El resultado de las elecciones del 1 de julio tuvo el efecto de un tsunami que reconfigura los contornos políticos del país.

Para comprender el resultado de las últimas elecciones en México, hay que considerar la profunda crisis política previa­mente existente.

Crisis orgánica y elecciones

En los últimos años, a partir de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y las movilizaciones multitudinarias que recorrieron el país, se abrió un cisma entre los partidos tradicionales y el movimiento de masas que cruzó la segunda mitad del sexenio. Pero eso no “cayó del cielo”, sino que tiene bases estructurales y políticas.

En las últimas décadas, aumentó la subordinación a los Esta­dos Unidos y a las trasnacionales imperialistas. El Tratado de Libre Comercio, vigente desde 1994, abrió camino para la re­configuración de la estructura productiva y comercial. El país se convirtió en una plataforma de exportación manufacturera, unido por múltiples lazos a la economía estadounidense, des­tacando, en particular, una de las cadenas de valor más impor­tantes del orbe, la llamada Cadena de Autopartes Automotriz anclada en los países miembros del TLC. La orientación hacia la exportación configuró una planta productiva dependiente de la importación tecnológica y transformó la fuerza de traba­jo explotada por las trasnacionales y una diversificada red de empresas tercerizadas, según desarrolla un estudio de Jimena Vergara donde da cuenta de sus características y expansión [1], y se muestra la fuerza objetiva de la clase obrera en su antago­nismo con el capital.
El saqueo de los recursos naturales fue otra de las grandes expresiones del avance en la recolonización del país: los hidro­carburos, minerales y otros recursos, fueron servidos en “ban­deja de plata” a las trasnacionales de este sector estratégico en los últimos sexenios.

Aunado a esto, aumentó la deuda pública, mecanismo clave de sujeción y opresión sobre los países de América Latina. En el último sexenio superó los 500 mil millones de dólares, un 46 % del Producto Interno Bruto, con pagos por intereses de 25 mil millones de dólares en el 2017, un 2 % del PIB, el nivel más alto desde 1994. [2]

La gran burguesía mexicana se benefició, enormemente, de este proceso. Se desarrollaron grupos empresariales como Car­so, Alfa, Grupo México, Cemex, entre otros, apostando a la diversificación (industria, finanzas, comercio, telecomunica­ciones), participando de las exportaciones, trascendiendo las fronteras con inversiones o asociándose con las grandes tras­nacionales imperialistas.

Las consecuencias de la subordinación a los Estados Unidos se hicieron evidentes en la reforma energética y educativa, así como en la precarización laboral –base de la expansión exportadora–, en la militarización y la llamada narcoguerra fundamentada en la guerra contra las drogas impulsada desde Washington.

En estos años, la solidez del régimen político hundió sus raí­ces en la “integración” a los Estados Unidos, en el apoyo de la gran burguesía nativa e imperialista, en un ciclo de consumo que benefició especialmente a capas medias y altas, y en la contención de la protesta obrera y popular mediante el accio­nar de la burocracia sindical.

Las consecuencias de la degradación del capitalismo mexi­cano se acumularon en el hartazgo social, particularmente, entre la juventud y sectores de trabajadores con mayor tradi­ción de lucha y organización. La emergencia del movimiento #yosoy132 y la resistencia magisterial a partir de 2013 fueron adelantos de lo que vendría.

Las movilizaciones de cientos de miles de personas por Ayot­zinapa, con el grito de “Fue el Estado” y el repudio a los par­tidos del Pacto por México abrieron una brecha que no pudo cerrar el gobierno priista, cuya popularidad se hundió. La progresiva caída del PRI, PAN y PRD fue un termómetro que indicó la crisis de representación burguesa. [3] La portada de la revista Time, de febrero de 2014, con una imagen de Peña y la leyenda “Saving México” quedó en el pasado y marcó el con­traste y la profundidad de la crisis.

Con la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos a fines del 2016, vino el segundo capítulo de la crisis. Fue puesto en cuestión el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), bandera de Peña Nieto y los gobiernos previos, y cimiento sobre el que se erigió un sólido régimen político.

