Observatorio de Despidos durante la Pandemia. A cuatro meses de la cuarentena: ¿cómo están los trabajadores? Informe del Observatorio de Despidos durante la Pandemia

Mariano González Vilas
Ana Loustaunau
Clara Posse
Juliana Yantorno [1]

Desde el inicio de la cuarentena, en el Observatorio de Despidos durante la Pandemia de La Izquierda Diario hemos publicado 25 informes con periodicidad semanal [2] dando cuenta del aumento incesante de despidos, suspensiones y rebajas salariales que vienen sufriendo las y los trabajadores desde marzo de 2020 hasta la actualidad. Al día de hoy, la cifra de trabajadores afectados asciende a más de 5 millones, lo que implica que 1 de cada 2 trabajadores registrados del país ha sufrido algún tipo de ataque a sus condiciones de trabajo y de vida.

Cuadro N°1: cantidad de trabajadores afectados según tipo de ataque

Estos ataques no son ni pueden ser leídos como “costo inevitable de la pandemia”, pero tampoco como “costo inevitable de la cuarentena”. El discurso que opuso, desde el inicio mismo del COVID-19, “la razón sanitaria” a la “razón económica” se ha demostrado engañoso. Lo que está en debate es la pregunta por quiénes pagarán el costo de una crisis cuya profundidad es tal que ha superado la iniciada en 2008 a nivel mundial. En este contexto, el análisis del impacto de la cuarentena entre los trabajadores no puede ser otro que el de las estrategias de las empresas para que sean los trabajadores quienes paguen los costos de esta crisis, las políticas del Estado al respecto, la ubicación de las direcciones sindicales y las resistencias de las y los trabajadores a partir de la conflictividad. Es, en definitiva, el análisis de una disputa en curso.

En esta clave, este informe especial a cuatro meses de la cuarentena se divide en cuatro partes. La primera y principal es una periodización que distingue 4 etapas marcadas por distintas estrategias para descargar el costo de la cuarentena entre los trabajadores: un primer momento de ataques dispersos encabezados por grandes empresas (Techint, General Motors, Minera del Altiplano, Mirgor, etc); un segundo momento de institucionalización a partir del pacto entre la UIA y la CGT; un tercer momento de viralización a partir de la firma de acuerdos colectivos por rama de actividad con cláusulas de rebajas salariales, suspensión de paritarias, cuotificación de aguinaldos, etc.; y un cuarto momento (que estamos transcurriendo en la actualidad) de intentos de normalización de dichos ataques a través de la apertura del debate sobre modificaciones en las relaciones laborales, ya sea bajo la forma de regimentación en los procesos de trabajo (como los proyectos sobre teletrabajo) o incluso la reapertura de la discusión sobre una reforma laboral. La segunda parte del informe consiste en una descripción de los principales sectores afectados por los ataques en cada uno de los períodos, atendiendo cantidad de trabajadores tanto del sector privado como el público. En la tercera parte, realizamos un mapeo de la distribución geográfica de estos ataques para poder calibrar, al menos parcialmente, su extensión en todo el territorio de Argentina. Por último, en la cuarta parte, una descripción de los conflictos de trabajadores desarrollados en estos cuatro meses.

Como hemos señalado en cada uno de los informes semanales, nuestro observatorio es una aproximación a la situación de los trabajadores durante la cuarentena, basada en el relevamiento sistemático de una serie de fuentes periodísticas y en las denuncias recibidas en nuestras vías de comunicación por trabajadores afectados así como también referentes sindicales [3].Esta información ha sido complementada, para este informe, con documentos realizados por otros colectivos e instituciones que han estado trabajando en la temática. Sin embargo, la panorámica que aquí elaboramos sub-representa la realidad de millones de trabajadoras y trabajadores que han visto empeorar sus condiciones de trabajo y de vida en estos meses, particularmente quienes están en situación de mayor precariedad, como los trabajadores informales.

1. PERIODIZACIÓN DE LOS ATAQUES A LOS TRABAJADORES

La periodización desarrollada a continuación toma como punto de partida el 20 de marzo, fecha en la que se dio dictaminó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Para la construcción de las distintas etapas se tomó en cuenta no sólo el tipo de ataque predominante (despidos, suspensiones, ataques al salario) sino las diferentes articulaciones entre gobierno, empresarios y direcciones sindicales que moldearon el curso de la crisis.

Primer período, 20 de marzo al 01 de abril: ataques dispersos

El primer período comprende desde el 20 de marzo al 1 de abril, tomando como punto de partida la publicación del DNU 297/2020 que da lugar al ASPO y que establece, en su artículo 8 [4] , el goce íntegro del salario de los trabajadores mientras dure el aislamiento. Este período incluye también la promulgación de dos Decretos de Necesidad y Urgencia: por un lado, el DNU 329/2020 que establece la prohibición de despidos y suspensiones durante 60 días (el cual será prorrogado por otros 60 días vía DNU 487/2020); y por el otro, el DNU 332/2020 que da lugar el Programa de emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Esta primera etapa está caracterizada por un conjunto de ataques dispersos de las patronales, consistentes fundamentalmente en despidos, lo que se combinará luego con reducciones salariales. Del total de ataques desplegados durante los primeros diez días de aislamiento, el 51% correspondió a despidos. Se destacan los 1.450 despidos llevados adelante por el Grupo Techint en Buenos Aires, Neuquén y Tucumán, a los que luego se sumarán 600 más. También despidos masivos en Minera del Altiplano (800) en la provincia de Salta y en Mirgor (525), en la provincia de Tierra del Fuego.

