Por primer vez el gobierno confirma su responsabilidad ante las víctimas de la violencia policial.Mientras que este miércoles, Fabiola Campillay será intervenida quirúrgicamente tras ser internada de urgencia el pasado fin de semana.
Miércoles 16 de septiembre de 2020
En una conversación con Radio ADN, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg (RN), confirmó este miércoles que el gobierno lanzará un plan de reparación para las víctimas de la violencia policial durante la revuelta popular el pasado 18 de octubre. Además, reconoció que sí hubo violación a los derechos humanos de parte de organismos del Estado durante la revuelta.
Estas declaraciones están enmarcadas hacia el proceso constituyente, donde el Gobierno de Piñera ha mantenido una línea de no polarizar hacia el plebiscito de este 25 de octubre.
La impunidad policial, a casi un año de la revuelta popular, nuevamente se cuestiona ante el pacto por “Acuerdo por la paz y la Nueva Constitución” anunciado el 15 de noviembre pasado.
Las cifras de la represión indican alrededor de 445 heridas oculares, de las cuales 34 fueron por estallido o pérdida ocular. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 3.765 personas heridas; 2.122 personas heridas por disparos de militares y carabineros; y 1835 “vulneraciones denunciadas”: 197 por violencia sexual y 520 por tortura.
Además, hubo 10.365 personas privadas de su libertad, de las cuáles alrededor de 2.500 pasaron en prisión preventiva, con 1.054 querellas por Ley de Seguridad del Estado de parte del gobierno. Hoy se contabilizan entre 500 y 600 personas privadas de libertad producto de su participación en la revuelta.
Hoy, Fabiola Campillay, víctima del lanzamiento de una bomba lacrimógena en su rostro el 26 de noviembre en San Bernardo, será internada por urgencia tras las graves lesiones que la dejaron sin visión permanente y quedando además con una serie de daños como pérdida de gusto y olfato. Mientras ella ha tenido que internarse en la UCI hace pocos días por causas derivadas del disparo que recibió, por ahora sólo han sido desvinculados dos capitantes.
Juicio y castigo para los responsables políticos y materiales de las violaciones a los derechos humanos
Como vemos, el “Acuerdo por la paz y la Nueva Constitución garantizó la impunidad a los represores, partiendo por el mismo Presidente. No hay Constituyente realmente democrática posible si siguen los violadores a los Derechos Humanos impunes y libres.
Por eso es necesario retomar el camino que abrió octubre, y en especial el paro nacional del 12 de noviembre, en la perspectiva de una huelga general que abra el camino para conquistar una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, y el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de las violaciones a los Derechos Humanos, junto con Fuera Piñera, para que pague sus responsabilidades en esos crímenes.
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