Desde el 2014 se abrieron fuertes tendencias a una crisis or­gánica. La misma combinó una crisis de hegemonía y la puesta en cuestión de la “gran empresa” neoliberal de la burguesía mexicana, lo cual recorrió todos los niveles de la sociedad. En el movimiento de masas, llevó a una creciente politización en la juventud y sectores de la clase trabajadora; señaló un cam­bio en las formas de pensar tradicionales, cuya mayor eviden­cia fue el quiebre con los partidos del Pacto por México.

La pasivización del descontento

Después de las movilizaciones por Ayotzinapa, así como las que se dieron contra el aumento de la gasolina, aunado a las lu­chas del magisterio y otros sectores de trabajadores, asistimos a un proceso de pasivización del descontento. Éste ya no se expresó de forma extendida en las calles, aunque se mantuvo presente y emergió en puntuales procesos de protesta obrera y popular, dentro de los que destacan episodios de resistencia en el proletariado industrial. [4]

Esta contención tiene sus raíces en el accionar de las direc­ciones sindicales y políticas del movimiento de masas. Pri­mero, evitando la confluencia y generalización de la protesta obrera y popular; luego, apoyando abiertamente la candidatura de López Obrador o llamando a votar contra los partidos del Pacto por México [5], lo cual favoreció una nueva alternancia electoral.

Como resultado, en la medida que se acercaba el 1 de julio, primó la ilusión en amplios sectores de la población que, por la vía electoral y en particular mediante la llegada de AMLO a la presidencia, se lograrían los cambios deseados.

La pasivización del descontento estuvo acompañada de la expropiación de las demandas populares que fueron enarbo­ladas por la movilización en las calles los años previos. Cre­ció la idea de que es “desde arriba” que pueden lograrse las aspiraciones de cambio mediante la acción gubernamental de MORENA. Las declaraciones sobre la cancelación de aspectos de la reforma educativa y de la revisión de los contratos de concesión petrolera, los anuncios de medidas paliativas ante la pobreza o el desempleo juvenil e, incluso, la reducción salarial para los altos funcionarios, apuntan en ese sentido.

Sin embargo, como se desarrolla más adelante, las mismas no serán resueltas por el nuevo gobierno –o a lo sumo lo se­rán parcialmente–, ya que implican confrontar los intereses del empresariado y las trasnacionales.
Si el ascenso del MORENA expresó la capitalización política del riesgoso hastío con los viejos partidos, también representa la “llave” para el intento de recomponer las instituciones del régimen y la alicaída hegemonía burguesa.

MORENA en el gobierno: interrogantes y certezas

No son pocos los intelectuales y analistas que hablan de “un cambio de régimen”. El resultado de la elección es, más bien, el colapso del orden de partidos que sustentó la “transición de­mocrática”. Desde el 2000, el régimen se basó en la alternancia presidencial del PRI y el PAN; el control compartido de las cámaras y los gobiernos estatales garantizaron la aplicación de la agenda neoliberal. El PRD fungió como contención del descontento a través de su influencia en los sindicatos antigu­bernamentales y el movimiento popular. Esta estructura colap­só el 1 de julio, inclusive, abre la posibilidad de mayor crisis interna en los partidos mencionados.

La caída del PRI tiene alcances históricos. El tricolor expresó el ala burguesa triunfante en la Revolución de 1910/17 y fue el pilar de la dominación capitalista por décadas. Desde su surgi­miento orquestó la contención del movimiento obrero, a través de la burocracia sindical, que cumplió funciones “policíacas” en las organizaciones obreras. [6]

Esta crisis abre posibilidades de debilitamiento de la autoridad del aparato “charro”, y que sectores obreros adquieran mayor confianza en ellos mismos, al resquebrajarse el apoyo presiden­cial y del PRI en crisis. Los últimos años fueron ricos en pro­cesos moleculares en la industria, en muchos de los cuales se enlazó la lucha por salarios y contra los despidos, con la exigen­cia del derecho a la organización democrática, en oposición al sindicalismo blanco o cetemista. Estos pueden ser antecedentes de cambios importantes en el movimiento obrero.

Lo que vendrá desde el 1 de diciembre es un gobierno for­talecido por un capital de 30 millones de votos y el control hegemónico del Congreso, a través de la coalición con los parlamentarios provenientes del Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo. Toda una novedad: el MORENA es la pri­mera formación política, en tanto que el PAN aparece como la principal oposición institucional junto al muy disminuido PRI y a un PRD en un franco camino de disgregación.