Este período inicial será encabezado sobre todo por grandes grupos económicos de sectores estratégicos de la economía que prontamente intentaron salvaguardar los márgenes de rentabilidad reduciendo los “costos laborales”. Esta avanzada sobre las condiciones laborales (despidos, suspensiones y rebajas salariales), fue acompañada por una serie de violaciones a los derechos sindicales, tal como indica el informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA [5] : en una gran parte de los casos allí relevados se registraron despidos o amenazas de despidos para aquellos trabajadores que se organizaban en reclamo de mayores condiciones de seguridad sanitaria y, por otra parte, se registró también la denuncia de obstaculización a la circulación necesaria de abogados laboralistas para defender y garantizar el derecho de los trabajadores que sufrían distintos tipos de vejaciones a sus condiciones laborales.

Esta dispersión en la ofensiva, se reodernará sirviéndose de dos medidas gubernamentales 1) el DNU 329/2020 que, mientras establece una formal prohibición de despidos y suspensiones, introduce en su articulado excepcionalidades que permiten la suspensión de trabajadores con recortes salariales. Nos referimos a la aplicación del artículo 3 que exceptúa de la prohibición a aquellas suspensiones efectuadas bajo el amparo del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Esta excepción había sido advertida y denunciada por la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) [6] debido a que, basada en una interpretación errónea de la LCT, posibilitaba que las empresas apelaran al marco de emergencia sanitaria y económica, para acordar condiciones laborales más perjudiciales para los trabajadores. 2) el DNU 332/2020 que establece la aplicación del programa ATP, el cual garantiza que el Estado, vía ANSES, cubra hasta el 50% del salario de los trabajadores del sector privado. El monto de la asignación del ATP corresponde al equivalente del 50% del salario neto de febrero 2020; con un piso mínimo equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil ($ 16.875) y con máximo de dos SMVM ($ 33.750).

Gráfico N° 1, empresas con mayor cantidad de despidos durante el período 1

Gráfico N° 2, empresas con mayor cantidad de suspensiones durante el período 1

Gráfico N° 3, empresas con mayor cantidad de rebajas salariales durante el período 1

Segundo período, 02 de abril al 27 de abril: institucionalización

El segundo período va desde el 02 de abril hasta el 27 de abril, fecha en la que la dirección de la Confederación General del Trabajo (CGT) suscribe junto a la Unión Industrial Argentina (UIA) un acuerdo marco donde pacta la posibilidad de suspender y reducir salarios en un 25%, amparándose, justamente, en el artículo 3 del DNU 329/2020. Inmediatamente después del pacto UIA-CGT, el Ministerio de Trabajo, vía Resolución MTESS N° 397/2020 [7], homologó el acuerdo y determinó que las presentaciones que se realicen en conjunto (entre las distintas entidades sindicales con personería gremial y las empresas), serían homologados previo control de legalidad sin necesariedad de que la parte empleadora presente prueba alguna de estar atravesando una crisis económica que le impida afrontar el pago íntegro del salario. Es decir que, la resolución ministerial exime a las empresas de la obligación de tramitar el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC- establecido por el artículo 98 de la ley 24.013 [8]) que habilita realizar suspensiones por razones económicas.

De esta forma, el DNU 332/20 [9] firmado el 01/04 (creación del ATP), y a aplicarse los primeros días del mes de mayo, se articula con el acuerdo marco suscripto entre la central obrera y la unión industrial. Mientras este último permitía el avance sobre los derechos laborales, avalando la reducción de un 25% de la masa salarial, el ATP oficiaba, de hecho, como un subsidio a la rentabilidad empresaria, haciendo que el Estado afronte (vía ANSES), parte del salario de los trabajadores del sector privado sin que las empresas abrieran sus libros contables ni exhibieran pruebas que fundamentaran la imposibilidad de cumplir con la obligación contractual.

A este subsidio a la rentabilidad empresaria, hay que sumar una serie de estrategias que se dieron las empresas para exprimir al máximo este beneficio. Por un lado, la declaración de jornadas laborales mayores que las reales para aumentar el monto del beneficio ATP y reducir a su mínima expresión el desembolso salarial de la parte patronal. En algunos casos, como en la metalúrgica Inetrlaken SRL, el ATP terminó superando el salario que los trabajadores debían percibir (debido a la reducción pactada por la UOM), motivo por el cual la empresa se apropió del “excedente” notificando que esa diferencia quedará a cuenta a la hora de liquidar el próximo sueldo. Situación similar vivieron los trabajadores de empresas de comidas rápidas como Mc Donalds, Wendy´s y KFC, en las que mediante mecanismos similares, las empresas se apropiaron de los montos del ATP que superaban los salarios de los trabajadores. Por otro lado, la inscripción de CEOs y cargos ejecutivos como parte de los “salarios” a ser cubiertos por el ATP. Entre los muchos casos de usos del ATP para el pago de haberes ejecutivos de grandes grupos económicos se destacan el de Martín Berardi, Presidente Ejecutivo de Ternium, del Grupo Techint; Carlos Eduardo Bacher, CEO de Techint Construcciones y el de Rosario Altgelt, CEO de Latam. Estos constituyeron casos paradigmáticos no sólo por tratarse de grandes holdings empresarios que no han dado muestras de encontrarse en situación de crisis, sino también por tratarse de grupos económicos que llevaron adelante importantes ajustes a los trabajadores al inicio del ASPO (1450 despidos en Techint Construcciones, Suspensión y recorte salarial de más de 5.000 trabajadores en Ternium y reducción del 50% del sueldo a más de 3.000 trabajadores en LATAM). A estos se suman los CEOs de las aerolíneas low cost Fly bondi y JetSmart; CEOs y directivos del Diario La Nación, entre otros. Esta modalidad de exprimir al máximo el subsidio del Estado vía ATP, sufrió un traspié cuando el empresario y titular del Holding Grupo ST, Pablo Peralta, denunció que parte del empresariado realizaba compra de dólares [10] con la masa salarial apropiada a ANSES.

