Otra vez se agita la histeria social securitaria, esa que los medios excitan cada vez que sucede un hecho con consecuencias trágicas que involucra a un niño o un adolescente. No cualquier hecho.
Miércoles 14 de junio de 2017
La muerte evitable, la semana pasada, de cuatro niñas quemadas por el fuego de la exclusión no mereció ninguna marcha pidiendo “seguridad”. No. Los medios no consideraron como “negocio” acercarse a la humilde casilla de Villa Diamante en el sur bonaerense, convertida en la trampa mortal para unas pequeñas vidas de apenas dos, cinco y siete años. No. En la aristocrática mesa de Mirtha nadie lloró su congoja por estas muertes. En los debates de la TV nadie gritó sus nombres y reclamó medidas urgentes. No.
Los políticos demagogos, siempre dispuestos a endurecer el Código Penal, no enviaron ningún proyecto al parlamento para, por ejemplo, obligar a las empresas privadas de energía a proveer un servicio básico gratuito a las familias con niños y sin ningún otro recurso. No. La lógica de la ganancia de los capitalistas se impone sobre nuestras vidas y las de nuestros hermanos de clase.
La turba fascista que viene por los niños y las niñas pobres no se interesa por fundamentar con datos y estudios científicos sus propuestas de mano dura. Eso no hace falta. Hay que construir el mito y profundizar la ignorancia voluntaria como parte de su estrategia para instalar un discurso punitivo sobre un sujeto social peligroso al que se llama a exterminar.
Ahora vuelven a agitar su reaccionaria idea de bajar la edad de punibilidad de niños y niñas. Otra vez se escuchan sus aullidos de lobos sedientos de sangre joven, de sangre pobre y joven. No tienen otra propuesta sino la represión. Criminalizar la pobreza. Las cárceles están llenas de pobres y la mayoría no tiene condena firme, se sabe y todos los informes lo certifican.
Asimismo nada importa que los asesinatos que se cometen en el país a manos de menores de 16 años sean irrelevantes por su cantidad, ni que los niños y niñas presos en más del 60% de los casos estén acusados de delitos contra la propiedad y no hayan causado daños a personas.
El mito de la inimputabilidad
Con las leyes vigentes de la dictadura y las reformas de la “democracia” los niños menores de 16 años, acusados de cometer un delito contra su código penal, quedan a disposición de un juez, que puede disponer de su “custodia”. Los mayores de 16 años que entran al “sistema penal” son recluidos en los distintos dispositivos “socioeducativos” para “su protección” y pueden terminar igual que Germán Medina, que a los 16 años fue enviado al instituto Rocca para su “cuidado” y apareció ahorcado en 2007 en una celda de castigo donde lo tenían encerrado.
Hay cientos de casos más para citar como tristes ejemplos de las consecuencias sufridas por los jóvenes en estos lugares de encierro y que, como lo denuncian los propios trabajadores de la Dirección Nacional de Adolescentes Infractores a la Ley Penal cada vez que algo sucede muros adentro, no reúnen las condiciones mínimas para garantizar un efectivo respeto por las vidas de los que están privados de su libertad.
El Estado mata
Por otro lado, con más de 300 jóvenes de menos de 25 años muertos al año a manos de las fuerzas represivas no podemos hablar de otra cosa más que de una política de ejecución sumaria sin juicio previo. El Estado aplica la pena capital de hecho. Caracterizar esta política de exterminio por goteo como “gatillo fácil” ya no alcanza. Se trata de una política institucional ilegal que instrumentan las fuerzas legales y todo este agite de los medios va en el sentido de legitimar el asesinato de los “pibes chorros”, a manos de las policías u otras fuerzas o a manos de los “justicieros” que matan “en defensa propia”.
Como ya se ha comprobado, las medidas de endurecimiento punitivo no producirán ninguna baja en los índices de “delito”, sino un recrudecimiento del accionar policial, la completa militarización de los barrios y la policialización de la vida que apunta a construir “una sociedad que se patrulle a sí misma” (tomando un término de Guillermo O’Donnell utilizado en otro contexto).
Los límites del progresismo estéril
Las políticas punitivas no son la solución a un problema que merece otro tipo de análisis y otra salida. Tampoco sirven las ideas bien intencionadas de sectores progresistas que claman por un nuevo sistema penal juvenil, pero que, bajo el manto del “abordaje multidisciplinario” y la “perspectiva de derechos” esconde su verdadera incapacidad para impugnar radicalmente un sistema en descomposición que, por su propia naturaleza, seguirá condenando a miles de hijos de los trabajadores al encierro, las redes narco o a la muerte a manos de las policías.
