Ya se confirmaron casos en Devoto, Bariloche, Olmos y Campana, entre otros. En varias provincias se presentaron hábeas corpus ante la gravísima situación de las personas detenidas. Pero se dilatan los pedidos de prisión domiciliaria, ordenados por la Cámara Federal de Casación.
Viernes 17 de abril de 2020 23:03
En distintas provincias se presentaron hábeas corpus ante la gravísima situación de las personas detenidas en las distintas unidades carcelarias del país.
En el servicio penitenciario bonaerense se confirmaron casos positivos de COVID-19. También una agente de la Unidad 22 de Olmos en La Plata; el caso de un suboficial de la cárcel de Campana, que se se suman a los cuatro casos positivos de médicos y enfermeros del penal de Devoto donde hay hasta ahora 15 casos que están siendo analizados, y donde solo se tomaron medidas con respecto a los trabajadores que estuvieron en contacto. En el Penal de Bariloche dió positivo el resultado de una agente penitenciaria.
Mientras se dilatan los pedidos de prisión domiciliaria o medidas alternativas para el cumplimiento de las penas, para las personas detenidas que forman parte de los grupos de riesgo, que la Cámara Federal de Casación sugirió a los jueces de todos los tribunales inferiores del país.
La pandemia por COVID_19 deja al desnudo, entre otras cosas, la terrible situación que padecen miles de personas presas en distintos lugares de encierro en todo el país. Tan grave es la situación que apenas comenzó el mes de abril, la Cámara Federal de Casación ordenó a todos los tribunales inferiores “evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo”.
El hacinamiento, las condiciones edilicias de los lugares de detención, la falta de atención médica y tratamientos, alimentos podridos o insuficientes, la falta de elementos básicos de higiene, son un combo explosivo ante la epidemia.
En las cárceles bonaerenses la superpoblación carcelaria supera el 120 % y las condiciones de hacinamiento en los lugares de detención son inhumanas. En las diferentes penitenciarías bonaerenses se encuentran alojadas más de 45.500 personas, pero la capacidad es para 22.000.
Actualmente en las cárceles federales permanecen privadas de su libertad 14.148 personas, cuando la capacidad total del sistema es de 12.235 plazas. En los cuatro años de macrismo se incrementó en un 50 % la cantidad de detenidos.
La mayoría de los detenidos son inocentes, ya que como establece nuestra legislación solo se consideran culpables una vez condenados, pero más del 50% lo están con prisión preventiva y por delitos menores contra la propiedad.
La prisión preventiva que debería ser una herramienta excepcional, en la práctica se usa frecuentemente contra los sectores más pobres y es dictada con suma rapidez, antes de conocer si le son atribuibles los delitos que les imputan.
Habeas corpus para no morir por coronavirus
En distintas provincias fueron presentados recursos para que aquellas personas detenidas que constituyen los grupos de riesgo puedan obtener la prisión domiciliaria o sean derivados a lugares con las condiciones necesarias para preservar su salud.
Este medio tuvo acceso a un hábeas corpus colectivo y correctivo presentado ante un caso positivo de COVID_19 dentro del Penal de Bariloche. En diálogo con La Izquierda Diario, el abogado Rubén Marigo, referente de la APDH Bariloche explicó que en la presentación solicitaron "que se apliquen los protocolos sanitarios que dispongan los Organismos de aplicación Nacionales y provinciales en relación a la Pandemia de Covid-19, así como los estándares internacionales conforme lo indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT), adoptando a ese efecto las medidas necesarias y suficientes para prevenir el contagio, tanto de los internos como de lxs familiares de quienes se encuentran privadas de libertad".
En el escrito se alerta sobre el peligro que implica para la salud de las personas allí alojadas y se señala: "El mismo director del penal José Ibarra, envió el 20 de agosto de 2019 un radiograma a la Oficina Judicial de Bariloche, la fiscalía de turno, al juzgado de ejecución penal y a todas las unidades policiales informando que noVolver a línea automática recepcionarán más detenidos “por no contar con espacio físico para alojarlos”
A última hora del viernes el pedido no había obtenido una respuesta favorable, y según explicó el abogado Marigo, el juez ante el que presentaron el hábeas corpus se declaró incompetente, y lo derivó a la jueza de ejecución penal Dra. Sandra Ragusa.