Ante el escándalo público, el gobierno nacional se vio obligado a incorporar restricciones para el acceso al ATP, entre las que se incluyeron la imposibilidad de distribuir utilidades en los períodos fiscales posteriores a noviembre 2019, la imposibilidad de recomprar sus acciones de manera directa o indirecta como así también la inhabilitación para adquirir títulos con valores en pesos para su posterior venta en moneda extranjera o su transferencia al exterior [11].

En este nuevo escenario, un número importante de empresas (casi 280) que habían accedido al beneficio para los haberes del mes abril, optaron por darse de baja en mayo. Esto puso blanco sobre negro no sólo del rol de garante de la rentabilidad que el ATP venía jugando, sino también su inserción dentro de un amplio repertorio de estrategias empresariales para sortear la crisis a costa de los trabajadores.

El 27 de abril, la CGT y la UIA acuerdan aconsejar que los trabajadores suspendidos en sus tareas perciban un 75% de su salario, sugiriendo además que aquellas suspensiones acordadas por sector, y que se atengan a dichos términos, se homologuen de manera automática por el Ministerio de Trabajo [12]. Tras el aval de la central obrera, las entidades gremiales firmaron suspensiones en los términos del acuerdo marco junto a las cámaras empresarias de los distintos sectores. Según las estimaciones del Observatorio de Despidos Durante la Pandemia de La izquierda Diario, estos acuerdos representan vulneraciones a las condiciones salariales de más de 2.300.000 trabajadores.

De esta manera se cierra este período de institucionalización de los ataques, caracterizado por tres mecanismos claves: 1) la habilitación (vía artículo 3 del DNU 329/20) de suspensiones con recortes salariales para las empresas que lo solicitaran; 2) la garantía, vía ATP, de la rentabilidad empresaria (no así del salario de los trabajadores que sufrieron los recortes); 3) la habilitación, vía pacto UIA-CGT, de recortes salariales por rama de actividad producto del acuerdo entre las direcciones sindicales y las empresas. Todo esto se cristalizará en la apropiación por parte del empresariado de un importante volumen de la masa salarial de los trabajadores y trabajadoras.

Tercer período, 28 de abril al 22 de junio: viralización

En este segmento temporal, se produce la expansión y materialización de las consecuencias de lo establecido en el período anterior a través de una serie de acuerdos sectoriales firmados por las distintas cámaras empresarias y las direcciones sindicales. El cierre de este período será con la publicación del DNU 547/2020 que establece el pago cuotificado de la primera parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) para los trabajadores del sector público nacional [13].

Entre los gremios más importantes que acordaron suspensiones y recortes salariales se destacan SMATA; Petroleros, Comercio, UOM, Gastronómicos y UOCRA. El período se completa con el ataque al salario en el sector público vía postergación de las paritarias (que atraviesa el final del segundo período y el principio del tercero) y la cuotificación del aguinaldo. En este período, la administración pública nacional y las provinciales, pasan a tener un rol clave.

La degradación salarial que supone la postergación paritaria se inscribe como un ataque indirecto al salario de los trabajadores vía inflación [14] que afectó a alrededor de 1.092.546, mientras que las irregularidades en el pago del aguinaldo afectaron hasta el momento a 761.332 trabajadores. El 22 de junio el ejecutivo nacional, vía DNU 547/2020 [15] , decreta la partición en hasta tres cuotas del Sueldo Anual Complementario (SAC) para aquellos trabajadores del sector público nacional a los que les corresponda un aguinaldo por encima de los $ 40.000. El decreto presidencial para los trabajadores de la administración nacional marcó el camino de las administraciones provinciales que también establecieron el pago en cuotas del aguinaldo del sector público, aunque con escalas distintas a las estipuladas por Nación. A su vez, ofició de aval implícito para el sector empresario que pidió a la cartera laboral, a través de un comunicado de la UIA [16], que no se realicen inspecciones ni sanciones económicas ante el pago cuotificado del aguinaldo.

Esta decisión gubernamental fue el corolario de una larga serie de presiones de parte de los distintos sectores empresariales que desde el inicio del período hicieron un fuerte lobby para exigir la prolongación del programa ATP para el pago del aguinaldo [17]. El ejecutivo nacional descartó esta opción, por intermedio del Ministro de Trabajo Claudio Moroni, que recomendó que la cuotificación del medio aguinaldo se dirima entre las partes, sugiriendo la firma de acuerdos similares a los que establecieron los recortes salariales del período anterior. A pesar de que la CGT se opuso a firmar un acuerdo de estas características, su co-titular y Secretario General del Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos (SOESGPyLA), Carlos Acuña, acordó la cuotificación del SAC para los trabajadores de su sector. Tras esto, también la dirección sindical de Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) acordó el pago en cuotas.

En este período fue clave el papel de las direcciones sindicales en la firma de acuerdos que redundaron en la degradación laboral sufrida por los trabajadores. Del total de los trabajadores afectados desde el inicio de la pandemia, la mayoría sufrió ataques con la mediación y el aval de las direcciones sindicales. Como se observa en el gráfico 4, un 62% se vio afectado con ésta mediación mientras que un 38% lo hizo por ataques directos de las empresas.

