El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) plantea como parte de su agenda legislativa la desaparición del cuerpo de granaderos, derogación de leyes que criminalicen y restrinjan la protesta social, además de imponer penas a funcionarios y policías que cometan actos de represión.
Domingo 6 de septiembre de 2015
Foto: Agencia Reuters
Para muchos es sorprendente que el partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO) proponga estas reformas. Desde el Movimiento de los Trabajadores Socialistas queremos debatir el método para imponer esta histórica demanda, levantada por los movimientos sociales desde 1968.
El movimiento de 1968, en su pliego de demandas, enarbolaba la extinción del cuerpo de granaderos y la no creación de cuerpos semejantes, así como la derogación del artículo de "disolución social". Desde ese momento, la lucha por el derecho a la protesta social, contra la represión y la imputación de delitos, han sido demandas de diversos movimientos
En el Distrito Federal hemos sido, en los últimos años, víctimas constantes de la represión orquestada por el gobierno; a los presos políticos victimas de detenciones arbitrarias se les ha imputado el artículo 362 “ataques a la paz pública”. El art. 362 fue aprobado en 2002, cuando AMLO era el jefe de gobierno y el PRD, partido que representaba, era mayoría en la Asamblea Legislativa.
El artículo planteaba lo siguiente “se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación.” Este delito es similar al de disolución social aplicado por Díaz Ordaz contra el movimiento estudiantil en 1968 y se equipara al actual delito federal de terrorismo.
Estos delitos penales son creados a raíz de la llamada "guerra contra el terrorismo” iniciada por el ex presidente Felipe Calderón y en la práctica son utilizados para restringir las libertades democráticas y encarcelar a los luchadores sindicales, campesinos, estudiantiles y sociales. Desde 2012, este artículo ha sido imputado a los manifestantes.
Ahora, Morena plantea que en el DF eliminará este tipo de leyes, pero fue en primera instancia su dirigente AMLO el que permitió que este delito existiera y se utilizara en contra de los movimientos sociales. El movimiento en 2012 que luchaba por la libertad de los presos políticos exigía la inmediata derogación del art. 362, pero la Asamblea Legislativa del DF sólo redujo los años de las penas. Fue el movimiento en las calles logro evidenciar estas leyes criminalizadoras y utilizadas para acallar y encarcelar a los que luchan.
Desaparezcamos el cuerpo de granaderos y todos los cuerpos represivos
Nadie puede negar que, esta reforma de ley tiene rasgos progresivos en relación a la de los gobiernos panistas y priísta. Pero al no estar acompañada de la derogación de todo el andamiaje legal que sustenta la actuación de los cuerpos represivos (y la lucha contra la militarización del país), y la criminalización de la protesta en general, queda como una propuesta que sólo ataca uno de los aspectos de la justicia de los ricos que llenan las cárceles de luchadores sociales.
Emprender la lucha contra la represión y todas las formas en que el régimen la garantiza, implica enfrentarse a los intereses de los grandes capitalistas nacionales y al imperialismo estadounidense. Esto es algo que la dirigencia del Morena se ha negado a hacer, pues ha rechazado llamar a la movilización a sus bases contra la militarización, la presentación de los desaparecidos de Ayotzinapa (y los cientos de miles en el país estos últimos años); la desaparición de la Gendarmería Nacional; el castigo a los culpables de torturar, encarcelar y asesinar a los activistas sociales o de derechos humanos. O la derogación de los acuerdos del gobierno mexicano con el gobierno de los Estados Unidos y sus organismos de inteligencia como el FBI, la CIA y la DEA, por citar solo algunos.
Desde una perspectiva socialista, esta demanda no sólo debería ser solo para disolver al famoso cuerpo de granaderos, sino a todos los cuerpos represivos del Estado -incluyendo a la policía, las fuerzas armadas, la gendarmería y la policía federal-, que también son ocupadas para controlar el descontento y la movilización, que crece ante tanto autoritarismo, miseria y explotación.
En un país subordinado a las políticas de Estados Unidos, a través de la Iniciativa Mérida y con acuerdos en materia de seguridad, son estos cuerpos represivos los que han cometido violaciones a derechos humanos, nos encarcelan, reprimen, desaparecen, cometen tortura sexual y nos asesinan.
Las fuerzas represivas son el instrumento del Estado para defender los intereses de los grandes capitales, utilizándolos para cercenar libertades democráticas. Múltiples situaciones ejemplifican cómo se transforman en una fuerza especial permanente que ejerce el monopolio de la violencia contra los trabajadores y el pueblo pobre para poder imponer las reformas estructurales y dejar claro que en este país ser un luchador social y salir a protestar contra sus políticas es un delito.
Además de desaparecer el cuerpo de granaderos ¿qué sigue? Las funciones de represión son necesarias para mantener este sistema, la desaparición únicamente de los granaderos sólo haría que sus funciones pasaran a diversos cuerpos armados existentes, o se crearan organismos privados para poder proteger los intereses de los grandes empresarios o se integraran más orgánicamente a las filas del narcotráfico, pues en este país el Estado y el narco están asociados.
La disolución de los cuerpos represivos del Estado no puede garantizarse únicamente mediante una propuesta en la Asamblea Legislativa, ya que como mencionamos estos cuerpos responden a una serie de intereses económicos y políticos. Esta demanda sólo puede ser realizada materialmente por un gran movimiento en las calles que luche por terminar con el imperialismo y los grandes intereses de los empresarios. En esa lucha el Estado empleará la violencia para aplastar a los trabajadores y el pueblo pobre y para defenderse será necesario levantar milicias obreras y populares.
La defensa de los intereses de la mayoría pobre y trabajadora, víctima de este sistema, sólo podrán ser defendidos por estos mismos sectores democráticamente organizados poniendo en pie un gobierno obrero y campesino.
