El Gobierno de Kicillof, con el auxilio del Gobierno nacional, finalmente cedió a la extorsión y el chantaje de la policía bonaerense, que durante tres días se amotinó y rodeo la casa del gobernador y la Quinta de Olivos, con un claro mensaje amenazante.
Jueves 10 de septiembre de 2020 18:40
Foto: Gustavo Gavotti
Plata para salud, educación, vivienda y salarios. No para la represión
Sentado junto al Ministro de Seguridad, Sergio Berni, y con la presencia de intendentes y diputados del oficialismo, Axel Kicillof anunció un aumento salarial a la policía bonaerense que presentó como una “respuesta histórica”, junto a otros beneficios como hospitales y demás recursos para las fuerzas represivas.
Pero al mismo tiempo, dejaba claro que no correrán la misma suerte los salarios de trabajadores y trabajadoras de la Provincia, médicos, enfermeros, estatales, auxiliares, docentes y judiciales deberán seguir siendo pobres. Ya que este año vieron congeladas sus paritarias con el argumento de que la Provincia “está en rojo” y sólo hubo un miserable aumento por decreto en abril de 4 mil pesos, de los cuales 2 mil son a cuenta de la paritaria 2020.
Las fuerzas policiales recibieron el anuncio movilizadas en distintos puntos de la provincia, como Puente 12, costoso a la memoria popular, por haber sido un centro clandestino de detención, y frente a la misma Casa de Gobierno. Pese al anuncio de un aumento que lleva el salario de bolsillo a 44 mil pesos, que sumado al plus por uniforme establece el salario de ingreso en 49 mil y el aumento del 300% del valor de las horas CORES, insistieron en garantías de que no habrá sumarios o sanciones contra los movilizados. Porque la policía no solo se movilizó, con armas en mano, por salarios, sino que entre sus reclamos también piden impunidad.
Desde el inicio de la cuarentena, fue clave el empoderamiento que el gobierno nacional y provincial le dio a las fuerzas represivas para el control de las calles durante el Aislamiento Obligatorio. Esto tuvo como consecuencia la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro y 92 casos de asesinatos por gatillo fácil. Ahora, el anuncio del gobierno sólo significa más poder e impunidad, para una fuerza que se prepara para reprimir las protestas de trabajadoras y trabajadores, de miles de familias que no tienen vivienda y ocupan tierras, y los reclamos de los sectores populares.
¿Y los gremios?
Lamentablemente los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires se sumaron en un comunicado conjunto, al discurso del gobierno nacional y de amplios sectores de la oposición de derecha que sostienen que el reclamo de la policía es legítimo, solamente cuestionan el método.
No solo los tradicionales gremios de las dos CTA que siempre han defendido la sindicalización de las fuerzas represivas, sino que firman esta declaración incluso gremios como la CICOP, que vienen con una política combativa y está su conducción integrada por referentes de partidos de la izquierda como el MST e IS.
Las organizaciones de trabajadores tenemos que ser claros. No son trabajadores, la policía es la institución del Estado encargada de proteger, a fuerza de represión y persecución, los intereses de las clases dominantes. Por eso, todos los gobiernos avalan y sostienen una fuerza que está directamente implicada en los grandes negocios delictivos como la trata, el narcotráfico y los desarmaderos de autos.
No son trabajadores pidiendo salarios. Son fuerzas represivas que buscan impunidad. Si ellos ganan, los trabajadores que reclamen por sus salarios, los jóvenes humildes de los barrios, las familias que reclaman por vivienda digna, vamos a ser quienes suframos en carne propia el fortalecimiento de su poder represivo.
Invertir las prioridades
En este comunicado, firmado por todos los gremios provinciales que son parte de las dos CTA´s y algunos Gremios de Sector, nucleados en la CGT, sostiene que para avanzar en la recomposición de los salarios de los trabajadores estatales, se debe avanzar en recuperar los puntos de coparticipación que corresponden a la provincia de Buenos Aires.
Desde el Movimiento de Agrupaciones Clasistas criticamos esta propuesta histórica de la CTA. La coparticipación es un reparto fiscal que los distintos gobiernos modifican en cada gestión por decreto y en forma arbitraria, favoreciendo o perjudicando a las provincias gobernadas por su mismo signo político, a pesar de las necesidades reales del pueblo trabajador de cada lugar. Además está basado en un sistema de recaudación fiscal, donde el mayor peso recae sobre los trabajadores y sectores populares, mientras las grandes fortunas son evasores seriales.
Los trabajadores tenemos que plantear una solución independiente de las internas entre el Gobierno y la oposición mayoritaria, que parta del no pago de la deuda a los especuladores y de afectar los intereses de los grandes empresarios, bancos y terratenientes, para conseguir los recursos necesarios para dar respuesta a la crisis del sistema sanitario, al borde del colapso, a los salarios de pobreza y a la emergencia habitacional.
Nada de esto se ha hecho en nueve meses de gobierno. La centralización del sistema de salud, la expropiación de Vicentin, la investigación de una deuda fraudulenta quedó en meros anuncios que el gobierno rápidamente abandonó cada vez que sectores de la derecha ganaron las calles.
La CTA tiene que abandonar la parálisis que tienen hace cinco meses, a pesar de que con la pandemia avanzó la precarización de nuestras condiciones de trabajo, la degradación del salario, la inflación y la crisis económica y social.
Los trabajadores de la provincia tenemos que organizar desde ahora y coordinar la fuerza de todos los trabajadores de la provincia para ir por todas nuestras demandas, junto a la lucha por justicia por Facundo, así como para rodear de solidaridad a quienes pelean en plena pandemia por el derecho elemental a la vivienda.
Esta pelea expresaremos en las calles el próximo 17 de Septiembre junto al Plenario de Sindicalismo Combativo.