Gráfico N° 4, trabajadores afectados según tipo de ataque (por empresa o acuerdo sectorial)

Cuarto y último período, 23 de junio - actualidad: intentos de normalización

El cuarto período se extiende desde el 23 de junio hasta la actualidad. Comienza cuando la cuotificación del aguinaldo decretada por el gobierno nacional es replicada por distintos gobiernos provinciales y municipales, como así también en el sector privado. A su vez, comienzan a aparecer durante el período, despidos encubiertos bajo la forma de retiros voluntarios, como en el caso de LATAM e YPF. Estos despidos encubiertos habilitan la posterior ocupación de los puestos de trabajo liberados pero en condiciones de mayor precariedad. En este marco de intentos de normalización y reconfiguraciones de las relaciones laborales, YPF presentó un proyecto para suspender el actual convenio colectivo de trabajo reemplazándolo por otro que implica una flexibilización a las condiciones actuales de trabajo. Entre las propuestas se incluyen cláusulas de productividad, premios y eficiencia como así también mecanismos “más dinámicos para la resolución de conflictos”.

El resultado del período es aún un interrogante sujeto a los resultados de las luchas que se librarán en adelante. Es posible sin embargo identificar un eje ordenador que tiende hacia la normalización de la fragilización laboral y las reconfiguraciones en las relaciones laborales que la pandemia habilitó.

Estos intentos de normalización se desenvuelven en dos niveles simultáneos:

• Un primer nivel que se concentra alrededor de los intentos de reglamentación de formas de trabajo remoto, que incluyen aspectos regresivos que fragilizan las condiciones laborales. Un informe realizado desde CEIL CONICET da cuenta del proceso de fragilización de las condiciones de trabajo en clave de reconfiguración de los tiempos dedicados al trabajo durante la pandemia. Según el informe, un 30,3% de los encuestados, experimentaron un aumento de los tiempos de trabajo [18].
  En esta dirección, el proyecto de ley para reglamentar el teletrabajo, incluye la vinculación entre trabajo remoto y trabajo por objetivos, debilitando la posibilidad de jornadas limitadas. A su vez, tal como advierte el informe realizado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA “El proyecto considera al teletrabajo como un nuevo contrato de trabajo (art. 2) y no como una modalidad de organizar el trabajo. Es una cuestión técnica, pero abre la puerta para que, en un futuro, este contrato esté expuesto a una mayor flexibilidad laboral.” [19]

• Estos debates particulares se desarrollan en el marco de regreso de la discusión sobre una reforma laboral que de manera declarada impulsan distintos sectores del oficialismo [20]. Desde distintos sectores empresarios, como petroleros y autopartistas, vienen presentando diversos pedidos al Ejecutivo Nacional para modificar los convenios colectivos de trabajo de cara a la post-pandemia atando salarios a productividad [21]. El pasado 14 de julio, el gobierno nacional dio un paso hacia la conformación de un gran pacto social junto a empresarios y las direcciones sindicales que acordaron recortes salariales. La intención del gobierno es acordar en el marco de este “acuerdo económico y social” reformas a las leyes laborales.

2. ATAQUES Y CANTIDAD DE AFECTADOS SEGÚN SECTOR ECONÓMICO

Tal como expresamos en el último informe del Observatorio de Despidos durante la Pandemia, los ataques se producen de manera desigual por sector o rama de la economía. Así expusimos que los sectores más afectados durante este período de ASPO fueron construcción, las trabajadoras domésticas, el sector informal, los trabajadores estatales y comercio. En el gráfico N°5 se puede observar la cantidad de trabajadores afectados en cada uno de estos sectores.

Gráfico N°5: Cantidad de trabajadores afectados por sector, por despidos, suspensiones y ataques al salario

Gráfico N°6: Los cinco sectores más afectados

Las medidas de aislamiento, y la crisis desatada a partir del COVID-19 dejan a las claras la magnitud de la informalidad laboral en el sistema productivo argentino. Según datos de la OIT, a finales del 2019 el 35% del total de los asalariados se encuentran en la informalidad, con mayor incidencia en las mujeres. Por esto, a diferencia de crisis anteriores, el empleo femenino corre un mayor riesgo que el masculino, en particular como consecuencia de los efectos de la recesión en el sector de los servicios, las trabajadoras domésticas, hotelería, otros rubros de gastronomía, y el comercio. [22]

En el Gráfico N°6 se puede apreciar que hay tres sectores dentro de los cinco más afectados que a su vez padecen mayor precarización laboral: los trabajadores informales, las trabajadoras domésticas y construcción. Estos sectores, son los primeros sobre quienes se descargan las consecuencias de esta crisis, a quienes se les redujo el salario o fueron despedidos.

En cuanto a los trabajadores informales, el informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, da muestra de la pérdida del empleo en dicho sector, contabilizando 590.000 empleos perdidos [23]. La situación de las trabajadoras domésticas también es crítica: según los datos aportados por la Unión del Personal de Casas Particulares (Upacp) calculan alrededor de 500.000 mujeres afectadas por recortes o suspensión total de pago del salario [24]. El sector -que representa un 5 % del empleo nacional- constituye el 17% del trabajo femenino. Es decir, no solo son cientos de miles las trabajadoras afectadas, sino que estas son en su inmensa mayoría mujeres, cuyas condiciones de desigualdad y vulnerabilidad se ven reforzadas por la amplia situación de informalidad que registra el sector: apenas 1 de cada 4 trabajadoras de casas particulares se encuentra registrada.

Por último, el sector de la construcción registró una pérdida de cien mil puestos de trabajo a nivel nacional, de los cuales diez mil se concentran en la provincia de Mendoza y 40 mil en Buenos Aires. Estos datos surgen de las declaraciones brindadas por las autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), en el marco de reuniones sostenidas con autoridades provinciales bonaerenses y en diversas entrevistas.

Ahora bien, por fuera de estos tres sectores más vulnerados, los ataques tuvieron distintas modalidades y se corresponden con los distintos períodos mencionados. A continuación en el cuadro N°2, se detallan los principales sectores afectados por cada período especificando la modalidad correspondiente de ataque.

