Hoy se cumple un año del derrame de 22 mil litros de petróleo que contaminó la bahía de Quintero, Puchuncaví y hasta Zapallar. A la fecha, el gobierno ha implementado estériles programas de salud que no apuntan a terminar con el problema de fondo, produciéndose incluso nuevos derrames y varamientos de carbón. ¿Existirá otra alternativa?
Miércoles 7 de agosto de 2019
Llegó agosto, y al mismo tiempo, se cumple un año de aquel día en que una nube amarilla invadió a la ciudad de Quintero y a las comunas aledañas. Los primeros en aquel momento en notar este grave problema, fueron los estudiantes del Liceo Politécnico quienes comenzaron a sentir un sofocante olor a gas. Momentos posteriores, más de 50 niños debían ser atendidos de urgencia en el Hospital de la ciudad producto de los malestares.
Dos días después, la comunidad dio cuenta de la aparición de un polvillo amarillo, la llamada “nube amarilla” que contenía químicos tóxicos y que ese día terminó con 133 personas –entre infantes y adultos- afectados, debiendo ser atendidos de urgencia en el hospital tras presentar signos de intoxicación y síntomas neurológicos producto de la contaminación ambiental.
Así, la situación culminó en un estado de colapso del centro hospitalario, el cual no lograba dar abasto con la cantidad de demanda existente producto de la contaminación. Ante esta catástrofe, el gobierno se vio en la necesidad de instalar hospitales de campaña para poder prestar atención a la población afectada, así como también, empezó a realizar una serie de diligencias con el fin de buscar las eventuales responsabilidades de las empresas – las que con su mismo beneplácito- contaminan nuestra salud, pero que al día de hoy, en nada han contribuido para mejorar la situación de los cientos de afectados.
Zonas de sacrificio: ganancias empresariales a costa de la catástrofe medioambiental y de salud
Tanta es la sed empresarial, que a la comuna de Quintero se le denominó sin ningún tapujo “zona de sacrificio”, es decir: un sector donde las empresas tienen total libertad para hacer y deshacer con la naturaleza y el medioambiente, con restricciones normativas que son solo música a la hora de hablar del problema de fondo: un tipo de sistema energético en donde las empresas tienen mayor margen de libertad para poder contaminar en función de lograr maximizar sus ganancias.
Y es así, que tras investigaciones sobre la situación de catástrofe ambiental, el intendente de Valparaíso y la ministra de Medio Ambiente, sindicaron a ENAP como la responsable de la contaminación, señalando en su momento que las emisiones provenían de la planta, y que los compuestos detectados coincidan con algunos que se habrían usado para limpiar estanques. En dichas indagaciones, se pesquisó la presencia de tres componentes tóxicos en el aire; metolcloroformo, nitrobenceno, y tolueno, todos gases tóxicos que ponen en riesgo la salud de la población. Esto, no hizo más que evidenciar una política de impunidad para los responsables, quienes han podido seguir hasta el día de hoy destruyendo en total libertad la calidad de vida de sus habitantes.
Pero, no sólo son los empresarios quienes a un año han tenido responsabilidad respecto a la deliberada contaminación, también el Gobierno ha favorecido un escenario posible para que los grandes grupos económicos se continúen enriqueciendo. Reflejo de esto, fue la vergonzosa relación entre Piñera, la ministra de medio ambiente y el presidente de una de las termoeléctricas más grandes de la zona -Oxquim- Fernando Barros -abogado del presidente e histórico defensor legal de la familia Pinochet, además de haber sido socio durante 17 años del esposo de la ministra.
El descontento que estalló en las calles
Frente a este escenario, la población despertó las calles y comenzó a manifestarse con una primera acción en donde increparon a un alto ejecutivo de Codelco, denunciando las emanaciones químicas. Pero, no quedó ahí, esa primera acción fue la chispa que encendió la llama de la población para atreverse a manifestar todo el descontento, en donde comenzaron a sumarse diversos sectores a nivel local y nacional: estudiantes, mujeres, jóvenes, trabajadores, funcionarios de la salud, entre otros.
Lo anterior, fue toda una experiencia para las diversas zonas de sacrificio a nivel nacional, puesto que no sólo en la quinta región hay sectores viven los efectos de la contaminación medioambiental en la que incurren descaradamente los empresarios. Conocidos son los casos en El Huasco, Aysén, Freirina, Mejillones, Tocopilla, Calama, Antofagasta quienes también han desplegado en años anteriores masivas movilizaciones contra los efectos de la contaminación en la población, denunciando el rol de los grupos económicos de Luksic y Angelini, entre otros.
Una alternativa al negocio contaminante del sistema energético
Desde el inicio de esta crisis, como Partido de Trabajadores Revolucionarios hicimos el llamado urgentemente a poner freno de raíz a la contaminación producida por los empresarios. Para esto, señalamos que indudablemente hay que estar dispuesto a tocar las ganancias millonarias de quienes lucran con nuestros servicios básicos como la energía, ya que con todos sus desastres medioambientales solo han demostrado que sus ganancias les importan más que nuestras vidas.
Un claro ejemplo de ello, es la empresa AES Gener (quien se adjudicó el control de la generación de energía más contaminante en las 4 plantas de Ventana) que es controlada a su vez por AES Corporation, una multinacional norteamericana que posee ganancias anuales superiores a $US16.600 millones.
Es por todo esto, que proponemos realizar un cambio total en las prioridades, poniendo fin a las “Zonas de Sacrificio”, dejando que pasen a la historia como el Chernóbil producido por la clase empresarial. Por ello, planteamos la necesidad de cambiar el eje del sistema energético, pasando en definitiva a un nuevo sistema nacional de energía, donde se agrupe el conjunto de las actuales empresas energéticas y se discuta un método distinto que no dañe el medio ambiente ni la salud del pueblo trabajador, como lo es el sistema de energía solar que podría ser dispuesto en el amplio desierto chileno, donde el lucro deje de ser su objetivo pasando a entregar un sistema estatal, eficiente y de bajo costo.
Del mismo modo, opinamos que esta empresa nacional energética debe ser gestionada por sus trabajadores, en conjunto con los técnicos de las universidades públicas, acabando así con la destrucción ambiental que generan los empresarios, dando paso a una manufactura energética racional, que sea garantizada como derecho básico, compatible con la salud de las personas y el entorno natural.
Para lograr estos ambiciosos objetivos, resulta indispensable que los trabajadores estemos organizados y tomemos estas tareas desde nuestras organizaciones y sindicatos, ya que de un Gobierno que administra para los empresarios y un Congreso que le vota sus leyes, no podemos esperar absolutamente nada.