Sin embargo, ni AMLO ni el establishment desean que se profundice la crisis de estos partidos, mucho menos su desa­parición, ya que tienen un rol que cumplir, para reordenar la gobernabilidad burguesa. A la par, MORENA requiere avanzar sobre instituciones claves, como la UNAM, sea vía acuerdos con la burocracia proveniente del priismo, o mediante sus pro­pios cuadros.

Aunque cosechó un formidable respaldo electoral, el nuevo partido de gobierno deberá construir una estructura propia –como pretende hacer en el movimiento de mujeres y la juven­tud– y establecer lazos orgánicos con el movimiento obrero y popular, basada en su subordinación al nuevo gobierno.

En eso será fundamental la relación que logre conquistar con las distintas alas de la burocracia sindical, desde los sectores opositores al priismo –como Agustín Rodríguez, del sindicato universitario, quien ya adelantó su respaldo– hasta el charris­mo tradicional. Se trata de una tarea compleja, tanto por el entramado de intereses de las cúpulas sindicales como por las amplias expectativas de cambio existentes entre las bases obre­ras que lo votaron.

Se abre una dinámica en la relación del gobierno con el mo­vimiento de masas que es inédita, por lo menos desde el carde­nismo. Eso es el resultado de que AMLO llegó a Los Pinos a partir de la pasivización del descontento. La confianza popular en el nuevo presidente descansa en que es visto como una al­ternativa a los partidos tradicionales. La fortaleza que pueda alcanzar se basará en que millones orientan sus esperanzas ha­cia la acción del gobierno y las instituciones “democratizadas”.

Una ilusión que pretende aprovecharse para lograr la recom­posición de la relación del régimen político con el movimiento de masas.
Allí está, también, la fuente de una potencial y explosiva ines­tabilidad. Más aún si consideramos los pasos que López Obra­dor dio desde el día mismo de la elección.

AMLO, Trump y el empresariado

Las acciones de AMLO desde el 1 de julio confirman cuál será el curso de su gobierno ante Estados Unidos, los empresa­rios y los demás partidos del régimen político.

Inherente a su anuncio de buscar “una relación de respeto” con Trump, AMLO profundizó su acercamiento a los grandes grupos patronales, como el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) y el magnate Carlos Slim Helú. Su estrategia requiere conquistar el apoyo o, cuando menos, la neutralidad de la gran burguesía nativa que –por ahora– no se ha dividido en torno al futuro gobierno.

El presidente electo (quien actúa como el gobernante de fac­to) buscó afianzar la relación con Peña Nieto y el excandidato oficialista José Antonio Meade. No es casual ni se trató de un gesto protocolario. El PRI es el partido garante de la estabili­dad desde la institucionalización de la Revolución Mexicana, con aceitados vínculos con el empresariado, y que conserva peso institucional.

Integrantes de su futuro gobierno dejaron claro que acciones clave del sexenio anterior no serán cuestionadas. AMLO ratificó que no se retrotraerán los contratos petroleros ni los compromi­sos con EE. UU. Se anunció la posible alza de la edad jubilato­ria, una medida que no tiene nada de “progresista”. Aunque está a discusión la continuidad y en qué términos de la reforma edu­cativa, nadie en el nuevo gobierno cuestiona el Nuevo Modelo Educativo, que golpea a la educación y a los maestros.

Por otra parte, el presidente electo no atendió en ningún mo­mento las exigencias de los ejidatarios de Atenco y anunció en cambio una “consulta” sobre el Nuevo Aeropuerto. En tanto que, frente a la emergencia de un masivo movimiento juvenil en la UNAM y otras universidades, apoyó abiertamente al rec­tor Enrique Graue y llamó a “no desestabilizar”, en una postura evidentemente opuesta a los reclamos de miles de jóvenes. Su principal interés es garantizar que la lucha estudiantil no se radicalice y afecte la transición política, así como dar un espal­darazo a Graue y al régimen universitario.