Cuadro N°2: Sectores más afectados según período

Sectores más afectados en el primer período

En cuanto a los sectores más afectados en el primer período se encuentran comunicación, construcción, y mineras que se vieron afectados principalmente por despidos y suspensiones por empresas. Tal como se viene expresando, durante este período el 51% de los ataques se corresponden a despidos por parte de grandes grupos económicos de sectores estratégicos de la economía en un intento de salvaguardar la rentabilidad.

En el sector de la construcción los despidos se concentran en su mayoría en aquellos llevados adelante por el Grupo Techint que despidió a 2.050 trabajadores; en el sector minería también sucedieron despidos masivos en la Minera de Altiplano en la provincia de Salta; también se produjeron considerables despidos en el sector siderurgia y metalurgia, el Grupo Mirgor despidió a 525 trabajadores. En el siguiente gráfico se puede observar la cantidad de trabajadores despedidos por rama de actividad.

Gráfico N°7: Cantidad de trabajadores despedidos por sector

A su vez, durante el primer período se registró un fuerte ataque en el sector comunicaciones, con 40.000 suspensiones en call centers. Según datos del sindicato, las tres firmas líderes de este sector -Next Latinoamérica, ACC Group, y PYD- suspendieron al 25% de su personal por “causa mayor”.

Sectores más afectados en el segundo período

Durante este período se producen dos tipos de ataques que afectan a sectores diferentes. Por un lado, comienzan a producirse los primeros acuerdos por sector que afectan a automotriz, arte y entretenimiento, energía, gastronómicos, y otros.
Los sectores más afectados son: automotriz debido al acuerdo firmado por el SMATA que afecta a 82.000 trabajadores; Utedyc (artes y entretenimiento) también realizó un acuerdo que afecta con reducciones salariales a 80.000 trabajadores. A su vez, en los sectores gastronómico, energía y textil también se realizaron este tipo de acuerdos. En el cuadro N°3 se detallan la cantidad de trabajadores afectados por los mismos, junto con el porcentaje del salario reducido y si el acuerdo incluyó suspensiones.

Cuadro N°3: sectores afectados por acuerdos sindicales

Por otro lado, se postergan paritarias en el sector estatal, transporte, y metalúrgico y siderúrgico. El 22 de abril, el sindicato UOM posterga la discusión paritaria al mismo tiempo que el 5% de aumento negociado quedaba en suspenso, medida que afecta el salario a 66.000 trabajadores. Días más tarde, quedan afectados 55 mil trabajadores de las estaciones de servicio debido al pacto entre la cámara empresarial dirigida por Basílico con Acuña de postergar las paritarias sin nueva fecha. El mismo día se conoce el anuncio del gremio Sanidad de suspender las paritarias afectando a 200 mil trabajadores.

Al mismo tiempo, se siguen produciendo ataques por empresa mayormente con reducciones salariales que también afectan a comercio, siderurgia y metalurgia. En comercio se destacan los ataques de diversas empresas como Falabella que suspendió con reducción salarial a 2.922 trabajadores; Dexter donde también se suspende y rebaja el sueldo a 1.700 trabajadores; Garbarino realiza una reducción salarial a 4.500 trabajadores y Blue Star Group a 5.000.
En el sector metalúrgico y siderúrgico, también se producen suspensiones y rebajas salariales, muchas de ellas amparadas en la utilización del ATP ya mencionado para el pago de haberes tales como Ternium-Siderar, y el caso de Techint afectando a 5 mil trabajadores. En este sector, también se producen rebajas en Aluan afectando a mil trabajadores y en empresas electrónicas fueguinas que afectan a 6.173.

Los sectores más afectados en el tercer período

Durante este período proliferaron los acuerdos por sector pactando suspensiones y rebajas salariales, luego de que se pacte el acuerdo entre la CGT y la UIA con el aval del gobierno nacional. Por lo que en este período los sectores más afectados son gastronómicos, comercio y construcción con una cantidad considerable de trabajadores a los cuales se les reduce el salario. En el sector comercio los trabajadores afectados son 1.200.000; en gastronómicos 300.000 y en construcción 380.000. Además, se producen acuerdos en el sector energía, y siderurgia y metalurgia. En el cuadro N° 4 se pueden observar la cantidad de trabajadores afectados por sector, a que gremio pertenecen y si han sido suspendidos.

Cuadro N°4: sectores afectados por acuerdos sindicales

Los sectores más afectados en el cuarto período

Como se ha mencionado, el anterior período cierra el 22 de junio, fecha en la que el ejecutivo nacional, vía DNU 547/2020, decreta la cuotificación de hasta tres cuotas del Sueldo Anual Complementario (SAC) para aquellos trabajadores del sector público nacional a los que les corresponda un aguinaldo por encima de los $ 40.000.
Esto trae consecuencias directas en los trabajadores estatales: el decreto presidencial para los trabajadores de la administración nacional marcó el camino para el accionar provincial, cuyas dependencias también establecieron el pago en cuotas del aguinaldo del sector público aunque con escalas distintas a las estipuladas por Nación. Así sucedió en las provincias de Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, Chubut, afectando en total a 316.112 trabajadores estatales.

A su vez, se dio a conocer la noticia que el Gobierno porteño congeló los salarios de los docentes de CABA, quedando sin efecto el aumento del mes de julio ofrecido en la Mesa Salarial de Marzo. Esta medida afecta a 56 mil docentes estatales de la capital federal.

Si bien los ataques del cuarto período se concentran en el sector estatal, los ajustes en este sector se vienen produciendo de manera escalonada desde el primer período. Según los datos proporcionados por el Observatorio este sector superó el millón de afectados, representando un 20% del total de afectados.

