’ de Antena3 se hacía eco de una información de la Guardia Civil que aseguraba que los jóvenes borraron conversaciones de whatssasp. De los breves extractos publicados, totalmente descontextualizados, la web del programa reproducía el informe oficial que afirma que los acusados se habían reunido para “preparar su versión de los hechos”.
La complicidad de los medios con la versión oficial; la difusión de los nombres y fotografías de los encausados con la apariencia que recuerda a los carteles de miembros de ETA; y la criminalización de la juventud de Altsasu, corresponden a una campaña de hostigamiento y represión que desde los grandes medios se hacen en estos casos, favoreciendo los intereses de esta justicia y de las instituciones del Estado.
