Caba. A casi un año de la represión por la reforma previsional, Pablo Noceti sigue sin dar explicaciones

La abogada Myriam Bregman, diputada porteña por el PTS-Frente de Izquierda, junto a Matías Aufieri, ambos integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), representan legalmente al diputado nacional Leonardo Grosso, una de las víctimas de la feroz represión que el Gobierno ordenó un día antes de la sesión parlamentaria que intentaría votar el robo a 17 millones de personas. Como querellantes solicitaron que el gobierno responda cómo fue el operativo ordenado en las jornadas del 13 y 14 de diciembre. El secretario del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti, debe responder el pedido de informes que los abogados del CeProDH presentaron ante el juez Torres. Aun hoy no recibieron respuestas.

Hace casi un año que el aparato represivo del Estado cargaba sus armas contra diputados y manifestantes que rechazaban la aprobación de una ley regresiva para los jubilados. El 13 de diciembre de 2017, el día previó a que se tratara la contrarreforma previsional, organizaciones sociales llegaban al Congreso Nacional donde los esperaba un enorme operativo de Gendarmería y Prefectura. Los gendarmes disparan sus armas y largaron los perros adiestrados para atacar. Hubo detenidos. ¿Cuál fue el crimen que cometieron los manifestantes? pretender realizar una vigilia hasta el día siguiente donde comenzaría a sesionar el Parlamento. Por entonces el Gobierno buscaba, a través de la reforma previsional, consumar un nuevo saqueo al bolsillos de millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

Aquel 13 de diciembre, alrededor de las 18:30 horas, la movilización que se acercaba al Congreso fue literalmente frenada por cientos de efectivos de Gendarmería Nacional. Varias diputadas y diputados de la oposición se acercaron al lugar en el que se enfrentaban cara a cara los manifestantes y los represores. En ese momento, como pudo verse en una transmisión en vivo de C5N, la Gendarmería también empujó y golpeó a los legisladores. A Leonardo Grosso, diputado nacional de Peronismo para la Victoria, le lanzaron un perro que lo mordió en la zona abdominal.

Al día siguiente, el 14 de diciembre, el Gobierno nacional dispone el mismo operativo represivo que culmina en nuevos ataques a los manifestantes. Varios de ellos terminaron hospitalizados y otros detenidos.

Once meses después

En las jornadas del 13 y 14 de diciembre el Gobierno ordenó blindar el Congreso Nacional con un ejército de gendarmes y prefectos provistos de armas con cartuchos de gomas, gases lacrimógenos y perros entrenados para atacar. Esos gases, balas y perros los tiraron contra legisladores, entre ellos se encontraba Leonardo Grosso. Un perro lanzado al ataque por Gendarmería mordió al diputado, provocándole heridas considerables. Así terminaba la jornada del 13.

El 14, ante un nuevo ataque represivo contra los manifestantes, un grupo de legisladores que salieron a reclamar al jefe del operativo que cesara con la represión recibieron en su rostro gas pimienta. Incluso, periodistas de medios masivos de comunicación, que portaban sus cámaras fueron alcanzado por balas de gomas, disparadas a corta distancia. La masiva movilización impidió que el 14 de diciembre la Cámara de Diputados pudiera votar la reforma previsional, que se aprobaría cuatro días después, gracias a la fracción de votos que aportó diputados del PJ.

En su calidad de querellantes, Myriam Bregman y Matías Aufieri solicitaron que el Ministerio de Seguridad informe sobre el personal de las Fuerzas de Seguridad que intervino en las jornadas del 13 y 14 de diciembre de 2017, en las inmediaciones del Congreso Nacional, en oportunidad de tratarse la ley de reforma provisional; los protocolos vigentes de la Gendarmería Nacional para el uso de la fuerza pública y si en alguno de esos casos, existió orden superior de prestar servicio sin uniforme, o sin identificación del mismo.

Estas son algunas de las preguntas que la querella solicita. Hasta hoy no recibieron respuestas, por este motivo el juez Sergio Torres, que lleva las causas abiertas contra quienes se movilizaron en aquellas jornadas, el pasado 8 de noviembre reiteró el pedido solicitado por la querella ante la secretaría que conduce Pablo Noceti (el mismo que ordenó la represión que termina con la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado).

Transcurrieron once meses sin que Noceti otorgue información sobre el operativo represivo que llevo adelante las fuerzas de seguridad que están bajos las ordenes de Bullrich.