Los trabajadores de transporte también vieron el aguinaldo afectado, 35 mil choferes de colectivo no recibirán el aguinaldo. También los trabajadores de Aerolíneas Argentinas vieron afectado su salario, la empresa solo pagó la mitad del mes de junio a 12.000 trabajadores. Esto se suma a que el gremio Camionero en Río Negro suspendió a 2500 trabajadores que están cobrando el mínimo.

3- DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ATAQUES

En los mapas que presentamos a continuación incluimos los ataques (despidos, suspensiones y ataques al salario) que pueden geolocalizarse. Aunque no representa la totalidad de los trabajadores afectados, debido a que en un porcentaje importante los datos no figuran desagregados por provincia sino en su total nacional (sobre todo en el caso de los acuerdos sectoriales que comenzaron a cobrar mayor centralidad en el tercer período señalado), contribuye a representar gráficamente la evolución de la intensidad de los ataques y su distribución nacional.

Lejos de plantearse como una problemática local, tal vez ligada al impacto inmediato de la pandemia que afecta principalmente al AMBA [25], lo que vemos a partir de la representación geográfica de los datos es que los ataques a los trabajadores se expanden a lo largo y ancho del país, avanzando conforme se despliegan los períodos referidos. Como una constante puede observarse que el sector noreste del país (Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa) hasta el momento ha sido el menos afectado, considerando las distintas modalidades de ataque.

Mapa Nº 1. Cantidad de trabajadores afectados en el primer período

Tal como puede observarse en el Mapa Nº1, en el primer período vemos una fuerte concentración de los ataques en el AMBA (con 6649 casos), mayormente traccionado por los despidos y suspensiones dispersos impulsados por el sector privado. Los despidos llevados adelante por el Grupo Techint (construcción), Minera del Altiplano (minería) y Mirgor (siderurgia y metalurgia) contribuyen a expandir los efectos también hacia otras provincias: Tucumán, Neuquén (Grupo Techint), Salta (Minera del Altiplano), y Tierra del Fuego (Mirgor) donde se concentran la mayor cantidad de casos por fuera de Buenos Aires.

Mapa Nº2. Cantidad de trabajadores afectados en el segundo período

Según puede observarse en el mapa Nº 2, en el segundo período se produce una rápida generalización de los ataques. El país comienza a pintarse de tonos más oscuros, como indicador de su crecimiento cuantitativo, tanto como de su expansión. La concentración en Buenos Aires se mantiene, aunque el recorte ya no es solo el AMBA, sino que trasciende sus límites. Comienzan a destacarse también otras provincias con números muy altos. Este es el caso de Mendoza, que concentra en este período el mayor número de casos, y donde solo dos sectores explican la totalidad de los ataques (sobre el salario): el Estado y el sector petroquímico. También se destacan Santa Fe, donde el sector estatal contiene el mayor número de casos; y Salta y Tierra del Fuego donde los ataques se presentan más diversificados, pero con fuerte presencia del sector privado.

Mapa Nº3. Cantidad de trabajadores afectados en el tercer período

En el tercer período el mapa permite graficar la proliferación cuantitativa de los ataques indicada en la periodización. No se suman nuevas provincias al conteo (salvo el caso de San Juan que por primera vez aparece representada), sino que en todos los casos se observan fuertes incrementos, que en algunos casos duplican o triplican sus valores respecto al período anterior. Es significativo el impacto sobre los trabajadores del sector público que se ven afectados por la postergación de las paritarias: los docentes en Chubut, los estatales de Jujuy, La Pampa y Santa Fe, y los municipales de Córdoba constituyen ejemplos en este sentido. Por su parte, el fuerte incremento en el AMBA se explica en gran medida por los más de 500.000 despidos de trabajadoras/es informales, registrados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). [26]

Mapa Nº4. Cantidad de trabajadores afectados en el cuarto período

Finalmente, en el cuarto período, que es el que transcurre actualmente, el principal ataque en términos de su masividad se explica por el decreto publicado por el gobierno nacional que habilitó la cuotificación del aguinaldo para los trabajadores del sector público nacional, que luego fue replicado por los distintos gobiernos provinciales y municipales. Esta situación explica el gran número de trabajadores afectados que se suman en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, CABA y Buenos Aires, destacándose ampliamente esta última con más de 120.000 trabajadores afectados. En este período también se resalta el caso de los docentes tucumanos, que se vieron afectados por salarios adeudados, y el caso de los docentes y estatales de CABA que han visto perjudicados sus salarios tras el anuncio del gobierno que establece el congelamiento de los aumentos salariales que estaban previstos para el mes de julio. La comparación de los Mapas 3 y 4 da cuenta de la consolidación de los ataques indicada en la periodización, dado que las provincias que acumulaban números altos de trabajadores atacados en el tercer período se estabilizan (salvo en el caso de Buenos Aires, que continúa en alza), mientras que crecen en aquellas provincias que no habían realizado ataques marcados en el período anterior.

4. LOS CONFLICTOS LABORALES

Durante el período que trabajamos, se desplegaron a nivel nacional, provincial y local, múltiples acciones de protesta y episodios de conflictividad cuyos protagonistas, demandas, y contendientes varían ampliamente. En este apartado vamos a concentrarnos en los escenarios vinculados al trabajo, protagonizados por trabajadores que a partir de distintos repertorios de acción reclaman, exigen y visibilizan múltiples demandas hacia el gobierno y las patronales. El contexto de pandemia, expuso la precariedad preexistente de ciertas relaciones laborales, así como también introdujo nuevas problemáticas que se suscitaron al interior de los espacios de trabajo.