Ratificando su posición conservadora, López Obrador propu­so someter a consulta derechos democráticos ya reconocidos parcialmente en la CDMX, como la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Su aliado, el evangélico Partido Encuentro So­cial a quien AMLO le dio un formidable empuje, sostiene una agenda antiabortista y homofóbica.
Como era de esperarse, son gestos y medidas que confirman que López Obrador no pretende tocar las bases del capitalismo mexicano, retrotraer las políticas neoliberales de las adminis­traciones previas ni, mucho menos, alterar la gobernabilidad.

Esto se combinará con acciones que marquen cierta distancia de los anteriores gobiernos, como el combate contra la corrup­ción y la “honestidad y austeridad republicana”, a la par que anunció que privilegiará la inversión pública e infraestructura en distintas áreas, como educación y energía. Respecto de la posible implementación de medidas de asistencia social, pre­tende obtener los recursos a través de una reducción presu­puestal en determinadas áreas, como la baja de salarios a los altos funcionarios (aunque ya Morena retrocedió de los recor­tes anunciados en campaña); lo cual generó amplia simpatía por la extensión de la pobreza y la realidad de los salarios que son los más bajos de la región.

La futura secretaria de trabajo, Luisa Alcalde, anunció un programa de generación de empleos; sin embargo, hay que considerar que no pretende quebrar el modelo de precariza­ción laboral como se expresó en los acuerdos entre AMLO y el CEE en relación al mencionado programa de “aprendices”.

En el sensible terreno de la militarización y la guerra contra el narco, López Obrador pretende contener las amplias expec­tativas. La promesa de retirar al ejército se convirtió en la afir­mación de que “no se puede sacar de las calles a las fuerzas armadas” y que, ante la falta de una amenaza exterior, serán utilizadas internamente. En los hechos se mantiene entonces la militarización impulsada por Calderón y Peña. En tanto que los foros por la pacificación junto a representantes del régimen político y las ONG, pretenden “resolver” el problema con me­didas como una amnistía popular. Con esto, pide olvidar a los victimarios –lo cual está generando descontento en sectores del movimiento de víctimas–, pero sin tocar duda la militariza­ción y la subordinación a la “guerra contra las drogas” exigida desde Washington.

El margen económico y político que AMLO tenga para lle­var a cabo alguna de estas medidas –en particular aquellas que involucren mayor inversión pública– estará signado por el contexto financiero internacional, el bajo crecimiento de la economía mundial y sus consecuencias en el país, y la actual renegociación del TLC. También por el curso de la relación con Trump, una verdadera fuente de inestabilidad, cuya ad­ministración está cruzada por sus propias necesidades domés­ticas y mantiene el apoyo de su base social en las próximas elecciones intermedias.

Resultan condiciones más restringidas de las que tuvieron los gobiernos posneoliberales latinoamericanos en la pasada déca­da quienes se beneficiaron de un ciclo ascendente de materias primas para otorgar determinadas concesiones, mientras pre­servaban las bases de los respectivos capitalismos.

El cambio de gobierno en México está enmarcado en la agre­sividad imperialista hacia la región y, en particular, sobre su patio trasero que incluye desde las exigencias estadounidenses en torno al TLC y las políticas antimigrantes hasta la injeren­cia en países como Nicaragua, así como en las tendencias aún no definidas en el continente, cruzadas por el ascenso de la derecha en Colombia o la crisis de los gobiernos derechistas de Macri y Temer en Argentina y Brasil, respectivamente.

El fantasma de la inestabilidad

El curso inmediato que asumió AMLO plantea el peligro, resaltado por distintos analistas, de un distanciamiento del “mandato de cambio que recibió de los ciudadanos”. [7] La in­tencionalidad de sus pasos desde el 1 de julio es clara: despejar el camino para lograr una gobernabilidad aceptable.

Pero, lo que parece sencillo no es, necesariamente, fácil. AMLO deberá responder a las amplias expectativas generadas, lo cual contrasta con el carácter moderado de su programa. Dicho de otra manera, se trata de una fuente potencial de ines­tabilidad política y social.

En este punto, es fundamental considerar que los grandes problemas estructurales del país son el resultado del someti­miento a los Estados Unidos. La precarización laboral, el sa­queo de los recursos naturales o la “narcoguerra” y la milita­rización, junto a la barbarie de los feminicidios, son el fruto amargo de la subordinación política, militar y diplomática a los dictados de la Casa Blanca y de encontrarse “tan cerca” de la principal potencia del planeta.

