OPINIÓN. ¿A qué fines sirvió la “transición política" del 2000?

La “transición política” acordada por la clase dominante no sólo no se abocó a resolver las tareas democráticas que esperaban las masas que votaron para echar al PRI de “Los Pinos”. Al contrario, con la integración del PRD al régimen –como su “pata izquierda”– la derecha tradicional avanzó, entre otras cosas, en aprobar las reaccionarias reformas estructurales con los partidos del Pacto por México. Y pese a algunos cambios cosméticos, se reforzaron los rasgos autoritarios y patronales de este sistema político.

En 1977, en el Estado Español, la “transición política” firmada por todos los partidos a la muerte de Franco, y en medio del ascenso obrero-popular, dio paso a un régimen que mostró su verdadero carácter antidemocrático con la brutal represión a las aspiraciones independentistas del pueblo catalán.

Hoy en México –a 18 años de la “transición democrática”, que tuvo un carácter más preventivo que en el Estado España– los patrones avanzaron sobre las conquistas de los trabajadores y la población en general, como lo muestra la reforma al artículo 27 que privatizó el ejido; la privatización de las empresas estatales como Telmex que hicieron multimillonario a Carlos Slim; la privatización de la seguridad social y el aumento a la edad jubilatoria; la privatización parcial del IMSS y el ISSSTE y la esclavista reforma laboral.

También se dejó intacto el reaccionario y burocrático aparato sindical que controla las organizaciones del movimiento obrero, y que permite al gobierno en turno mostrar un índice de “cero huelgas”. El aparato “charro” fue la base para la aplicación de la nefasta reforma laboral.

Y mucho menos se acabó con los privilegios de la millonaria casta política, que contrastan con los bajísimos salarios de los trabajadores. Eso, en medio de una gran descomposición social, corrupción estructural generalizada, crisis de representación de los partidos patronales, fuerte desprestigio de las instituciones, y una gran crisis del PRI que lo mantiene en el tercer lugar de las encuestas electorales.

Por eso, pese a la actual disputas electoral, hay unidad en la burguesía y sus partidos en mantener sus avances contra las masas. Buscan mantener la cada vez más degradada democracia de los ricos, como lo expresa la masacre y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la Ley de Seguridad Interior la militarización del país y la mayor subordinación del país al gobierno de los Estados Unidos.

Es una estrategia que busca impedir que el gran descontento existente se exprese y se radicalice por fuera de los marcos institucionales

Unas elecciones que buscan mantener el régimen hambreador

En el actual proceso electoral, al no existir ninguna alternativa de izquierda revolucionaria en el terreno de los candidatos presidenciales, es obvio que nadie busca echar abajo las contrarreformas que, desde los noventas, cambiaron radicalmente las condiciones de vida de los trabajadores del campo y la ciudad.
Y si la clase obrera y el movimiento popular no revertimos esta degradación, la tendencia es a una profundización de los rasgos bonapartista de este régimen podrido.

Las elecciones, si bien permiten expresar el descontento de la población a través del voto, el gobierno las utiliza para desviar el odio de las masas populares. Pero también permiten a la izquierda revolucionaria, plantear que otra forma de vida (sin explotados ni explotadores) es posible, tarea que puede iniciar un gobierno obrero y campesino. Sin embargo, la antidemocrática ley electoral impide que las organizaciones socialistas, o de izquierda como el EZLN, participen con registro en las elecciones.

Por ello es necesaria una serie de reivindicaciones que partan desde levantar consignas democrático radicales como Asamblea Constituyente –ante la movilización masiva en las calles cuando cuestiona al gobierno y/o al régimen–, disolución del Senado y la presidencia y que sean sustituidos por una asamblea única que combine los poderes legislativo y ejecutivo, etc., hasta la necesidad de crear una herramienta de los trabajadores para organizar y enfrentar a los capitalistas. Es decir, consignas democrático radicales que apunten a horadar la hegemonía burguesa, como parte de la lucha por la dictadura del proletariado. Esto junto a la formación de organismos autónomos e independientes de las masas que permitan organizar la lucha contra los capitalistas y el imperialismo.

En estas elecciones, Andrés Manuel López Obrador ha propuesto medidas que molestan a sectores empresariales –como construir el nuevo el aeropuerto en otro lugar, revisar con contratos de esa obra, la cancelación de las millonarias pensiones a los ex presidentes y consultas para determinar si se mantienen o revierten las llamadas reformas estructurales, entre otras más–. Sin embargo, no se propone revertir los efectos causados por tantos años de neoliberalismo; eso implicaría una política y un programa anticapitalistas.

La sola inclusión en su eventual gobierno en la Secretaría de Agricultura, si gana las elecciones, de Víctor Villalobos –el operador político de los grandes consorcios agroindustriales y promotor de los transgénicos–, muestra que tampoco AMLO piensa enfrentar al régimen nacido de la “transición democrática”.

Para el MTS, la idea de cambiar el régimen sólo puede tener un significado progresivo si busca echar abajo la “democracia para ricos”.

Por ello las aspirantes a candidatas a diputadas al Congreso de la CDMX en el distrito 32 de Coyoacán –las socialistas anticapitalistas del MTS, Sulem Estrada, maestra, y Miriam Hernández, trabajadora de la UNAM–convocan a marchar este Primero de Mayo contra la militarización de la frontera y las reformas estructurales.

Este Primero de Mayo saldremos a luchar por estas demandas, convocando a la más amplia unidad independiente para frenar esta barbarie capitalista.