Esta jueza ya en octubre de 2019 declaró en un medio de la ciudad de Bariloche que la unidad penitenciaria estaba colapsada, agravando el hacinamiento que soportan a diario los internos .
En la provincia de Buenos Aires fue presentado un hábeas corpus colectivo por los defensores oficiales de los 19 distritos, con un pedido para que se otorguen excarcelaciones o prisiones domiciliarias a unos dos mil presos que están en las cárceles provinciales. Finalmente la Cámara de Casación bonaerense hizo lugar y ordenó que 2300 presos cumplan sus penas en sus domicilios.
Mientras más de 200 hábeas corpus fueron presentados por las personas detenidas en la cárcel de Devoto.
Además del hacinamiento llegó a este diario la denuncia de un detenido en este penal. Ariel Yordano, padece de leucemia mieloide crónica, antes del inicio de la emergencia sanitaria, Yordano se atendía en el servicio de hematología del Hospital Ramos Mejía, pero con motivo de la epidemia de coronavirus COVID-19 y la emergencia sanitaria que atraviesa el país, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) suspendió todos los traslados. Esto incluye los traslados a hospitales extramuros, como lo es el Ramos Mejía.
Ninguna unidad o complejo del SPF cuenta con un servicio de hematología o de oncología. A pesar de que expertos médicos han dicho que las personas con cáncer están entre aquellas con mayor riesgo de enfermedades graves por una infección debido a que sus sistemas inmunitarios a menudo están debilitados y sin los tratamientos, fue rechazado el pedido de prisión domiciliaria.
En Santa Fe, las cárceles tienen 5758 plazas pero la población carcelaria es de 6667 presos. A comienzos de abril la Defensoría Pública presentó 133 habeas corpus en favor de internos en riesgo. Al comienzo de la pandemia en distintos lugares de detención de la provincia hubieron reclamos de los internos, que terminaron con cinco detenidos muertos.
En Córdoba, abogados del fuero local junto a organizaciones sociales y de la economía popular presentaron un Habeas Corpus correctivo ante las condiciones de hacinamiento y precariedad en que se encuentra la población privada de la libertad.
En Entre Río el juez federal Leandro Ríos rechazó el pedido de habeas corpus de 66 internos del pabellón N° 11 de la Unidad Penal N° 1 de Paraná, por el cual solicitaban que se les otorgara prisión domiciliaria, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
En Mendoza el juez Sebastián Sarmiento, del Juzgado penal Colegiado Nº1, ordenó al Servicio Penitenciario de Mendoza seguir una serie de disposiciones para asegurar el bienestar de los internos frente al contexto que enfrenta el país y la provincia por la circulación de la enfermedad. Entre las mismas, insistió en otorgar lo antes posible la prisión domiciliaria a los presos que se encuentren en los grupos de riesgo, es decir, mayores de 65 años o que padezcan ciertas padecimientos médicos.
En Misiones, la jueza correccional y de menores Marcela Leiva rechazó el recurso de hábeas corpus presentado por abogados integrantes del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género que, ante la situación de pandemia mundial por el coronavirus y las denunciadas malas condiciones de alojamiento carcelario, instaba a que se tomen urgentes medidas alternativas al encierro, entre ellas, se revean las prisiones preventivas y se agilicen los arrestos domiciliarios. Esta medida de protección fue presentada y enmarcados sus fundamentos en la emergencia sanitaria y epidemiológica por dengue y coronavirus en Misiones.
En Salta el Defensor General de la Provincia, Pedro García Castiella, presentó dos habeas corpus solicitando la prisión domiciliaria para personas que se encuentran privadas de su libertad y que conforman grupos de riesgo ante el peligro de contagio de coronavirus. Una de las presentaciones es por internos e internas que están en la Alcaidía General de la Provincia. El otro pedido es por las mujeres alojadas en la Unidad Carcelaria N° 4.
La mayoría de los recursos no fueron respondidos o aceptados. Que se dilaten los pedidos de medidas alternativas de detención, cuando los penales son potenciales focos de infección, es directamente abandonar a las personas detenidas y someterlas al riesgo inminente de contagio.
La gravedad de la situación es tal que los propios presos les pidieron a sus familiares desde antes del 20 de marzo que no vayan a visitarlos, para protegerlos del contagio. Un gesto noble que desnuda una vez más la crueldad y el peligro de encierro.
De no tomarse medias urgentes para garantizar la salud de las personas detenidas ante la pandemia, estamos en las puertas de un crimen social.