A nivel nacional, se expresó en las tempranas movilizaciones contra los despidos y suspensiones en el sector de la construcción y minería, en las provincias de Tucumán, La Pampa y Salta. A fines de abril en Neuquén, se desplegó un duro conflicto en la minera Triden Southern Explorations en Andacollo con toma de las instalaciones, cortes de ruta durante dos semanas, caravanas y un acampe frente a las dependencias municipales ante el vaciamiento de la empresa y la falta de pago de los salarios correspondientes. Finalmente, a través del sindicato y con la intervención del gobierno provincial otorgando la concesión de la mina a otra empresa, pasado un mes del conflicto se terminaron negociando las indemnizaciones y la continuidad laboral de una parte de los trabajadores.

Los paros y movilizaciones contra las rebajas salariales y suspensiones rotativas se expandieron en sectores pesqueros y portuarios que fueron duramente afectados durante la cuarentena, principalmente en Mar del Plata y en la provincia de Santa Fe. A su vez se realizaron medidas de fuerza por motivos de incumplimiento de las patronales de las medidas de higiene en el sector de petroleros de Mendoza.

No obstante, la respuesta de forma organizada a través de comisiones de base, sectores de trabajadores autoconvocados y diversas seccionales gremiales se asentaron entre los trabajadores del Estado (municipales y docentes), en el sector de transporte y en salud. Dichos sectores concentraron los ataques por la vía de la postergación de paritarias, el adeudamiento salarial y, desde mediados de junio, la cuotificación del aguinaldo. En el informe del 15 de junio del Observatorio de Despidos, se registraron 26 movilizaciones a nivel nacional en tan solo una semana y a lo largo de diez provincias: Catamarca, Mendoza, Río Negro, Santa Fe, Salta, Neuquén, Buenos Aires (AMBA), Córdoba, Jujuy y La Pampa. Además de la exigencia del pago de sueldos, hubo manifestaciones por pérdidas de empleo, y específicamente en el sector salud los conflictos se recrudecieron durante el mes de junio ante el malestar de los trabajadores esenciales, quienes reclamaron por mejores condiciones de trabajo, el pago del bono de cinco mil pesos, el pase a planta permanente y contra la precarización laboral. Entre estos casos, en la provincia de Tucumán trabajadores de Teleperformance lograron el pase a planta después de siete días de paro.

Tal como se hizo hincapié en el informe del 31 de mayo, el adeudamiento del salario tuvo su primer foco en el transporte interurbano, comenzando la respuesta de los trabajadores en la provincia de Córdoba con un paro el día 12 de abril que se prolongó durante 90 días, continuando con sucesivos paros de colectivos a nivel nacional (a excepción de Buenos Aires) junto con paros y movilizaciones con heterogéneas duraciones, extendiéndose hacia las provincias de Santa Fe, Catamarca, Mendoza, Neuquén, La Rioja, Río Negro y Jujuy, exigiendo además el pago completo del aguinaldo. El sector de camioneros también fue parte de los sectores movilizados. Asimismo, en Mar del Plata se produjeron conflictos intergremiales entre un sector de colectiveros autoconvocados contra la UTA y en la ciudad de Córdoba la continuidad del paro fue notoriamente impuesta desde las bases.

La postergación de paritarias –consolidado como nueva vía de ataque hacia mediados de mayo- afectó al sector estatal de Mendoza, Santa Fe, Jujuy y La Pampa, quienes protagonizaron movilizaciones en la exigencia de su reapertura, poniendo en evidencia el rol directo del Estado Nacional en la ejecución de los agravios a las condiciones de vida de los trabajadores. Al mismo tiempo, son llamativas las amplias y sucesivas movilizaciones que se convocaron desde los estatales en la provincia de Chubut. Se produjeron protestas junto a jubilados, textiles y trabajadores de Fyrsa, una empresa pesquera abandonada por sus dueños, adeudándose dos meses de sueldo y los aportes patronales. A su vez, en las localidades de Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia, estatales y docentes coordinaron distintas manifestaciones junto a trabajadores públicos de la salud exigiendo mayor personal e insumos básicos para su protección, junto con efectivos protocolos sanitarios para cada lugar de trabajo a ser organizados mediante las comisiones de seguridad e higiene.

Sin embargo, el ascenso de los estatales como el segundo sector más afectado se consolidó mediante el decreto 547/20 a través del cual se confirmó la cuotificación del aguinaldo para la administración pública nacional, replicándose a los pocos días en el resto de las administraciones provinciales. UPCN y ATE rechazaron el anuncio enviando cartas y solicitando reuniones con el gobierno Nacional, aunque no convocaron ninguna medida de fuerza. La respuesta efectiva estuvo en las provincias, con movilizaciones y paros. Mendoza fue una de las más movilizadas, provincia en la que convergieron con los trabajadores de Casinos y docentes, quienes también sufrieron diversos ataques al salario. En Chubut, la Mesa de Unidad Sindical (MUS) rechazó el pago cuotificado que anunció el gobernador Mariano Arcioni y exigieron reunirse para presentar un plan alternativo. En Comodoro Rivadavia, se realizaron movilizaciones rechazando el pago escalonado del SAC y reclamando por el pago de salarios adeudados. En Córdoba, más de seis mil trabajadores municipales y docentes de escuelas públicas marcharon también en contra del pago escalonado del aguinaldo. En la ciudad de Salta, se realizó un paro por 24 horas de los trabajadores municipales en rechazo de la tercerización creciente de las funciones municipales y exigiendo la preservación de las fuentes de trabajo.

El Observatorio del Conflicto Social y Laboral de la Provincia de Buenos Aires nos permite aproximarnos con mayores precisiones a la conflictividad desarrollada en territorio bonaerense. Estos datos resultan de particular relevancia al tenerse en cuenta la distribución geográfica de los despidos y ataques al salario del apartado anterior, que nos indica una tendencia a la concentración de casos en la Provincia de Buenos Aires.