Es imposible resolver los problemas que están en la base del hartazgo popular y responder a las expectativas sin enfrentar esta dominación imperialista. Incluso su propuesta de acabar con la corrupción chocará con la podredumbre de un régimen al servicio de los grandes empresarios y las transnacionales como Odebrecht, con férreos vínculos entre la llamada clase política y el narco, y con el cual AMLO, evidentemente, no se propone acabar.

En ese escenario, la renegociación del TLCAN –que está por verse si es bilateral o trilateral, e incluso los aspectos más con­troversiales pueden no concretarse en lo inmediato– y las con­secuencias que pueda tener sobre la economía del país, es un factor a considerar. Aunque un acuerdo final será presentado por López Obrador como una prueba superada, implicará ce­der a las exigencias de Trump. Aún está abierto cómo el resul­tado de la negociación puede afectar las exportaciones mexicanas y la integración productiva y comercial de ambos países.

De tener un impacto negativo, en el contexto de los posi­bles vaivenes de la economía internacional, puede tener con­secuencias sociales y políticas en un México dividido, estruc­turalmente, entre un sur con mayor peso rural y las regiones industrializadas del norte y el centro que dependen del TLC.
No podemos agotar aquí el conjunto de las contradicciones a las que puede enfrentarse el nuevo gobierno, pero la rela­ción con los cárteles del narco y los sectores del estado aso­ciados a aquellos será, sin duda, otra fuente de inestabilidad. También puede generar descontento en su base social la im­posición de determinadas medidas y la afectación de sectores de trabajadores –como el caso de las proyectadas descentra­lización de las secretarías de Estado– por parte de una figura presidencial acostumbrada a actuar de forma caudillística y bonapartista.

En las coordenadas del periodo que se abre, están las expec­tativas de amplios sectores obreros y populares que protago­nizaron, previamente, distintos episodios de protesta y movili­zación social. La caída electoral del PRI, sentida por aquellos como un triunfo, puede alentar la movilización para echar abajo políticas claves del gobierno anterior –como la reforma educativa–, defender y ampliar los mancillados derechos de­mocráticos y laborales. El ejemplo más reciente de esto es el movimiento estudiantil que surgió desde inicios de septiembre, exigiendo la democratización de la universidad y manifestán­dose contra la rectoría y los grupos porriles.

En esta sintonía, cabe preguntarse, ¿el proletariado indus­trial localizado en concentraciones estratégicas, despertará y enfrentará el control charril? Lejos de una utopía, es un esce­nario alentado por la crisis del PRI y las resistencias previas. ¿Cuánto demorará el magisterio, vanguardia de la protesta en los años previos, en movilizarse para exigir la abrogación sin condiciones de la reforma educativa, ante el olvido de las promesas por parte de AMLO y su cercanía con la burócrata Esther Gordillo?

Frente a nuevos episodios de la llamada narcoguerra y la po­lítica de López Obrador de mantener al ejército en las calles, ¿cuánto tardará en reaparecer el movimiento democrático en las calles, exigiendo que se haga real la desmilitarización del país? Megaproyectos anunciados por el nuevo gobierno -como el “Tren maya”- pueden generar también oposición activa en­tre los pueblos indígenas.

Está planteado que el limitado programa de MORENA, con su política de recomposición de las instituciones del régimen político y su negativa a afrontar la resolución de los problemas estructurales que marcan la vida del pueblo trabajador, choque –más temprano que tarde– con las aspiraciones que recorren el México profundo.

En esa dinámica de los acontecimientos será muy importante la actuación de las direcciones burocráticas del movimiento de masas, así como la capacidad que tengan para imponer la subordinación al nuevo gobierno.

Por eso se actualiza la necesidad histórica que sostiene el marxismo revolucionario. La construcción de una gran organi­zación socialista, antiimperialista y revolucionaria, que partici­pe de las luchas obreras, populares y democráticas y se postule como una alternativa ante los sectores de la clase trabajadora y la juventud combativa, quienes iniciarán una experiencia con el MORENA y su programa.

La bandera de la independencia de clase respecto a los parti­dos y el nuevo gobierno es fundamental para enfrentar conse­cuentemente los planes de los empresarios y el imperialismo.