A cuatro meses, reconstruyen la escena del asesinato de Tino John

Hugo Cancino es el abogado penal de Lago Puelo, Chubut, que representa a Claudia. En su estudio de la localidad chubutense nos recibe junto al perito criminalístico Enrique Prueger, contratado por la pareja de Tino como perito de parte que viajó para participar de la reconstrucción que se realizará mañana miércoles luego de muchas dilaciones.

LID: ¿Qué se busca con esta reconstrucción?

Cancino: Ahora lo que está haciendo el ministerio Público Fiscal es hacer una reconstrucción histórica del hecho para ver con que elementos va a plantear una acusación. Seguramente va a haber una acusación porque minimamente o que es un procedimiento que constituye una mala praxis, hay que ver cuál es el nivel de mala praxis, si es una cuestión de impericia, de negligencia en el procedimiento, o un dolo eventual. El procedimiento no podría haber terminado de otra manera porque fue tal el nivel de negligencia que provocó que se desencadenara de esa manera.

Hace pocas semanas, Donato, el hijo mayor de Tino, en una entrevista con La Izquierda Diario que las filmaciones del GEOP estaban borradas. Se trata de cámaras individuales que cada miembro del grupo especial porta en cada procedimiento y que suelen ser material para los videos institucionales del Ministerio de Seguridad de la provincia. Dichas cámaras no forman parte del equipamiento estándar, sino que son compradas por cada efectivo.

LID: El ministro Federico Massoni habló de un protocolo establecido. Sin embargo se sabe que no hay filmaciones del procedimiento, con lo cual no se entiende cual es el protocolo y como se aseguraría su cumplimiento.

Cancino: Los protocolos existen hace mucho tiempo, antes de que exista el sistema de filmarlos. Si nos encontramos con alguien que podría resultar un paciente psiquiátrico, de ninguna manera podemos estar hablando de tiros, armas de fuego o terminar con este resultado, porque sino, en vez de llevar a diez personas teóricamente entrenadas para este tipo de procedimientos, se coloca un francotirador a cien metros y efectúa un solo disparo. Por lo tanto, el protocolo para este tipo de procedimientos, que no está supeditado a las cámaras, no se siguió, y eso existe. Que las cámaras estén es algo que se comprobará con la investigación, si existieron y no se acompañaron ya estamos hablando de otra situación más grave que puede estar responsabilizando a otros funcionarios o a ellos mismos

LID: Claro, debió aplicarse el protocolo que establece la ley de salud mental

Cancino: Exactamente, allí ya hay unos responsables, que son quienes debían administrar el procedimiento. Despues en el terreno ya hay otras responsabilidades entre el autor material, el oficial que tendría la responsabilidad objetiva y el rol que ocupó cada una de esas personas.

Enrique Prueger es un perito criminalístico con gran experiencia que incluye la investigación del disparo contra el diputado Raúl Godoy por parte de un miembro de la Policía de Neuquén en 2017, sus aportes en el caso Maldonado o la investigación del caso Nisman. Claudia Basso decidió contratar sus servicios por recomendación de su anterior abogado el 29 de mayo, sólo dos días después del fusilamiento de Tino.

Prueger: Desde el punto de vista técnico yo ya tengo reconstruido el hecho, yo ya sé lo que pasó ahí adentro, pero lo voy a informar oportunamente. Quienes tiene que hacer el trabajo ahora son los peritos de la fiscalía, que tardaron bastante tiempo en hacerlo. El hecho fue el 27 de mayo y yo entré el 6 de junio al lugar y nuevamente a finales de junio, así que vengo a controlar que es lo que van a hacer los peritos. Espero y deseo que coincidamos. Voy a presentar mi informe después de que ellos presenten el suyo.

Hay un protocolo, respecto a lo que hay que hacer, y respecto a eso algo salió muy mal, porque violentaron el protocolo o porque no lo restearon. No había apuro para resolver una situación de esta manera. No había rehenes ni nada que obligara a hacer un abordaje con este nivel de violencia. Yo como perito de parte

LID: El accionar del GEOP se enmarca dentro del protocolo de los “21 pies” aprobado el año pasado por el gobierno provincial y que autoriza a disparar en casi cualquier situación ¿Hay posibilidades de rever esta medida a partir de este juicio?

Cancino: En realidad no incide el protocolo de los “21 pies” porque la aproximación la produce el GEOP. Distinto es el caso de alguien que se aproxima a la carrera. Acá hay una cuestión de sentido común, que está por encima de cualquier protocolo, y es que ante un paciente con una patología psicológica, y con los tiempos que puede llegar tener la administración para controlar la situación, previo a la intervención pudo haber participado un médico, un psicólogo, un conciliador, un negociador, pero tan mal se trabajó el procedimiento que hasta Claudia pudo pasar por entre medio del procedimiento. Ni siquiera el terreno estaba asegurado. Lo único que nos interesa es demostrar que este procedimiento mal hecho tuvo estas consecuencias.

LID: ¿Qué posibilidad hay de llegar a las responsabilidades políticas en quienes impartieron las órdenes y aportaron a buscar encubrir el hecho?

Cancino: Primeramente, hay una parte administrativa respecto a las responsabilidades en el allanamiento, quien lo ordenó, que condiciones se exigieron para llevarlo a cabo y cuales se cumplieron, el accionar de los efectivos, del oficial a cargo, del efectivo que efectuó el disparo. Incluso Claudia terminó siendo rehén del personal policial, todo al revés ¿Fue una gran impericia lo que sucedió acá? Bueno, la impericia también genera responsabilidades. Si tenés personal que no está capacitado, seguramente para arriba hay responsabilidades.

Prueger: Viene agravándose la situación. A Emilio Jones Huala, el mismo grupo le disparó con un cartucho modificado en 2017 que le destrozó el maxilar y no lo mató de milagro.