Entre septiembre de este año y febrero de 2017 sesionará la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. De los 100 constituyentes que compondrán la Asamblea, sólo 60 serán elegidos por el voto popular. Los restantes serán impuestos a dedo por la “casta política” que cobra sueldos millonarios y están al servicio de los grandes empresarios.
Martes 10 de mayo de 2016
Miguel Ángel Mancera, actual jefe de gobierno y Enrique Peña Nieto, pretenden que el texto de la nueva Carta Magna que se vote en la Asamblea Constituyente ignore la voz de millones de personas que residen en la capital y el área metropolitana.
Durante todo el proceso electoral hacia la Constituyente, desde la Plataforma Anticapitalista exigimos que los 100 constituyentes que conformen la Asamblea sean elegidos por el voto popular.
El Morena participa en este proceso denunciando varios de los aspectos antidemocráticos de la Constituyente de Mancera y Peña Nieto.
¿Participación “ciudadana” para combatir la corrupción?
Uno de los postulados de Morena en su plataforma, y que destacó recientemente Irma Sandoval, investigadora de la UNAM y candidata por ese partido, es que la Constitución de la Ciudad de México debe “dar poder real a la ciudadanía”.
En su plataforma, Morena propone “la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos”, vía mecanismos de la democracia participativa, como la mejor forma para combatir la corrupción.
Recordemos que la democracia participativa se dio a conocer con el primer Foro Social Mundial, en 2001 en Porto Alegre, Brasil. En 2011 llegó a la Ciudad de México, con la Ley de Presupuesto Participativo. Vecinos de las 16 delegaciones del entonces Distrito Federal podían tomar parte en la decisión sobre en qué obras gastar el 3% del presupuesto de la capital, a través de consultas, comités ciudadanos y comités de los pueblos. Los legisladores y el jefe de la ciudad decidían en qué gastar el otro 97%.
En 2015, el porcentaje de presupuesto sobre el que los habitantes de la ciudad de México podían “decidir” se amplió al 5%. ¿Ese presupuesto se ejerció? En los primeros nueve meses de 2014, según informó El Universal, las delegaciones de Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac no ejercieron 310 millones de pesos que debían ser aplicados en más de 800 proyectos vecinales.
O sea, ni siquiera en la mínima proporción sobre la cual en teoría podían decidir los vecinos, su “decisión” fue respetada.
Al mismo tiempo que se votaron las dos leyes de presupuesto participativo, se hizo público uno de los peores casos de corrupción tanto en el gobierno de Marcelo Ebrard -del Partido de la Revolución Democrática- como en la actual administración de Miguel Ángel Mancera -quien llegó al poder como candidato independiente en la lista del mismo partido: el escándalo de la Línea 12 del metro. Un fraude en el que se invirtieron millones de pesos del erario público y que desde la inauguración ha presentado graves problemas de infraestructura.
Este caso demuestra que la democracia participativa es claramente insuficiente, como la vía para controlar la acción de los funcionarios públicos.
Para lograr verdadero poder de decisión sobre la ciudad: democracia directa
Tener poder de decisión sobre el presupuesto de la ciudad y las políticas públicas es una justa aspiración de la clase trabajadora y la juventud de esta ciudad.
Pero en lugar de una reforma limitada de la democracia actual, dando la ilusión de la participación en las decisiones públicas como lo hacen los postulados de la democracia participativa, hay que imponer una salida de fondo para terminar con los negocios a nuestras espaldas y la corrupción.
Sergio Abraham Méndez Moissen, profesor precario de la UNAM y candidato de la Plataforma Anticapitalista, propone que todos los funcionarios ganen lo mismo que una maestra. Para que la función pública deje de ser la carrera de arribistas que pretenden hacer fama y fortuna a costa de las arcas de la ciudad. Ése es el primer paso para que la casta política desaparezca.
Que todas y todos los que estamos hartos de gobiernos que fungen como gestores de empresas constructoras y trasnacionales, que administran la ciudad para los intereses de los ricos y los poderosos, convoquemos a la elección de una Asamblea Comunal Soberana. Una asamblea integrada por un representante cada mil electores, elegidos por voto directo y con mandato revocable, con poderes plenos para desarrollar un plan de obras públicas, al servicio de los intereses de las y los trabajadores y el pueblo de la ciudad.
En esta asamblea debe resolverse un Ejecutivo, que responda ante la misma. Los funcionarios electos por ésta deben ser revocables y con un salario igual que el de una maestra.
No nos conformemos con decidir sobre una porción del presupuesto de la ciudad. Vamos por todo. Que el 100% del presupuesto se ponga a debate y se vote en asambleas por colonias y en la Asamblea Comunal Soberana.
El presupuesto de la ciudad no debe salir de los impuestos a los trabajadores, al pueblo y a los pequeños propietarios. Es necesario que esa Asamblea establezca una escala progresiva de tasas y servicios donde paguen más los bancos, las entidades financieras, las tiendas departamentales y las grandes empresas asentadas en la ciudad.
Se deben abrir los libros de contabilidad y someter a revisión todos los contratos y licencias otorgadas por el gobierno de la ciudad. Para que nunca más haya un caso como el de la Línea 12 ni alzas de tarifas como la última que sufrimos en el metro, que cada vez presenta más problemas de infraestructura.
A su vez, debe también expropiarse las fortunas y los bienes que posean los cárteles del narco y las redes de trata que operan en la ciudad. Esos fondos deben ponerse al servicio de los trabajadores y los jóvenes de la ciudad, para garantizar vivienda, infraestructura urbana, salud y educación de acuerdo con sus necesidades.
¿Cómo lograr que el gobierno de Miguel Ángel Mancera, el represor devenido en progresista con su discurso de la ciudad inclusiva, permita que los trabajadores y el pueblo de la Ciudad de México decidan qué hacer con el presupuesto?
La vía es la movilización amplia en las calles, liderada por el magisterio que resiste la reforma educativa y las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, como las trabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) en lucha contra despidos arbitrarios y abusos, en alianza con los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que enfrentan la reforma educativa y con los jóvenes que no olvidan ni perdonan la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, bregando por un gobierno de los trabajadores y el pueblo.