Dos “tipos” de demandas concentran los motivos que impulsan las acciones de los trabajadores: aquellas vinculadas al pago de salarios adeudados, suspensiones, rebajas salariales, despidos, cierres y vaciamientos, es decir, aquellas que nosotros agrupamos a partir de la categoría de “ataques” al salario y al trabajo. Otra serie de demandas que cobra peso y significado en el contexto de pandemia se ordena alrededor de las condiciones de seguridad, salud e higiene. Esto resulta particularmente importante porque pone en el centro de la discusión elementos que tienen que ver con la incorporación no sólo de nuevas tareas sino también nuevas formas de realizar las tareas que formaban parte de los mismos procesos de trabajo. Esto tiene consecuencias porque puede representar una sobrecarga en los ritmos de trabajo, e introducir nuevas tensiones en el desarrollo del mismo. Por otro lado, y en la mayoría de los casos, los trabajadores denuncian que las empresas no cumplen con las disposiciones protocolarias necesarias para evitar contagios: 4.034 trabajadores contagiados en sus lugares de trabajo fueron relevados hasta el miércoles 1 de julio por el Observatorio Social del AMBA, entre los que se destacan los sectores de la salud y supermercados. Estamos hablando de conflictos que afectan también y sobre todo a trabajadores que se han definido como esenciales y que siguieron trabajando a lo largo de la cuarentena y sobre los que se superponen estas dos dimensiones, Entonces, además de los ataques que nosotros venimos relevando en relación a reducciones salariales y postergación de paritarias, al mismo tiempo vemos cómo estos sectores carecen de las condiciones de higiene necesarias para poder seguir desarrollando su trabajo.

Es preciso detenerse sobre los conflictos que se establecen con el Estado como contendiente. Una parte importante de las luchas abiertas están llevadas adelante por trabajadores estatales, dentro de los cuales se destacan aquellas realizadas por los trabajadores de la salud. Los trabajadores denuncian que faltan insumos en los hospitales públicos para la atención de pacientes y para la preservación de la salud de los trabajadores que cuentan con los índices más altos de contagios y fallecimientos.

El tipo de acciones realizadas por los trabajadores involucra un amplio repertorio, entre los cuales sobresalen los paros o quites de colaboración o retiro del lugar de trabajo, asambleas de trabajadores, y en menor medida ocupaciones de fábrica y bloqueos. La mayoría de estas acciones están encabezadas por comisiones, juntas internas y delegados, frente a una minoría llevadas adelante por sindicatos.

CONCLUSIONES

El objetivo de este informe especial a cuatro meses de la cuarentena ha sido el de analizar, a partir de la sistematización de los datos producidos en los 25 informes publicados hasta ahora, el impacto de la cuarentena entre los y las trabajadoras. Para hacerlo, hemos diferenciado 4 períodos en los que observamos distintas estrategias de las empresas para trasladar los costos de esta crisis a los trabajadores, estrategias que se articulan con políticas gubernamentales y posicionamientos de las direcciones sindicales y que se encuentran, a su vez, con diversos conflictos de resistencia. Un primer período que va desde el 20 de Marzo al 1 de Abril, signado por una serie de ataques dispersos tendientes a preservar la rentabilidad particularmente de grandes grupos económicos. Un segundo período, del 2 al 27 de Abril, en el que priman mecanismos de institucionalización a través de cláusulas permisivas en los DNU presidenciales, la creación del ATP que opera como subsidio a la rentabilidad empresaria para un sector estratégico del empresariado, y la firma del acuerdo marco entre la CGT y la UIA, que legaliza suspensiones con recortes salariales. Un tercer período, del 28 de Abril al 22 de Junio, de viralización de los ataques a través de la firma de acuerdos por sector, postergación de paritarias y cuotificación del aguinaldo. Y un cuarto período, desde el 23 de Junio hasta la actualidad, en el que prima el intento de normalización de ciertas formas de precarización impuestas durante la cuarentena a través de proyectos de legislación laboral.

El resultado de estos períodos es el total de más de 5 millones de trabajadores que han visto afectados sus condiciones de trabajo y de vida en tan solo 4 meses, a través de despidos (747.807), suspensiones (1.806.996) y distintas formas de rebaja salarial (2.690.277). Es este proceso, desplegado sobre condiciones previas de precariedad y empobrecimiento, el que da como resultado el aumento de los índices de desocupación, pobreza y desigualdad que están siendo discutidos hoy por diversos analistas. Con una inflación que acumula más del 42% en los últimos 12 meses y más del 13% en el primer semestre del año (INDEC), los ataques al trabajo y al salario, no pueden sino aumentar las tasas de pobreza y desigualdad. Tomando en cuenta los distintos cálculos de diversos centros académicos, la pobreza estaría alcanzando en el segundo trimestre de este año, la cifra de 45% aproximadamente, es decir, 10 puntos por encima del mismo trimestre del año pasado [27]. De allí que, cuando se discute el aumento de la situación de los trabajadores “post-COVID-19”, no se esté discutiendo “costos inevitables de la pandemia” ni tampoco “costos inevitables de la cuarentena” (como aparece mayoritariamente en los medios de comunicación), sino consecuencias específicas de las decisiones empresarias, medidas gubernamentales y políticas sindicales tomadas en estos cuatro meses.

El cuarto período, que hemos denominado como “intentos de normalización”, es al mismo tiempo, una descripción y un signo de interrogación cuya respuesta está abierta y no puede ser respondida sino a partir de las luchas por venir. Este informe pretende no sólo ser un material de debate, sino, fundamentalmente, un insumo para las y los trabajadores en el proceso de discusión y organización de la defensa de los derechos y, por qué no, del cuestionamiento acerca de quiénes son los que deben pagar la crisis.